El Ministerio de Ciencia y Universidades se está planteando modificar el sistema de acceso a la condición de profesor numerario -titular o catedrático- para permitir su contratación laboral, una vía alternativa al procedimiento actual de acreditación y oposición. Es cierto que el sistema vigente recibe críticas desde diversos sectores académicos, porque no termina de garantizar las condiciones de mérito y capacidad, ni de evitar los riesgos de endogamia. La solución no consiste en extremar estos defectos, como sucedería si sale adelante la propuesta del Ministerio. Además, el planteamiento de esta vía de acceso a la docencia se basa en una nueva transferencia de competencias a las Comunidades. La idea de la contratación laboral podría tener bases más sólidas si lo que se buscara es aumentar la calidad investigadora y someter al profesorado a una evaluación objetiva de su rendimiento. Pero este enfoque exige un procedimiento común para todo el territorio nacional y un cambio de mentalidad. Por el contrario, la idea de la contratación laboral parte de la experiencia en la universidad catalana, que ha servido para «catalanizar» sus claustros de profesores y crear un recinto casi infranqueable para docentes castellano hablantes de otras Comunidades. El Estado no tiene capacidad para desarrollar una política universitaria propia por efecto de las transferencias a las Comunidades. Sólo cuenta con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la UNED, muy meritorias ambas, pero insuficientes para permitir al Estado una oferta de enseñanza superior no condicionada por políticas locales. La existencia de cuerpos nacionales de catedráticos y titulares aseguraba una cierta vertebración de sistema universitario a nivel nacional. Abrir hueco para que las Comunidades Autónomas, ya competentes para autorizar nuevas universidades públicas y privadas, hagan catedráticos «a dedo» sería un nuevo golpe a la calidad de la enseñanza universitaria en España.
