Cita en el juzgado para que Francisco Correa abra la caja B del PP
El presunto responsable de una de las fuentes de dinero negro para el PP, Francisco Correa, tendrá este jueves la oportunidad de revelar algunos de los secretos que se resistieron a dos años de investigación, los que transcurrieron entre la publicación de los ‘papeles de Bárcenas’ y el cierre del caso de la caja B por Pablo Ruz, en marzo de 2015. El juez logró acreditar la financiación irregular del PP, pero en el banquillo no se sentará ningún responsable del partido por encima de Luis Bárcenas, ni ninguno de los empresarios cuyos nombres anotó el tesorero en los apuntes a mano que publicó El País.
La veintena de empresarios que llegaron a estar imputados escaparon del procesamiento porque no se pudo demostrar que sus donaciones irregulares al PP tuvieran por objeto la adjudicación de una obra concreta. Correa, sin embargo, explicó en el juicio de Gürtel que las donaciones en las que él participaba sí eran finalistas. "Reunía a un empresario que nos daba la licitación para ver si la obra podía ser para nosotros, yo se lo pasaba a Luis Bárcenas, que lo gestionaba con el correspondiente ministerio. Si el empresario conseguía la obra, yo pagaba la comisión del 2% o del 3% a Génova”, aseguró a preguntas de la fiscal Concepción Sabadell.
De paso, Correa apuntaba al corazón mismo del Gobierno de José María Aznar, del que formaba parte el actual líder el PP, Mariano Rajoy. El empresario habló de la adjudicación de gran obra pública, como carreteras o AVE, por parte de los ministerios de Fomento y Medio Ambiente y también de varias constructoras: ACS, Dragados y OHL. Los papeles de Bárcenas confirman las donaciones de dinero negro por parte de estas constructoras al Partido Popular. Las empresas lo negaron tras la declaración de Correa y anunciaron querellas contra el acusado.
Las fiscales del caso no insistieron en las revelaciones de Correa durante el juicio. El presunto cabecilla de la Gürtel había desaparecido en 2015 en plena negociación con Anticorrupción para pactar una confesión que terminó publicando eldiario.es y cuyos aspectos principales fueron repetidos en el juicio por Correa. El representante del Ministerio Público en la caja B, Antonio Romeral, ha decidido, sin embargo, apoyar la petición de reapertura del caso que solicitaron IU y Adade a raíz de las revelaciones del principal acusado de Gürtel durante la vista.
Oportunidad de retratarse
El empresario pretendió mostrarse colaborador durante el juicio para aliviar la petición de 125 años de cárcel que formula Anticorrupción. Los hechos que denunció, sin embargo, excedían los márgenes de la investigación de la conocida como Primera Época de Gürtel, objeto del juicio en la Audiencia Nacional. Será este jueves ante el juez De la Mata y el resto de las partes personadas donde tenga la oportunidad de aportar qué sabe de la financiación irregular del partido en el Gobierno.
Su defensa sopesa la conveniencia de que Correa declare en una nueva causa como imputado, a riesgo de echar por tierra el supuesto papel de colaborador con la justicia. El letrado Juan Carlos Navarro le ha recomendado que no lo haga, pero Francisco Correa ya ha demostrado en el pasado que es imprevisible. La decisión de declarar en el juicio de Gürtel fue a criterio exclusivamente suyo.
En el caso de que se decida a declarar enfrente tendrá a un grupo de abogados ávidos por entrar al fondo del asunto. Son los de las acusaciones populares que pidieron reabrir la causa, a los que hay que sumar la de Observatori Desc. Además, está la decisión del fiscal Romeral, dispuesto a aclarar varios extremos de la onfesión de Correa. Romeral fue criticado en el pasado por las acusaciones populares durante la instrucción por su actuación en las declaraciones y la negativa a secundar determinadas diligencias.
También resulta una incógnita cómo pesará en el ánimo de Correa el ingreso en prisión posterior a su confesión, consecuencia de la condena por el denominado 'caso Fitur'. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia acordó que él, Pablo Crespo y Álvaro Pérez entraran en prisión antes de que el Supremo se pronuncie sobre sus recursos. Si el Alto Tribunal no rebaja la condena a Correa por malversación, el acusado se enfrenta a pasar 18 años en la cárcel, con independencia de las condenas que se le impongan más adelante.