¿Qué es el caso Auditorio que acecha al presidente murciano?
El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, un pueblo de Murcia lindante con Almería, decidió en 2006 que quería su propio complejo cultural con un teatro auditorio, un palacio de congresos y unas escuelas de música y danza. En plena burbuja inmobiliaria, impulsó un proyecto de 10.0000 metros cuadrados para el disfrute de los 13.000 habitantes que tenía por esa época. Ahora, el que era su alcalde, Pedro Antonio Sánchez, está imputado por prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación.
"Con la construcción de este Teatro Auditorio, Puerto Lumbreras da respuesta a la carencia de un gran foro de encuentro ciudadano", decía Pedro Antonio Sánchez en agosto de 2009. El proyecto había comenzado tres años antes con un encargo al estudio de arquitectura de Martín Lejárraga, que lo definió como una infraestructura necesaria para la localidad. "Un enclave dotacional en un amplio territorio interprovincial", dice la memoria del proyecto.
El Ayuntamiento y Lejárraga no firmaron ningún papel. Se hizo un acuerdo verbal sin ningún tipo de soporte documental para la elaboración del anteproyecto, que luego se materializó en un concurso público dotado con 6 millones de euros. El coste de construir el complejo cultura se iba a afrontar con una subvención del gobierno regional, presidida entonces por Ramón Luis Valcárcel, que dio su apoyo al proyecto desde el principio.
El concurso lo ganó el estudio de arquitectura que había redactado el anteproyecto y la empresa Ecisa S.A. Su primera oferta superaba el precio de licitación, pero presentaron un nuevo cálculo de los costes que reducía el presupuesto hasta el importe exacto de la subvención. Aún así, estaba por encima del precio máximo establecido en el concurso.
Tras varias complicaciones –como un cambio de emplazamiento, del centro a las afueras–, el Ayuntamiento liquidó su deuda con las empresas en 2012, un año después de la fecha prevista para la finalización del proyecto. Las obras se dieron por terminadas, pero no habían concluido. De los tres edificios y la pérgola que los iba a conectar, faltaba por terminar uno de ellos, el del Auditorio, y un tramo de la pérgola: un 38% del total no se había construido.
El proyecto de Lejárraga, imputado en la causa, era un moderno auditorio recubierto de paneles de colores rojos y verdes, rodeado de zonas verdes. Hoy es un edificio de ladrillo, hormigón y acero frente a un descampado.
El problema no es solo en que no se terminasen las obras. El Ayuntamiento recibió primero una subvención para cubrir su coste y luego saldó la deuda echando mano del Plan de Pago a Proveedores de 2012. Pagó dos veces por lo mismo. La jueza que instruye el caso Auditorio abrió a finales del año pasado una pieza separada para investigar qué ha pasado con los 6 millones de euros de la subvención.
"Los fondos provenientes de la subvención de las obras del Auditorio, cambiaron de destino o aplicación, sin que conste en este sentido una resolución por la autoridad competente (…), desconociéndose cuales fueron esos usos", escribió la jueza en el auto para separar las actuaciones.
El PSOE de Puerto Lumbreras advirtió las irregularidades, las reunió en una denuncia y las llevó a la Fiscalía. Es una de esas 17 denuncias a las que se ha referido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para añadir que las 16 anteriores acabaron archivadas. Esta tiene una salvedad: el Fiscal jefe de Murcia transformó la denuncia en una querella con un auto durísimo contra Pedro Antonio Sánchez.
"Para Pedro Antonio Sánchez, la ley significaba poco menos que papel mojado" escribía Manuel López Bernal en su querella dirigida al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU). "No consta documentación alguna acreditativa de tal encargo, ni se realizó pago alguno por su redacción y sin convocar concurso", decía sobre el anteproyecto del arquitecto Lejárraga.
Esta actuación, en opinión del fiscal, suponía un delito de prevaricación. A él sumó uno de malversación de caudales públicos porque el Ayuntamiento adjudicó las obras por 340.000 euros más del precio del concurso, otro de fraude a la Administración por dar por terminadas unas obras inacabadas –que requerirían una inversión adicional de 2,2 millones de euros– y uno de falsedad documental por los trámites irregulares de la licitación.
Tras la denuncia del fiscal, el caso empezó un periplo judicial de un tribunal a otro. EL TSJMU se deshizo de él para dejarlo en manos de un juzgado de Lorca, porque aunque afectaba a un aforado, había otras 19 personas imputadas sin esa condición. El fiscal tachó la decisión de "estrambótica y arbitraria" y la oposición vio en ese movimiento una forma de despejar el camino de Sánchez a la investidura, pues retrasaba su imputación.
El Juzgado de Lorca continuó investigando hasta que a finales de 2016 la jueza pidió al TSJMU que imputase a Sánchez y al resto de acusados. Su investigación le había llevado a concluir que existen "indicios de responsabilidad penal en los supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad en documento público u oficia". La misma acusación que formuló el fiscal en un primer momento. Ahora el tribunal ha asumido de nuevo la causa y ha citado al presidente murciano para tomarle declaración como imputado.
Será el próximo seis de marzo cuando Sánchez se siente delante del juez para prestar declaración. Para ese día, puede que el fiscal que presentó la querella y ha peleado porque el presidente de Murcia rinda cuentas ante un tribunal no siga en su puesto. López Bernal se juega su futuro entre el miércoles y el jueves, cuando se celebra el Consejo Fiscal que decide si le renueva en su puesto.