El fracaso en las negociaciones del CETA pone en riesgo la política comercial de la UE

Las negociaciones con el Gobierno valón en Bélgica para que levantara su veto al acuerdo de libre comercio con Canadá han fracasado. Así lo anunció este viernes la ministra de Comercio canadiense, Chrystia Freeland, que esta semana ha viajado a Bélgica para discutir directamente con el primer ministro de la región, Paul Magnette, sus exigencias y tratar de encontrar una solución.

A las cuatro de la tarde del viernes se levantaba de la mesa, por lo que la cumbre entre la UE y Canadá que se tenía que celebrar el 27 de octubre para aprobar el CETA ha quedado retrasada sine die, a la espera de que se vuelvan a retomar los contactos.

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ya advirtió el jueves de este riesgo. "El CETA puede ser nuestro último acuerdo de libre comercio si no somos capaces de convencer a la opinión pública de que protege sus intereses", dijo. Salvar el pacto con Canadá se convirtió en una prioridad en la cumbre que los líderes europeos terminaron este viernes en Bruselas, porque en juego está la supervivencia de la política comercial de la UE, uno de sus pilares.

La Comisión Europea había intensificado en las últimas horas los contactos con el Gobierno valón, pero la última oferta tampoco convenció a los belgas. El principal escollo continuaba siendo el sistema de arbitraje para la resolución de conflictos entre empresas y Estados, según dijo Magnette ante su Parlamento. El ministro presidente exige garantías adicionales de que no tendrá que indemnizar a las compañías si promulga una nueva ley en materia laboral, social o medioambiental que vaya en contra de sus intereses.

Los detractores de los nuevos acuerdos comerciales que está impulsando la UE temen que estos tribunales –ajenos a la justicia ordinaria– permitan a las grandes multinacionales rebajar los estándares europeos. Bruselas cree que este hartazgo de una parte de la población le impedirá firmar nuevos pactos en el futuro.

El Ejecutivo valón insiste en que este no ha sido un veto de última hora, ya que viene advirtiendo de sus reticencias desde 2014, año en que la UE y Canadá terminaron de negociar el acuerdo. Su negativa se debe a una compleja conjunción de factores económicos, políticos y de organización interna del Estado belga.

Desde mediados del siglo pasado, Valonia ha sufrido un severo proceso de desindustrialización tras el cierre de las minas de carbón. La actual crisis económica ha empeorado su situación. Hay que tener en cuenta que el partido socialista que gobierna en la región no forma parte del Ejecutivo federal y ha aprovechado sus competencias en política exterior para defender sus intereses económicos y políticos.

Bruselas está molesta con la organización territorial de Bélgica. No entiende cómo una región de 3,5 millones de habitantes puede poner en peligro un acuerdo que afecta a 500 millones de personas y que respaldan los 28 Estados miembros.

Se da la paradoja de que fue la región de Flandes (mucho más desarrollada, gracias al puerto de Amberes), quien exigió tener competencias en política exterior en la reforma constitucional de 2010 y ahora ve cómo es Valonia quien frustra sus intereses.

Rechazo de la opinión pública

El rechazo a los acuerdos comerciales no se circunscribe únicamente a Valonia. La UE tiene que convencer a una opinión pública más amplia. El Tribunal Constitucional alemán acaba de rechazar las alegaciones de los ciudadanos contrarios al CETA, pero ha puesto condiciones al Gobierno de Angela Merkel.

En el caso, cada vez más difícil, de que se termine aprobando el acuerdo con Canadá, le obliga a retirarse del mismo si los jueces detectan en un futuro elementos de inconstitucionalidad. Los jueces no haría esa advertencia, según interpreta el Süddeutsche Zeitung, si no tuvieran dudas sobre determinadas cláusulas del tratado.

También el tratado de libre comercio con Estados Unidos (TTIP, por sus siglas en inglés) está en punto muerto. Berlín y París han frenado las negociaciones a un año de que se celebren las elecciones alemanas y francesas. Conscientes de la desafección que generan en parte de su electorado, han sentenciado su muerte política.

Dos mil regiones y ciudades de la UE se han declarado “libres de TTIP y CETA”. “Creemos que estos tratados de libre comercio se han debatido de espaldas a la autonomía, amenazan derechos básicos y ponen en riesgo el valor de la pequeña y mediana empresa; y si se aprobaran, el margen que tendríamos los ayuntamientos para defender la economía local sería mucho más restringido”, dijo el jueves el teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, en un acto celebrado en Bruselas para denunciar ambos acuerdos.

La Comisión Europea insiste en que éstos son favorables a los intereses europeos. “Por cada 1.000 millones de euros más de comercio exterior, se generan en Europa 14.000 de puestos de trabajo”, aseguró esta semana el vicepresidente de la comisión, Jyrki Katainen.

En esta última cumbre, los líderes europeos pretendían recuperar la confianza de la opinión pública ante el libre comercio, garantizando que será compatible con el modelo social europeo.

A la espera de que la Organización Mundial del Comercio reconozca a China el estatus de economía de mercado, Bruselas ha intentado protegerse ante el dumping social que promueve el gigante asiático y que afecta sobre todo a la industria europea del acero. Mientras Estados Unidos fija unos aranceles a los productos chinos del 200%, la UE los reduce al 21%. Pero la falta de consenso entre los países europeos en este asunto ha impedido que la UE se sume un tanto ante la población.