Rosell pide el cierre de su caso por estar construido sobre pruebas prefabricadas

La magistrada Victoria Rosell quiere que un tribunal dictamine cuanto antes que nunca cometió un delito y que la causa que se abrió contra ella es fruto de un montaje. Su defensa ha presentado un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el que solicita el archivo inmediato de las actuaciones por la “ilicitud” de la prueba en la que se basó el Supremo para admitir a trámite la querella del exministro José Manuel Soria.

El escrito llega nueve días después de que eldiario.es publicara los audios de la reunión que el juez Salvador Alba mantuvo con un empresario imputado para preparar una declaración que incriminara a Rosell de los delitos que le atribuye Soria: cohecho, prevaricación y retraso malicioso en la administración de justicia. La defensa de la jueza alega en su escrito que la Sala Segunda del Tribunal Supremo admitió a trámite la querella contra Rosell “en base a documentos e informes viciados de nulidad o que tienen su origen en actos ilícitos y presuntamente delictivos”.

No se trata de una afirmación propia. La sustituta del juez Alba, Carla Vallejo, ha informado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias de la presunta comisión por parte del magistrado de los delitos de prevaricación y negociación prohibida a funcionarios por la reunión con el empresario. La Fiscalía también cree que el juez Alba pudo mantener una conducta delictiva.

A lo largo de 39 páginas, el abogado de Rosell hace un extenso relato de cómo se ha ido fabricando, a su juicio, el proceso contra la exdiputada de Podemos. Se explaya en la actuación de Alba, un magistrado que pidió sustituir a Rosell de forma voluntaria, a pesar de que debía compaginar ese nuevo destino en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas con el que ya tenía en la Audiencia Provincial.

Pero la defensa de Rosell también alude a una “sorpresiva” interpretación de la Ley por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que preside el conservador Manuel Marchena, y que ha conducido a la admisión a trámite de la querella de Soria en contra de la posición de la Fiscalía, que se opuso en dos ocasiones.

El exministro, dimitido recientemente por su implicación en los Papeles de Panamá, llevó a los tribunales a Rosell en plena campaña electoral, cuando la jueza había dejado la carrera para presentarse al Congreso de los Diputados en la candidatura de Podemos. Enfrentado desde hace años a la actual pareja de la jueza, el periodista Carlos Sosa, José Manuel Soria denunció a la jueza por injurias y calumnias por afirmar que el exministro había utilizado a la Fiscalía en su contra.

Y desde ese mismo momento comenzaron las presuntas irregularidades que denuncia el escrito de Rosell. El juzgado de Instrucción número 27 de Madrid, en el que recae la querella de Soria, admite a trámite la misma “a pesar de su clamorosa incompetencia” por ser Rosell ya diputada. Una vez admitida a trámite, el juez envía la causa al Tribunal Supremo y éste tarda cuatro meses y medio en proveer los escritos incorporados a la causa si se cuenta desde el momento en que comenzó las actuaciones.  

De injurias y calumnias, el exministro Soria pasa a denunciar a Rosell por cohecho, prevaricación y retraso malicioso en relación por un caso que instruyó antes de pasar a la política y cuyo principal imputado es un empresario que a los pocos días cerró un acuerdo con la pareja de Rosell.

Pero Soria no puede acusar a Rosell de unos delitos que no le afectan, al menos si está personado como acusacion particular. El Tribunal Supremo, sin embargo, le permite subsanar este defecto a pesar de que la Fiscalía “no había interesado su subsanación sino la inadmisión a trámite de la querella”, afirma el abogado de Rosell. La jueza se queja además de que finalmente se permitiera a Soria personarse como acusación popular –en defensa de los intereses colectivos- y no se le impusiera la “preceptiva” fianza.

Una vez solventado, la Fiscalía vuelve a pronunciarse: no aprecia delito en la conducta de Victoria Rosell. Es entonces cuando la Sala de lo Penal recurre al artículo 410 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Según Rosell, ese artículo está destinado a “filtrar las querellas interesadas contra jueces y magistrados”, pero Marchena traiciona su “tenor literal y finalidad”. El resultado es que el presidente de la Sala pide a Alba que le envíe un informe sobre la instrucción que su antecesora había desarrollado en el caso del empresario y que le remita las declaraciones que había realizado éste en marzo.

Pero ese informe está basado en unas declaraciones prefabricadas, de las que ya se ha retractado ante la sustituta de Alba el propio empresario, alega Rosell. El informe de Alba, además, “se halla muy lejos de constituir una información veraz y objetiva sobre el objeto interesado: no solo contiene datos objetivos falsos, susceptibles de ser calificados como delito de falsedad documental, sino que obedece a una sucesión de informes que denotan una evidente falta de imparcialidad y animadversión hacia mi representada, a quien se persigue y perjudica de forma evidente” como queda de manifiesto en la grabación, concluye. Y admite que la causa ha obligado a Rosell “a adoptar decisiones determinantes respecto” a aspirar o no de nuevo a ser diputada.

Además, la defensa de la jueza expone su extrañeza por la petición de la Sala de lo Penal. El Supremo no pide documentación sino “que se elabore” un informe por un juez que llama “hija de puta” a Rosell en la grabación de su reunión con el empresario. El informe termina siendo, dice el abogado de la jueza, “un conjunto de valoraciones subjetivas elaboradas por un magistrado que guarda una relación de evidente animadversión desde hace años a mi representada”.

Soria, "corta y pega"

Entre las multiples irregularidades que denuncia el escrito de la exdiputada de Podemos está la utilización por parte del abogado de Soria de un informe de Salvador Alba incorporado a “un expediente reservado” al que el exministro no tiene acceso. La querella de Soria se convierte, a juicio de la jueza, en “un burdo copia y pega”, acompañado de noticias de periódico.

Además, la Sala de lo Penal incorpora documentación sesgada del Consejo General del Poder Judicial, que ya había rechazado una denuncia de la Fiscalía contra Rosell por el mismo caso. Lo que llega al Supremo, dice la defensa de la jueza, es solo el informe de la Fiscalía que terminó siendo descartado por el promotor de la acción disciplinaria del CGPJ.