Nueva derrota parlamentaria del PP: el Congreso aprueba derogar la Ley de Seguridad Ciudadana
Sus votos y los socialistas han sumado 167, suficientes ante los 133 noes del PP y las 32 abstenciones de Ciudadanos para que saliera adelante la iniciativa, que no implica directamente ningún cambio legal, pero reclama al Ejecutivo la marcha atrás en una de las normas más cuestionadas de las que impulsó en la primera legislatura de Mariano Rajoy. La moción socialista constaba de cinco puntos: la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la ampliación de las plantillas en Prisiones, Policía y Guardia Civil; la mejora de los Centros de Internamiento de Inmigrantes (CIE), la adopción de medidas para reducir la siniestralidad vial y los robos en el campo y en los domicilios, y la aplicación a los guardias civiles del Código Penal Militar en casos extraordinarios.
El PSOE ya había anunciado que no iba a aceptar enmiendas para poder votar su iniciativa original punto por punto y así forzar a los demás grupos de la oposición a 'retratarse' en cada asunto. De esta forma, ha conseguido sacar adelante cuatro de las cinco medidas planteadas al Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Ciudadanos, aunque se ha abstenido en el punto más controvertido de la iniciativa (la derogación de la 'ley mordaza'), ha apoyado los otros cuatro. No obstante, la última medida -la aplicación a los guardias civiles del Código Penal Militar en casos extraordinarios-no ha sido aprobada por el rechazo del PP y la abstención de Podemos.
Los populares se han mantenido en sus trece en su apoyo a la actual ley de Seguridad Ciudadana y en el rechazo al cambio del Código Penal Militar pero, en boca de su diputado José Alberto Martín-Toledano, se han abierto a negociar algunas modificaciones y han apoyado los otros tres de los puntos de la moción. Aunque Martín-Toledano ha reprochado la "España negra" de un "estado policial que persigue a los ciudadanos" que han dibujado los portavoces de la oposición, ha querido hacer suyas las palabras del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que ya ha ofrecido diálogo para debatir algunos aspectos de la ley de seguridad ciudadana pese a proclamar su carácter "garantista". "En España los derechos y libertades de los ciudadanos están garantizados. No estamos ni en Cuba ni en Venezuela", ha enfatizado el diputado del PP.
Mientras, el proponente de la iniciativa, el socialista Antonio Trevín, ha insistido en la necesidad de derogar la ley para que el Gobierno "devuelva" las libertades que "hurtó" a los españoles y para acordar una norma que sea respetuosa con la Carta Magna y corrija algunos errores. Tras citar ejemplos de aplicación restrictiva de la ley, Trevín ha pedido al PP que demuestre la "sinceridad" de sus ofertas de diálogo y acuerdos para esta legislatura. Desde Unidos Podemos, su diputado Eduardo Santos ha censurado el modelo "claramente policial de la derecha", de "tolerancia cero y porra en la calle" y ha apostado por llevar a la Cámara una nueva ley acorde con un concepto diferente de la seguridad.
Luis Miguel Salvador, de Ciudadanos, ha criticado al PSOE por mezclar en la propuesta tantos asuntos porque, "al final, pierden fuerza", y ha recordado a los socialistas que los acuerdos con C's para facilitar la investidura de Pedro Sánchez incluían la reforma de la ley pero no su derogación. Tras anunciar su abstención en ese punto, Salvador ha manifestado su apoyo al resto de la moción y se ha referido, en concreto, a la aplicación de Código Penal Militar en la Guardia Civil para demandar reformas en este cuerpo y que la actual sea la legislatura del instituto armado.
Mikel Legarda, del PNV, ha leído una carta de reivindicaciones ante Zoido, al que ha instado a convocar la Junta de Seguridad del País Vasco y a adecuar la presencia de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Euskadi. De todos modos, se ha sumado a la propuesta de derogación de la ley de Seguridad Ciudadana, como ha hecho también el diputado de ERC Gabriel Rufián, quien ha dicho que apoyaba por "dignidad, decencia, memoria y sentido democrático" la anulación de "esta canallada y purga", a la vez que ha exigido el cierre de los CIE "de la vergüenza".
Por el Grupo Mixto, tanto el portavoz del PDECat, Sergi Miquel, como el de Nueva Canaria, Pedro Quevedo, han anunciado su voto favorable, en tanto que Isidro Martínez, de Foro Asturias, se ha opuesto.
Una de las leyes más controvertidas de la X Legislatura
El PSOE había planteado su moción para instar al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para derogar la ley y promover una nueva normativa "más respetuosa con los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución".Y es que desde que se aprobó la ley en 2015, impulsada por el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y gracias a la mayoría absoluta que el PP tenía en ese momento la oposición no ha dejado de denunciar algunos de sus aspectos más cuestionables. Concretamente, ha criticado el intento de criminalización de las protestas ciudadanas con sanciones abusivas y una merma del control judicial, frente a los poderes otorgados a la policía.
De hecho, la ley estableció un incremento en las multas por manifestarse sin permiso, negarse a disolver una concentración o provocar altercados, que van de los 600 a los 600.000 euros. También se castiga a quienes graban a la Policía y difunden las imágenes poniendo en peligro la integridad del agente o instalaciones protegidas. Tratar de parar un desahucio se puede castigar con hasta 30.000 euros. Las multas más altas se reservan para las protestas en las denominadas infraestructuras críticas, como centrales nucleares. La ley contempla multas de hasta 410.000 euros para los convocantes de una manifestación de este tipo.
Los sindicatos creen, además, que la ley limita el derecho a la huelga ya que, aunque no lo menciona expresamente, se establecen multas por "obstruir" el desarrollo de las funciones de un empleado público, lo que podría afectar a los piquetes, o se sanciona el perturbar la seguridad ciudadana mediante la colocación de objetos, mobiliario, contenedores o neumáticos. La ley castiga "ocupar un inmueble en contra de la voluntad del propietario" y los sindicatos recuerdan que sus representantes podrían ser sancionados cuando su presencia se requiere en un centro de trabajo privado.
Otro de los puntos más controvertidos es el que recoge la disposición final primera, la relativa a las denominadas "devoluciones en caliente", es decir, la práctica de la Guardia Civil que consiste en devolver a los inmigrantes al otro lado de la frontera cuando ya han pisado suelo español. Tal y como está redactada la ley, los inmigrantes pueden ser expulsados sin que antes se les pregunte ni su nombre. Al no ser identificados, no tienen opción a asistencia letrada y no pueden, por ejemplo, pedir protección internacional si su vida corre peligro, un derecho amparado por las principales normativas sobre Derechos Humanos.
La entrada Nueva derrota parlamentaria del PP: el Congreso aprueba derogar la Ley de Seguridad Ciudadana aparece primero en Republica.com.