Fomento exige a Carmena 700 millones por anular la Operación Chamartín
El Ministerio de Fomento remitió el pasado 23 de mayo una carta, a la que ha tenido acceso Efe, al delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible del Consistorio madrileño, José Manuel Calvo, en la que pide la restitución de "en torno a 700 millones de euros" que asegura haber invertido en "obras ya ejecutadas o en curso de ejecución".
Entre estas obras, Fomento señala la remodelación la estación de Chamartín o el nuevo túnel de la conexión para el AVE Atocha-Chamartín, así como la conexión de Cercanías entre el Aeropuerto la T4 de Barajas y Chamartín que "ya ha sido ejecutada" y "está en funcionamiento".
El Ministerio pide al Ayuntamiento que reconsidere la decisión de denegar la aprobación definitiva del Plan Parcial de Reforma Interior (PPRI) para la prolongación del Paseo de la Castellana, la base de la Operación Chamartín.
Además, advierte de que, de no ser así, se reserva todas las acciones legales para "ser resarcidos por daños y perjuicios".
La carta de Fomento está suscrita por el subsecretario del ministerio, Mario Garcés; el presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Gonzalo Ferre Moltó, y el de Renfe, Pablo Vázquez Vega.
Esta misiva es previa a la decisión adoptada ayer en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el que lo grupos de Ahora Madrid y el PSOE rechazaron con sus votos de forma definitiva la Operación Chamartín, impulsada por el PP, que planteaba para el norte de la ciudad la mayor intervención urbanística de Europa.
El PP y Ciudadanos votaron en contra -Ahora Madrid y el PSOE a favor- de dar por finalizado el plan presentado en febrero del año pasado por las administraciones implicadas -Gobierno central, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento, todas ellas entonces del PP- y la promotora Distrito Castellana Norte -BBVA y San José-.
Hace dos semanas, se dio a conocer la propuesta del equipo de Gobierno de Manuela Carmena para la ordenación de la zona, que bajo el nombre de "Madrid Puerta Norte" plantea rebajar a la mitad el área urbanizable -1,7 millones de metros cuadrados- y reduce de 17.000 a 4.600 el número de viviendas construibles.
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