Referéndum y déficit del 1,07 %, dos peticiones en un documento de 46

El documento contiene 46 puntos, entre ellos 28 que la Generalitat catalana considera "incumplimientos del Estado con Cataluña, invasión de competencias e interferencias en la acción del gobierno".

Se queja, por ejemplo, del recurso del Gobierno a la conselleria de Asuntos Exteriores de Raül Romeva y de la "judicialización" de la política, al considerar que la delegación del Gobierno en Cataluña "ha practicado la persecución de múltiples actuaciones contra los consistorios y municipios catalanes".

En materia económica, además del déficit, se pide un mayor margen para la consolidación fiscal y más recursos financieros, así como la revisión del sistema de financiación autonómico y el establecimiento de un interés al 0 por ciento para el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Se cifra en 842 millones de euros el dinero que, según este documento, ha dejado de recaudar anualmente la Generalitat catalana debido a los recursos presentados por el Gobierno a normas autonómicas, como el impuesto a los depósitos bancarios o el impuesto nuclear.

Respecto a los incumplimientos, se cita por ejemplo el caso del 0,7 por ciento del IRPF para fines sociales, como se pide desde hace años por parte de las fuerzas nacionalistas catalanas, y el respeto al modelo de enseñanza en catalán y de normalización lingüística previsto en el Estatut.

También señala que el porcentaje de inversión territorializada en los Presupuestos Generales del Estado está "muy lejos" del peso que tiene Cataluña en el PIB estatal, lo que tiene un impacto directo sobre los servicios esenciales que se prestan a los catalanes.

Así, menciona la disposición adicional tercera del Estatut para equiparar la inversión en Cataluña en infraestructuras al peso del PIB y calcula que el cómputo global que debería haberse recibido en estos años alcanza los 3.811 millones.

El Corredor Mediterráneo, la red de Cercanías, el modelo de gestión de puertos y aeropuertos, el plan hidrológico del Ebro, la ley de garantía de unidad de mercado o los papeles de Salamanca son otros de los "agravios" a los que se refiere la Generalitat.

Uno de los epígrafes en los que la Generalitat enumera más reclamaciones es el referido a los "derechos sociales de Cataluña", que integran 11 peticiones.

Entre ellas, la pobreza energética, ámbito sobre el que el Parlament aprobó una Ley para "la mejora de la protección de las personas consumidoras en materia de créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabilidad económica y relaciones de consumo". Además, como consta en el texto, creaba el Fondo de atención solidaria de suministros básicos.

La norma ha sido cautelarmente suspendida por el Tribunal Constitucional, denuncia la Generalitat.

El documento del Gobierno catalán hace alusión a la llegada de refugiados. Recuerda el texto que Cataluña podría recibir a 4.500 personas, pero denuncia acto seguido que el Gobierno de Mariano Rajoy no ha transmitido ninguna información al respecto, a pesar de que la comunidad tiene competencias exclusivas en esta materia.

Asimismo, protesta también porque el Gobierno español haya anulado el Fondo estatal de acogida, que hubiera reportado a Cataluña 43,5 millones de euros.

También reprueba la reducción de la financiación en políticas sociales, que cifra en un 91,7 por ciento desde 2010, así como la financiación "insuficiente" que concede la administración central para el sistema de dependencia, hasta dejar su aportación en algo más de un 18 por ciento.

Otra queja se centra en el "déficit estructural de financiación del sistema público de salud", cuyo gasto ha debido reducir la Generalitat, señala en el texto, para acoplarse a los techos de déficit. Esa reducción la precisa en un 14 por ciento.

El Gobierno catalán defiende, además, la cobertura de su modelo sanitario por cuanto alcanza a colectivos que el Ejecutivo en funciones de Rajoy ha excluidos como los inmigrantes irregulares. En Cataluña, más de 137.000 personas son atendidas gracias a dichas medidas, concreta el documento.

El recorte en políticas activas de empleo del 56 por ciento en 2012 o la disminución de las ayudas a asociaciones de personas con discapacidad conforman otras denuncias de la Generalitat.

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