Editorial: El dinero de los ahorrantes no admite improvisaciones en las directivas de los bancos públicos
Las reiteradas alertas de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y de los propios bancos deben obligar al gobierno a revisar a fondo la idoneidad de los directores de los tres bancos públicos y, además, establecer un procedimiento riguroso y transparente que acredite, antes de cada nombramiento, la capacidad, integridad e independencia de los candidatos.
Hay razones más que suficientes. El Banco Anglo Costarricense cerró el 14 de setiembre de 1994 por las enormes pérdidas que acumuló luego de que sus directores autorizaran inversiones en deuda externa venezolana. Bancrédito, por su parte, cerró en 2017 por una deficiente gestión que llevó a problemas de liquidez.No menos graves son los escándalos del “cementazo” y el de BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI) con la compra del Parque Empresarial del Pacífico, que socavaron la confianza en la administración bancaria.
Ser director en los bancos Nacional, de Costa Rica y Popular conlleva una responsabilidad enorme: a junio, los tres bancos públicos sumaban activos por ¢19,7 billones, el 58% del total de la banca costarricense. Y a agosto de 2024, reunían seis millones de depositantes (aunque una misma persona podía figurar en varias entidades).
Por ello se requiere idoneidad en todo el sentido de la palabra. Es decir, formación profesional, conocimientos y probada experiencia, así como honestidad, integridad, tiempo suficiente para ejercer el cargo y una adecuada gestión de los conflictos de interés. Quien aspire a director de un banco, además, debe comprender sus riesgos, cuestionar a la gerencia y actuar con independencia del poder político.
La Sugef ha sido muy puntual en algunas advertencias. En julio de 2024, aconsejó a la administración de Rodrigo Chaves revocar el nombramiento de tres directores del Banco Popular, uno de ellos, el entonces presidente de la Junta Directiva, por incumplir el requisito de experiencia. No obstante, ninguno fue removido.
Preocupa, además, como lo indicamos en nuestro editorial del sábado, la forma en que el gobierno está tomando mediante decreto el control de toda esa junta directiva pese a que, por ley, solo le corresponde nombrar a tres miembros y a la Asamblea de Trabajadores, los otros cuatro.
En el Banco Nacional hubo nuevas advertencias. Cuando el gobierno de Rodrigo Chaves destituyó a la Junta Directiva, en mayo de 2025, nombró a seis personas que incumplían los requisitos: cuatro sin la experiencia requerida y tres que presentaban conflictos de interés que comprometían su independencia; una persona figuraba en ambas categorías. El supervisor comunicó sus conclusiones el 10 de octubre y, ese mismo día, la Sala IV anuló el procedimiento de destitución y ordenó restituir a los directores anteriores.
La actual Junta Directiva del Banco de Costa Rica no escapa a la polémica. El 6 de julio designó a su nueva presidenta sin realizar previamente la evaluación de idoneidad. La sorpresa vino el 13 de julio, cuando la Oficialía de Cumplimiento del BCR avisó que esa directora –nombrada por el gobierno de Laura Fernández– presentaba un “riesgo alto” debido a referencias negativas en el buró de crédito, pues aparecía relacionada con la causa penal 21-000190-1220-PE, que investiga un supuesto fraude financiero contra personas naturales o jurídicas.
Igualmente, la Oficina de Seguridad y Oficialía de Cumplimiento del BCR notificó que otro director, también designado por esta administración, aparecía investigado por el presunto delito de tráfico de influencias. La reacción de la Junta Directiva fue declarar confidencial el tema, argumentando “asuntos estratégicos, auditoría, gestión de riesgo y de uso restringido”.
¿Estratégicos? Estando de por medio el manejo de recursos públicos y el dinero de los ahorrantes, la estrategia que debió imponerse era el interés nacional. Si un nombramiento suscita dudas o representa “riesgo alto”, el banco debe justificar por qué esa persona seguirá en el cargo. Declarar confidencialidad solo beneficia a los señalados y debilita la confianza de quienes depositan su dinero en la entidad.
En este punto, es necesario precisar que el Poder Ejecutivo es el primero y principal responsable de garantizar la idoneidad de cada miembro de las juntas directivas de los bancos Nacional y de Costa Rica. Su obligación es revisar los atestados y antecedentes antes de hacer las designaciones. Así de claro lo dijo el año pasado Hazel Valverde, jerarca de la Sugef: “La responsabilidad primaria de verificar la idoneidad recae en la asamblea de accionistas (Consejo de Gobierno), así como en la alta dirección de la entidad”.
Ante esas palabras, lo que cabe es solicitarle a la presidenta Fernández revisar los nombramientos para garantizar plenamente la idoneidad de quienes están tomando las decisiones en tres bancos públicos que, además, son tres entidades de importancia sistémica. Esto significa que si alguna de ellas sufre un deterioro grave, podría afectar al sistema financiero y a la economía del país.
La Sugef, por su parte, debe ejercer con firmeza sus facultades de supervisión y exigir que el Ejecutivo atienda sus advertencias con respuestas justificadas y medidas correctivas. Atender las alertas a tiempo es indispensable para reducir el riesgo de que el país vuelva a pagar las consecuencias de otro escándalo financiero.