Magistrada constitucional ordena suspender discusión y votación de Presupuesto 2027 mientras se resuelve consulta sobre recortes al FEES

La magistrada Ingrid Hess, de la Sala Constitucional, ordenó suspender totalmente la discusión y votación del Presupuesto Ordinario 2027, como medida cautelar urgentísima solicitada por las fracciones de Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA), mientras se resuelve la consulta presentada sobre los recortes al Fondo Especial de la Educación Superior (FEES), específicamente a la partida destinada a entregar a las universidades públicas fondos postergados correspondientes a los años 2020 y 2021.

Así consta en la notificación presentada en la Asamblea Legislativa, y tomada este lunes a las 6 p. m., donde se explica que se trata de una medida urgentísima relacionada con la consulta conjunta de esas dos fracciones presentada el 27 de octubre ante el tribunal constitucional, y que se tramita bajo expediente 26-040155-0007-CO.

La decisión fue notificada en el Congreso a las 6:28 p. m. y, de hecho, habría llevado a la presidenta legislativa, Yara Jiménez, a levantar apresuradamente la sesión del plenario, pues la nueva orden desarmó el argumento que ella y la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), expuesto más temprano, frente a la orden del presidente a. i. de la Sala Constitucional, Fernando Cruz.

Cuando los diputados del Bloque Democrático le exigieron, poco antes de las 5 p. m., que suspendiera el segundo debate porque Cruz lo ordenó, al acoger la solicitud de medida cautelar urgentísima solicitada por la presidenta de la Corte, Patricia Vargas, Yara Jiménez alegó que esa medida solo suspendía la votación.

“Ante la dimensión de la situación planteada y teniendo presente el respeto de supremacía constitucional, cuya defensa se reclama en este procedimiento de control preventivo de constitucionalidad de las leyes, lo que corresponde es acoger la solicitud de medida cautelar urgentísima solicitada por los consultantes”, decidió la magistrada Hess Herrera ante la solicitud.

La consulta de constitucionalidad contra los recortes aprobados por el PPSO a los fondos postergados de las universidades del FEES 2020 y 2021, fue presentada por José María Villalta, Vianey Mora, Edgardo Araya, Joselyn Sánchez, Sigrid Segura, María Eugenia Román y Antonio Trejos, del FA, así como Mangell McLean, Víctor Hidalgo, Álvaro Ramírez, Karen Alfaro y Andrea Valverde, del PLN.

En su argumentación, los diputados reclamaron que la medida cautelar es urgente porque ya el proyecto fue aprobado en primer debate, el jueves pasado, y la presidenta legislativa, Yara Jiménez, pretendía ponerlo a discusión y votación a partir de este lunes.

El reclamo del Bloque Democrático es contra la moción de fondo 16, aprobada por el PPSO, para eliminar la partida de ¢8.048 millones de los fondos postergados del FEES del Presupuesto 2027.

Esa partida es el segundo tracto del acuerdo firmado por la Comisión de Enlace entre las universidades y los ministros del gobierno de Rodrigo Chaves, el 20 de noviembre de 2025, para devolver a las universidades ¢64.385.026.000 de fondos postergados que se redujeron del FEES en los primeros dos años de la pandemia de covid-19.

El primer tracto fue presupuestado en el Presupuesto Nacional 2026, pero el gobierno de Laura Fernández también pretende, a través de una moción impulsada por Nogui Acosta, jefe de fracción del PPSO, recortar esa partida.

El argumento de los diputados es que los artículos 84 y 85 de la Constitución Política garantizan la independencia financiera de las universidades estatales para desempeñar sus funciones y un régimen especial de financiamiento, así como la sentencia 2022-017987 de la Sala Constitucional, donde se estableció como inconstitucional una rebaja del FEES en hecha en 2019 y se delimitó la potestad de enmienda presupuestaria ante montos ya convenidos entre el gobierno y las universidades. En aquella sentencia, la Sala previso a la Asamblea de no reiterar la conducta.

En la medida ordenada por Hess, explicó que el plenario de la Asamblea Legislativa debe abstenerse de discutir y aprobar en segundo debate el Presupuesto Nacional 2027, antes del 29 de noviembre próximo, que es el plazo constitucional establecido para la discusión y aprobación del proyecto, según el numeral 178 de la Carta Magna.

Dicha orden tiene por objetivo no hacer nugatorio el pronunciamiento que se pueda emitir en la opinión consultiva que conoce la Sala Constitucional, a petición de los diputados.