Sala Penal de la Suprema anularía la condena al expresidente Castillo

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia resolvería anular la condena de once años, cinco meses y 15 días de prisión efectiva impuesta al expresidente Pedro Castillo Terrones, en noviembre de 2025, por el frustrado golpe de Estado del 2022, al encontrar un grave defecto en el proceso judicial que derivó en el juicio público realizado en su contra.

El 22 de octubre último, la Corte Suprema admitió a trámite el recurso de apelación presentado por la fiscalía y la procuraduría del Estado contra dicha condena, que incluye además a los exministros Willy Huerta Olivas, Betssy Chávez Chino y Aníbal Torres Vásquez, entre otros.

Sin embargo, en la resolución que admite el recurso de apelación también se dispone que "se solicite a la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria  Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos del Ministerio Público, un informe expreso y documentado, con indicación de fecha y disposición fiscal correspondiente, en qué momento y bajo qué fundamento el delito de conspiración para la rebelión dejó de ser objeto de la investigación preparatoria...".

Error de juicio

Además, los jueces supremos pidieron al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria si se ha emitido resolución alguna en etapa intermedia o en investigación preparatoria sobre el mencionado delito.

Durante los últimos días, periodistas de La República estuvieron indagando en la Corte Suprema sobre los motivos y las probables consecuencias de dicho requerimiento. La respuesta común de todas las fuentes consultadas es la nulidad del juicio realizado y, en la mejor posibilidad, que se realicen nuevas audiencias públicas para definir la responsabilidad penal de los implicados.

¿A qué se debe esta decisión? ¿Qué han encontrado los jueces? ¿Qué puede salvar el juicio inicial?

De la revisión del expediente judicial y su trámite, resulta que la fiscalía investigó a Pedro Castillo por delito de rebelión y conspiración para rebelión, en agravio del Estado, señalan las fuentes consultadas.

En diversos recursos de apelación, la Sala Penal de la Corte Suprema resolvió y definió la diferencia entre rebelión y conspiración para la rebelión.
Es decir que se estableció que se trataba de dos delitos y dos hechos distintos. Luego, la fiscalía acusó al expresidente Castillo por delito de rebelión y solicitó que se le imponga 34 años de prisión.

Conspiración

En el expediente judicial no vuelve a aparecer el delito de conspiración para rebelión. ¿La fiscalía lo archivó, el juez aprobó el archivo? ¿La investigación continúa por ese delito?

Al revisar el expediente, los jueces supremos detectaron que, tras realizar el juicio público, la Sala Penal Especial  que condenó a Castillo decidió apartarse de la acusación por rebelión y acordó condenarlo solo por conspiración para rebelión.

Pero este delito ya estaba definido en el inicio de la investigación. De tal manera que si la fiscalía ya había establecido que no existía conspiración para rebelión o hay un proceso aparte, los jueces de juicio no lo podían condenar por ese delito, en este caso.

Al dictar sentencia en un caso, los jueces detallan todo el procedimiento. En la sentencia escrita condenatoria a Castillo aparece que se le investigó por conspiración, pero no se detalla en qué terminó ese proceso, si efectivamente culminó. En todo caso, hay una posible afectación al debido proceso y el derecho de defensa.

Puede que la definición o conclusión de ese delito se haya llevado por separado, por eso los jueces supremos piden a la fiscalía y al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria informar si ese delito se llegó a definir, presentando las respectivas copias del expediente.

Nuevo juicio

Tanto si permanece en el limbo jurídico o se archivó, sin ser tratado en el nuevo, corresponderían, como única salida, de acuerdo con las fuentes judiciales, que se realice un nuevo juicio que evalúe los delitos de rebelión y conspiración para rebelión en conjunto, pues no pueden haber pronunciamientos contradictorios que afecten la legítima defensa.

Todos estos temas serán evaluados en la audiencia de apelación. La fiscalía aún tiene la posibilidad de salvar el caso y la defensa un argumento más para la nulidad de todo el proceso.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, integrada por los jueces Víctor Prado Saldarriaga, Manuel Luján Túpez, Paloma Altabás Kajatt, Sara Maita Dorregaray y Hans Contreras Cuszcano, se pronunciará luego de la audiencia y de recibir los informes de la fiscalía y el juzgado.