Los peruanos necesitan una política de seguridad, no una foto con Bukele, por Juanita Goebertus
Para nadie fue una sorpresa que la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, anunciara una visita a El Salvador.
En los últimos años, varios jefes de Estado y ministros de seguridad han viajado a El Salvador para conocer las políticas de seguridad del presidente Nayib Bukele. Muchos de ellos, que enfrentan la violencia y el crimen organizado en sus propios países, ven la drástica reducción de los homicidios en El Salvador como un modelo a seguir.
Perú no es una excepción. La tasa de homicidios del país ha aumentado en aproximadamente un 50% durante la última década. La extorsión también se ha disparado. La violencia contra los trabajadores del transporte público se ha vuelto particularmente grave, y los conductores y comerciantes se ven obligados a pagarle extorsión a grupos criminales para poder seguir trabajando, mientras que muchos negocios han cerrado debido a las amenazas. Gran parte de esta violencia es impulsada por grupos criminales que se benefician de una gama cada vez más amplia de operaciones ilícitas, desde el tráfico de drogas hasta la minería ilegal y la extorsión.
Es fácil entender por qué tantos ven las políticas de seguridad de Bukele como un antídoto. Según cifras oficiales, la tasa de homicidios de El Salvador bajó de 7,8 por cada 100.000 habitantes en 2022, cuando se declaró el estado de emergencia, a 1,3 por cada 100.000 habitantes en 2025. La caída más pronunciada ya se había producido en los años anteriores, a partir de 2016. Tras décadas de sufrir la violencia desenfrenada de las pandillas, muchos salvadoreños dicen que por fin se sienten libres para circular por sus barrios.
Sin embargo, la política de seguridad de El Salvador también ha tenido un costo brutal. En los últimos cuatro años, las fuerzas de seguridad han detenido a más de 93.000 personas, lo que convierte a El Salvador en el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Algunos policías han reconocido que utilizan pruebas fabricadas o no corroboradas para realizar detenciones.
El presidente Bukele ha dicho que los inocentes serán puestos en libertad. Sin embargo, sus propias reformas legales han hecho que sea más difícil, si no imposible, establecer la verdad sobre quién estuvo involucrado en la violencia de las pandillas y quién no. Mientras tanto, los familiares de las personas detenidas no han podido ver a sus seres queridos durante años, ni siquiera hablar con ellos por teléfono. Cientos de personas han muerto bajo custodia en circunstancias que aún no se han investigado, y, en muchos casos, las pocas personas que han sido liberadas han denunciado tortura y condiciones de detención inhumanas.
El gobierno salvadoreño presenta las detenciones masivas y las violaciones al debido proceso como un precio justo que hay que pagar por la seguridad, un planteo que ha encontrado eco en una población expuesta desde hace mucho tiempo a la violencia de las pandillas. Pero los peruanos no tienen por qué elegir entre seguridad y derechos; pueden tener ambos.
Fujimori debería trabajar para fortalecer la capacidad de los investigadores criminales, fiscales y jueces para combatir las organizaciones dedicadas al narcotráfico, las redes de extorsión y las redes de minería ilegal, de conformidad con el Estado de derecho. Ese esfuerzo debería ir de la mano con la profesionalización de la policía, en la que la gran mayoría de los peruanos encuestados dice no confiar, y cuyos agentes, en algunos casos, han estado implicados en las mismas redes de crimen organizado que deberían desmantelar.
Un obstáculo clave para combatir el crimen organizado en Perú son las leyes aprobadas por el Congreso, a menudo con el apoyo del partido de la presidenta Fujimori, Fuerza Popular, que facilitan el crecimiento de los grupos de crimen organizado. En los últimos años, el Congreso ha limitado considerablemente la capacidad de los fiscales para obtener pruebas e información que permita orientar las investigaciones a partir de la colaboración de imputados dispuestos a cooperar, lo que ha supuesto un obstáculo para los esfuerzos por desmantelar grupos criminales y detectar vínculos con funcionarios corruptos.
También ha modificado la definición de “crimen organizado” en el Código Penal para excluir muchos delitos de corrupción y ha puesto obstáculos a los allanamientos. Además, ha prorrogado reiteradamente el plazo para incorporar a los mineros ilegales e informales a la economía minera formal, permitiéndoles operar sin rendir cuentas en un sector que los grupos criminales utilizan cada vez más para obtener y lavar dinero.
Mostrarse como un líder de mano dura durante una visita a El Salvador es fácil, pero conseguir resultados en Perú tomará esfuerzos serios. Garantizar la seguridad de los peruanos frente al crimen organizado exigirá fortalecer el sistema de justicia y contar con una policía profesional y sujeta a mecanismos de rendición de cuentas. Quizás eso sea menos glamoroso, pero es lo necesitan los peruanos.
Juanita Goebertus es la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.