El Estado le pide a la escuela lo que no le da
La violencia que llega a las aulas no empieza en la escuela. También nace en las familias y en el entorno donde crecen los estudiantes. Por eso, una política educativa debe ayudar a prevenirla y atender sus causas. Clasificar las faltas y establecer sanciones no es suficiente.
El Ministerio de Educación ha presentado lineamientos para gestionar la disciplina escolar. La propuesta incluye criterios para que las medidas sean proporcionales a las faltas. Es necesario que los docentes tengan autoridad y que la escuela pueda actuar cuando las familias no cumplen su responsabilidad.
La discusión no es si debe haber reglas, sino si las escuelas tendrán el respaldo necesario para aplicarlas. Durante décadas, el país fue construyendo un modelo de convivencia centrado en la prevención: anticiparse a los problemas en lugar de intervenir solo después de que ocurran.
La nueva propuesta pone el énfasis en las sanciones, sin asegurar los recursos que deberían acompañarlas.
Los lineamientos describen al SíseVe, el sistema de reporte de violencia escolar, como un mecanismo de “fiscalización punitiva y burocrática” contra los docentes y propone reemplazarlo con una nueva unidad del Ministerio.
Si los maestros temen reportar casos por las consecuencias que podrían enfrentar, corresponde corregir ese problema. Pero proteger su autoridad no puede significar que la violencia deje de registrarse. El SíseVe ha permitido hacer visible lo que ocurre en las escuelas. Registrar los casos ayuda a las familias a conocer el problema y al Estado a identificar dónde debe intervenir.
Cualquier cambio debe preservar esa función y mejorar la respuesta. La propuesta también promete acompañar al estudiante durante los procesos disciplinarios.
Sin embargo, las escuelas públicas carecen de suficientes psicólogos y el planteamiento no precisa qué presupuesto permitirá cubrir esa falta.
Sin profesionales ni recursos, el acompañamiento queda en el papel. La situación es aún más grave en zonas donde las redes criminales captan a niños de diez u once años. Allí, sancionar sin ofrecer apoyo deja sin atender el riesgo de fondo. La escuela necesita autoridad, pero también respaldo: psicólogos, formación docente y un currículo que fortalezca la prevención y la convivencia.
El Estado no puede exigirle que resuelva sola problemas para los que no le da herramientas. Los padres de familia tienen mucho que perder si ese apoyo no llega, y razones de sobra para exigirlo.