Siempre me ha llamado la atención la facilidad con la que el teatro, y muy especialmente el melodrama, consigue que el público tome partido. Basta con presentar a una víctima reconocible, un culpable al que señalar y una desgracia capaz de conmovernos. El resto, en buena medida, lo hacemos nosotros. Pero hay algo todavía más interesante: lo que nos conmueve, lo que nos indigna e incluso lo que nos parece moralmente intolerable cambia con el tiempo. Y cambia mucho más de lo que solemos admitir. Pensemos, por ejemplo, en 'Juan José' (1895), de Joaquín Dicenta, una de las obras más representativas del teatro social español. Su protagonista, un obrero que termina asesinando a su amante en un arrebato de celos, llegó a convertirse en símbolo de las desgracias de la clase trabajadora. Durante décadas, su representación cada Primero de Mayo fue casi una tradición en numerosos teatros españoles. Hoy, sin embargo, resultaría difícil que aquel personaje despertara la misma simpatía. Lo que entonces se contemplaba como la tragedia de un hombre empujado por sus circunstancias, ahora lo veríamos, seguramente y antes que nada, como un feminicidio. La obra es la misma. Nosotros, no. Este ejemplo me parece especialmente revelador porque muestra hasta qué punto nuestros sentimientos, incluso aquellos que consideramos más espontáneos, están condicionados por la época en que vivimos. No solo cambia nuestra manera de juzgar los hechos; cambia también lo que se espera que sintamos ante ellos. El melodrama, empeñado en conducir las emociones del espectador, acaba recordándonos, quizá sin quererlo, lo poco permanentes que son los códigos sentimentales de los que depende su éxito. Viene esto a cuento del caso de Maricarmen , la anciana que ha terminado sus días obligada por una resolución judicial a abandonar la casa en la que había vivido toda su vida. Una historia dolorosa, sin duda, que ha terminado convirtiéndose en símbolo de una reivindicación social tan comprensible como legítima. No pretendo restarle un ápice de gravedad a lo sucedido. Al contrario. Lo que me preocupa es otra cosa: la facilidad con la que una desgracia personal puede convertirse en un espectáculo público en el que, además de decirnos qué debemos pensar, se nos exige sentir de una determinada manera. Porque una cosa es reconocer la dureza de lo sucedido, comprender el sufrimiento de Maricarmen y reclamar soluciones para que situaciones semejantes no vuelvan a producirse, y otra bastante distinta aceptar que alguien nos imponga cómo debemos reaccionar emocionalmente. Podemos considerar injusto lo ocurrido sin necesidad de participar en una indignación colectiva. Podemos defender una causa sin exhibir nuestra compasión. Y, desde luego, no creo que la intensidad con la que manifestamos nuestros sentimientos diga demasiado acerca de la solidez de nuestras convicciones. Sin embargo, cada vez tengo más la impresión de que esa distinción se está perdiendo. Ya no parece suficiente con reconocer un problema, discutir sus causas o exigir responsabilidades. Hay que conmoverse, indignarse y, sobre todo, hacerlo públicamente. Como si la sensibilidad necesitara acreditarse ante los demás. Quien no se suma al sentimiento dominante, quien prefiere guardar silencio o simplemente contempla los hechos con cierta distancia, corre el riesgo de ser considerado insensible. Y así, casi sin darnos cuenta, pasamos de una reivindicación justa a una exigencia bastante menos razonable: la de que todos debamos sentir lo mismo. En el fondo, lo que estamos presenciando es una forma de autoritarismo emocional que me resulta especialmente inquietante. Y no creo que sea ajena a los intereses políticos ni a los cálculos electorales. El presidente del Gobierno y las autodenominadas «fuerzas de progreso» apelan con frecuencia a eso que llaman «la calle», una expresión tan cómoda como ambigua, con la que una parte de la ciudadanía parece atribuirse el derecho a representar la conciencia moral de todos. Como si quienes no participan de sus emociones, o no las expresan del modo esperado, quedaran automáticamente fuera de esa supuesta comunidad de los justos. El drama de Maricarmen, uno entre tantos que llevamos años conociendo, termina entonces convertido en una especie de representación de teatro social. Pero no de ese teatro que invita a pensar y a preguntarse por las causas de una injusticia, sino del que busca asegurarse de que el público reaccione como está previsto. La tragedia personal se convierte en bandera, la compasión en consigna y la indignación en una suerte de certificado de buena conducta moral. Y conviene aclarar algo. No tengo nada en contra de que una historia nos conmueva. Sería absurdo. Tampoco de que esa emoción sirva para despertar conciencias o impulsar cambios necesarios. Lo que rechazo es que se convierta en una obligación. Que se nos exija sentir compasión y, además, demostrarla. Que cualquier reserva, cualquier matiz o cualquier discrepancia pueda interpretarse como una falta de humanidad. Porque reclamar justicia para alguien que ha sufrido una desgracia no debería llevar aparejada la obligación de participar en una misma ceremonia sentimental. Lo peor es que esta lógica termina afectando también a la manera en que tratamos al adversario político. Ya no basta con discutir sus argumentos o cuestionar sus propuestas. Hay que presentarlo como un ser insensible, cuando no directamente responsable de las desgracias ajenas. Se le asigna el papel de villano antes incluso de que pueda abrir la boca. Y el público, naturalmente, sabe de antemano a quién debe aplaudir y a quién debe abuchear. Como hombre de teatro, encuentro en todo esto algo particularmente desagradable. Es, a mi juicio, la peor versión del teatro de compromiso social: aquella que no pretende inquietar la conciencia del espectador, sino tranquilizarla, confirmándole que está del lado de los buenos. Un teatro en el que las emociones vienen señaladas de antemano y donde la respuesta del público funciona como un examen de virtud. Si te conmueves, eres una buena persona. Si no lo haces, algo falla en ti. Pero el buen teatro no funciona así, o al menos no debería. El teatro que de verdad importa nos enfrenta a nuestras contradicciones, nos incomoda, nos obliga a revisar certezas que creíamos firmes. A veces nos conmueve y otras nos irrita. Incluso puede dejarnos perplejos. Lo que no hace es entregarnos una lista de sentimientos obligatorios. En esto, la lección de Brecht sigue pareciéndome especialmente valiosa: un teatro que aspire a emancipar la conciencia del espectador no debería empezar por someter sus emociones. Naturalmente, no pretendo sostener que toda obra que busque conmovernos incurra en alguna forma de manipulación autoritaria. La emoción es parte esencial del arte y, en ocasiones, uno de sus mayores logros. El problema comienza cuando la reacción del público deja de ser libre y pasa a utilizarse como medida de su valía moral. Cuando la compasión se convierte en deber y la discrepancia, o incluso la simple indiferencia, se interpreta como prueba de insensibilidad o complicidad. Más aún cuando esa exigencia salta del escenario al debate público y las razones dejan de discutirse porque lo verdaderamente importante parece ser vigilar los sentimientos de los demás. Mucho me temo, además, que este melodrama colectivo no será el último espectáculo de la temporada. Conforme se acerquen las elecciones, sospecho que nuestros grandes directores de escena política irán cambiando de género. El melodrama dejará paso al agitprop, a la agitación y la propaganda, y la representación se trasladará definitivamente a esas calles cuya paz cívica algunos parecen dispuestos a alterar si con ello consiguen movilizar a los suyos. Cambiarán los personajes, subirá el volumen de las consignas y la compasión irá dejando sitio a la indignación. Pero el mecanismo será, en esencia, el mismo: dividir la realidad en buenos y malos, repartir de antemano los papeles de víctimas y culpables y exigir al público que tome partido sin demasiadas preguntas. Cuanto más complejo sea el problema, más sencilla será la representación. Y cuanto más difícil resulte ofrecer soluciones, mayor será la tentación de sustituirlas por emociones. Ojalá me equivoque. Y ojalá también que, llegado el momento, los ciudadanos sepamos resistirnos al papel que unos y otros pretenden asignarnos. Que conservemos la serenidad suficiente para distinguir entre una causa justa y el uso interesado que pueda hacerse de ella. Que podamos indignarnos sin dejarnos arrastrar, compadecernos sin sentirnos obligados a exhibirlo y, sobre todo, discrepar sin que nadie nos retire por ello el certificado de buenas personas. Porque la democracia, al menos como yo la entiendo, no exige unanimidad emocional. No necesita que todos nos emocionemos ante las mismas historias, que compartamos las mismas indignaciones ni que respondamos de idéntica manera a cada desgracia. Lo que exige es algo bastante más difícil: aceptar que los demás pueden pensar y sentir de otra forma sin que por ello sean menos dignos de respeto. Al fin y al cabo, creo que el buen teatro y la buena política tienen algo fundamental en común. Ninguno de los dos debería tratar al público como una multitud a la que hay que dirigir, aleccionar o conmover a voluntad, sino como personas capaces de formarse su propio juicio. Y eso empieza por respetar una libertad de la que se habla demasiado poco: la de sentir, o no sentir, lo que a cada uno le dicte su conciencia.
