¿A quién le sirve un diputado con dueño?
Hay diputados que eligen representar a su pueblo. Otros, a su dueño.
En esta Asamblea Legislativa, 31 de las 57 curules lo demuestran con su obediencia: votan como se les ordena, callan lo que se les indica y aplauden cuando toca aplaudir.
El Ejecutivo acusa de obstruccionista al bloque democrático, pese a que en 50 votaciones de proyectos de ley y 2.600 votos emitidos, ha recibido apenas 103 votos (un 4%) en contra. Ni un solo voto del oficialismo en contra. Ni una sola vez en que alguno de los 31 diputados del PPSO decidiera que un proyecto de su dueño no le convencía. Eso, más que falta de disensión, pareciera falta de permiso.
Esto no es la disciplina normal de una bancada, ni diputados sueltos negociando su voto por interés propio, algo que ha existido siempre y seguirá existiendo. Lo que no tiene precedente es que 31 diputados, en 50 votaciones, jamás rompan filas. Eso es ausencia total de criterio propio.
Un diputado con dueño no puede ejercer control político ni legislar a conciencia, solo proteger a su dueño con aplauso y silencio.
Esa directriz no se queda entre las paredes de la Asamblea. El 14 de setiembre, la Fuerza Pública impidió a ciudadanos acercarse a la Plaza Mayor, en Cartago, por los mensajes de sus faroles, varios apenas en apoyo de la democracia, según denunciaron diputados y afectados, aunque el oficialismo lo negó en el plenario.
Cuando toda pregunta es una afrenta, el mensaje no es “dejen de obstruir”, sino “dejen de cuestionar”. Un Ejecutivo que solo tolera diputados que callan y aplauden querrá un pueblo que calle y aplauda también.
El precio de esperar órdenes
Con el narcotráfico como principal amenaza nacional, la Comisión legislativa de Seguridad rechazó investigar el informe que vincula a 122 oficiales de la Fuerza Pública con crimen organizado, bloqueó comparecencias sobre cambios cuestionables en la Policía de Fronteras y avaló que el Ejecutivo declarara secreto de Estado toda su información de seguridad.
La Comisión de Ingreso y Gasto Público, que debería cuidar cada colón, rechazó fiscalizar el contrato con Open English y esclarecer dudas sobre los contratos y la gestión de AyA. Sobre Crucitas, negaron tiempo a la oposición para revisar la evidencia técnica que el ministro de Presidencia prometió enviarles y rechazaron incluso que los diputados deban declarar conflictos de interés al elegir magistrados, con apenas dos oficialistas rompiendo filas.
El PPSO bloqueó reabrir el caso Diamante e investigar los cierres en el programa de CEN-Cinái, y archivó comisiones provinciales. Cuando el escándalo tocó a uno de los suyos, fue peor: la bancada anterior acuerpó al entonces diputado Fabricio Alvarado ante acusaciones de acoso sexual. Luego, la actual presidenta del Congreso cerró el caso alegando que, al no ser ya diputado, no cabe sancionarlo. Hoy hay nuevas acusaciones contra él.
Ni su silencio les pertenece
Van dos costarricenses muertos bajo custodia migratoria en Estados Unidos en menos de un año, Rándall Gamboa y Carlos Josué Marchena, ambos con denuncias familiares de falta de atención médica. El oficialismo votó en bloque en contra de un minuto de silencio por Marchena. La oposición no pedía investigación ni condena, solo 60 segundos de solidaridad por un compatriota que murió lejos de casa. Pero a un diputado con dueño ni siquiera su propio silencio le pertenece.
Las cuentas no mienten
El Presupuesto 2027 recorta ¢19.000 millones al MEP, ¢13.000 millones a la Red de Cuido y ¢7.000 millones al PANI, y condiciona ¢11.000 millones al Poder Judicial, casi castigando sus logros contra el narcotráfico. La deuda con la CCSS, que atrasa equipos, cirugías y especialistas, ni la tocan.
Mientras tanto, Presidencia sube su presupuesto 16,8%, con nueve asesores y un dron de vigilancia, y su comunicación suma ¢68,9 millones más, tras los ¢70 millones extra que la bancada ya le aprobó en julio para prensa y publicidad. Como si la propaganda quitara el hambre.
El costo de vida sigue altísimo, el empleo se deteriora, el narcotráfico sigue azotando las calles y la voracidad fiscal y los recortes sociales no merman. El CIEP ya lo midió: la Asamblea es la penúltima institución en confianza ciudadana, con apenas 5,5 de 10.
Un diputado que responde a su dueño y no al pueblo no rinde cuentas ni resuelve, solo aplaude y calla. Ese es el verdadero costo de un diputado con dueño: que el país entero pague con intereses la cara factura de una lealtad que nunca fue para nosotros.
jassonmc@gmail.com
Jason Muir Clarke es comunicador.