Una democracia no puede permitirse candidatos asesinados
Las elecciones libres requieren algo más que acudir a las urnas. Demandan que quienes deciden postular a un cargo público puedan hacer campaña sin temor a perder la vida por ello. En ese sentido, que un candidato sea asesinado en plena actividad proselitista, no solo tiene un impacto personal contra la víctima sino que también es institucional.
La primera lectura es que cualquier ciudadano que quiera competir en política puede costarle la vida. Y esa advertencia, si queda sin respuesta del Estado, se convierte en un mecanismo de selección además profundamente perverso de que solo llegan al poder quienes tengan la protección o la complicidad necesaria para sobrevivir. Y eso ya no es democracia, sino se trata de captura frente al crimen.
El sábado 19 de septiembre, Susy Aponte Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, fue asesinada en Caraz mientras hacía campaña. Había denunciado amenazas públicamente días antes. Sin embargo, la investigación se abrió después del crimen que le costó la vida. Eso es exactamente lo que no puede seguir ocurriendo a 15 días de las elecciones
Este lamentable suceso recuerda el de Fernando Villavicencio en Ecuador, periodista y candidato presidencial asesinado en agosto de 2023 días antes de las elecciones, también tras denunciar amenazas públicamente.
El peligro más inminente es que las organizaciones criminales pretendan hacer de esto una metodología, como ocurre en ciudades capturadas por mafias. Un método que además tiene un efecto múltiple: silencia una voz crítica, atemoriza a otros candidatos y deshace el proceso electoral con la lógica de la violencia porque desaparece la libertad porque se encuentra coaccionada de muerte.
El gobierno prometió orden. Hoy lleva 55 días aplicando estados de emergencia y militarización sin resultados verificables en materia de seguridad electoral. Es fundamental que el Estado brinde garantías reales para sus candidatos y además que la ciudadanía, en la lógica plebiscitaria que deberá motivar la elección alcaldes y gobernadores regionales, incluya esta variable en la actitud y tipo de autoridades las van a exigir que rinda cuentas.