Acusadas de pepear y ocasionar muerte de joven ingeniero en Miraflores podrían quedar libres pese a pruebas
Las dos mujeres procesadas por la presunta muerte del estudiante universitario Bruno Medina Zúñiga, quien habría sido dopado durante un robo en Miraflores, podrían recuperar su libertad luego de que venciera el plazo máximo de la prisión preventiva que pesa sobre ellas. Joselin Díaz Rodríguez y Alicia Manayay Reyes permanecen recluidas en el penal Santa Mónica, mientras el juicio oral tuvo que reiniciarse debido a los cambios de magistrados que han intervenido en el proceso. La familia del joven teme que las investigadas sean excarceladas antes de que exista una sentencia y solicita medidas que garanticen su permanencia en el país.
Estudiante murió tras ser dopado en Miraflores
El caso se remonta al 16 de marzo de 2024, cuando Bruno Medina, de 25 años, se encontraba con un grupo de amigos en los alrededores de la denominada calle de las Pizzas, en Miraflores. De acuerdo con la investigación, Díaz Rodríguez y Manayay Reyes habrían abordado al grupo y posteriormente los acompañaron hasta un departamento.
Las pericias toxicológicas establecieron la presencia de benzodiacepinas en el organismo de las víctimas. Según la tesis fiscal, las sustancias habrían sido colocadas en latas de cerveza con el objetivo de adormecer a los jóvenes y sustraer sus pertenencias.
La mezcla de los fármacos con alcohol habría provocado en Bruno Medina un edema cerebral que terminó causándole la muerte, mientras que sus acompañantes sobrevivieron. Las investigaciones también identificaron movimientos posteriores con las tarjetas bancarias de la víctima en centros comerciales.
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Juicio oral volvió a fojas cero
El proceso judicial afronta ahora una nueva demora. Richard Medina, padre del estudiante fallecido, denunció que el juicio oral tuvo que volver a fojas cero debido a los cambios de magistrados y fiscales que han intervenido en el caso.
Según relató, durante el desarrollo del proceso se produjeron constantes reprogramaciones de las audiencias, algunas de las cuales tuvieron una duración de apenas 15 minutos. En total, el caso pasó por tres jueces y tres fiscales distintos, situación que terminó afectando el avance del juicio.
Las procesadas recibieron inicialmente 18 meses de prisión preventiva. Esta medida fue ampliada en dos oportunidades, pero finalmente los plazos establecidos para mantenerlas privadas de su libertad llegaron a su término sin que se haya emitido una sentencia.
Ante este escenario, las acusadas podrían afrontar el proceso en libertad, mientras continúa el desarrollo del juicio oral.
Familia teme una posible fuga
Los familiares de Bruno Medina expresaron su preocupación ante una eventual excarcelación de las procesadas. Temen que, al recuperar su libertad antes de que concluya el juicio, puedan abandonar el país y dificultar el cumplimiento de una eventual sentencia.
Por ello, los deudos solicitaron que se evalúen medidas restrictivas, entre ellas el impedimento de salida del país, mientras el proceso continúa.
La familia también exige que el Poder Judicial acelere las audiencias y permita que el caso avance hasta una decisión definitiva. Para Richard Medina, la demora judicial prolonga el sufrimiento de los deudos y mantiene sin una sentencia el proceso por la muerte de su hijo.
Mientras tanto, la defensa de las procesadas deberá afrontar el reinicio del juicio oral, en un proceso en el que la Fiscalía sostiene la acusación por los hechos ocurridos en marzo de 2024. Hasta que exista una sentencia firme, las investigadas mantienen su condición de procesadas y rige la presunción de inocencia.