JNE actúa en contra de la Constitución
La historia de la institucionalidad peruana está llena de momentos en que la grandeza de un cargo fue menor que la presión del poder de turno. Jueces que fallaron a favor de quien los nombró. Fiscales que archivaron lo que convenía archivar. Esa es la forma más silenciosa y más duradera en que las instituciones se rompen. Ya no con un golpe sino con una firma que honra un interés particular antes que la norma que se juró defender.
El fallo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre Rafael López Aliaga es un ejemplo de ese comportamiento centralista, que se condice con las resistencias regionales. Los Jurados Electorales Especiales de diversas provincias, con menos recursos y menos exposición pública, aplicaron el espíritu de la Constitución con más valentía que el máximo organismo electoral del país.
Esta casa editorial ha destacado, por ejemplo, la valiente decisión del JEE de Morropón que excluyó a un alcalde por la misma maniobra que López Aliaga ejecuta en Lima, con el mismo argumento constitucional y el mismo razonamiento jurídico. Sin embargo, el JNE, presidido por Roberto Burneo, decidió ir en sentido contrario.
Pero, destaquemos las resistencias democráticas. El magistrado Gonzalo González Barrón emitió un voto en minoría advirtiendo que hay una incompatibilidad legal y constitucional evidente, que se trata de una reelección encubierta y que la nulidad de la candidatura podría declararse de oficio ante la flagrante violación de la Constitución. Es decir, el propio JNE tuvo adentro el argumento correcto y la mayoría eligió, con un criterio lejano al jurídico, no aplicarlo.
Esa decisión tiene consecuencias que van más allá del caso López Aliaga. Al validar la maniobra más visible y más documentada del proceso electoral, el JNE estableció jurisprudencia permisiva para los otros 62 casos de reelección encubierta identificados en todo el país.
Lo que acaba de permitir Burneo y los firmantes de esta resolución es que cualquier candidato encubierto del país puede ahora invocar el precedente del JNE para sostener sus candidaturas. En pocas palabras, el máximo organismo electoral le abrió la puerta a la arbitrariedad en todo el territorio nacional.
Finalmente, la permisividad del JNE no cancela el derecho ciudadano a elegir. Lo que sí cancela es la posibilidad de que ese derecho se ejerza con plena información sobre quién está realmente detrás de cada lista. Y esa evidencia, con la acción contraria a las reglas democráticas del JNE en favor de López Aliaga, ya la tiene el elector.