El Gobierno de Vivas estalla por los menores en Ceuta: «Son inmanejables»

«¿5.000? Eso no se lo cree nadie». La cifra que ofreció Pedro Sánchez sobre los ilegales que permanecen en Ceuta ha causado si cabe más indignación a las autoridades de la ciudad, que aproximan a esa cifra sólo los menores, que en teoría les corresponde gestionar a los servicios sociales de la administración local.

Pero, el responsable del ramo, Alberto Gaitán, que también es consejero de la Presidencia, afirma a LA RAZÓN: «No puede ser que nosotros aquí gestionemos a 4.000 niños. Es inmanejable. ¡Que el Estado se haga cargo de esta situación, es a lo que apelo!».

Bajo su responsabilidad está la custodia legal de los menores no acompañados que entraron en la ciudad autónoma el pasado mes de julio. No solo en los días 30 y 31, sino antes, cuando el centro de menores multiplicaba su capacidad. La primera señal de alerta que emitió el equipo de Juan Jesús Vivas a una Moncloa indolente, que miró para otro lado.

Ahora, con los albergues temporales desbordados cuando ni siquiera han terminado de instalarse, el ejecutivo ceutí exige una solución para los menores: que sea el Gobierno el que asuma su gestión. Por lo menos, de todos los que entraron en los días previos y durante el asalto.

«Cuando nos dieron las competencias creó un sistema de protección que está dimensionado para lo que está dimensionado: para atender a los menores vulnerables en la ciudad. Lo que no puede ser es que nos hagamos cargo de todo Marruecos y de toda África», argumenta Gaitán.

Según denuncia, Ceuta se ha acostumbrado a hacerse cargo de menores con una «sobreocupación tremenda». Por eso mismo, añade, se aprobó un Decreto Ley que facilitara los traslados a otras comunidades. «Pero es que esto es mucho más. Es una situación inadmisible».

En Ceuta, el sistema de protección tiene capacidad para atender a 29 menores. Se considera la «contingencia migratoria extraordinaria» cuando triplica su capacidad. Es decir, cuando alcanza los 87. A día de hoy, filiados, hay más de 1.600. Para las autoridades locales, menos de la mitad de los que en realidad se encuentran dentro de la ciudad en una situación descontrolada.

En los últimos días, el equipo de Vivas ha llegado incluso a estudiar la posibilidad de devolver la competencia de servicios sociales al Estado. Un embrollo legal y constitucional que requeriría hasta de una modificación del Estatuto de Autonomía. «Pero es que la competencia está creada para situaciones de una presión migratoria razonable, no para una invasión. Yo no me puedo hacer cargo de 4.000 menores», insiste Gaitán.

Desde hace una semana, tanto el consejero de Presidencia como el propio presidente han pedido al Gobierno que se haga cargo de la tutela de los menores. «Estoy reclamando al Estado que me faciliten algo en este sentido. Por lo menos la gestión de esta circunstancia». La propuesta ya ha llegado hasta la mesa de la ministra de Juventud e Infancia. «Se lo hemos trasladado, que es una situación anómala y que no podemos hacernos cargo».

De momento, la callada por respuesta. «El ministerio de Juventud está analizando la situación», desvela el responsable de los menores, que no oculta su hartazgo por la falta de soluciones. Pasan los días y los ansiados retornos no se producen. Al menos, se han logrado desocupar los colegios. Un parche para ir sobrellevando una situación cada vez más al límite.