Exgerente del Banco Popular pierde demanda en la que reclamaba salario de ¢16,9 millones. Ahora, lleva disputa a la Sala Segunda
El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José rechazó una demanda del exgerente general del Banco Popular (BP), Marvin Rodríguez Calderón, contra esta misma entidad financiera por presuntas diferencias salariales.
El exfuncionario sostiene que debió recibir ¢16,9 millones mensuales, en lugar de los ¢9,5 millones que le pagó la institución entre el 2018 y el 2023. La disputa ahora se dirimirá en la Sala Segunda, debido a que el demandante presentó un recurso de casación.
En el centro del caso están dos criterios para determinar la remuneración: la política salarial interna del Banco Popular y una directriz emitida por el gobierno de Carlos Alvarado en el 2018, que estableció parámetros para los salarios de las gerencias de bancos públicos.
La sentencia de primera instancia se dictó el 30 de octubre del 2025.
Rodríguez argumentó en su demanda que la Junta Directiva Nacional del Banco Popular aprobó desde el 2003 una política salarial para la clase gerencial, que posteriormente recibió modificaciones. También, citó acuerdos del 2006 y el 2012 relacionados con las remuneraciones de los puestos gerenciales.
Según el reclamo, el oficio DIRCH-842-2018, del 4 de julio del 2018, estableció un pago mensual que Rodríguez considera incorrecto. Por ello, pidió reconocer las diferencias salariales entre ¢9.500.000 y ¢16.951.541,55 mensuales correspondientes al periodo entre el 4 de junio del 2018 y el 4 de junio del 2023.
La diferencia entre ambos salarios es de ¢7.451.541,55 al mes. La demanda no fijó una suma total por todo el periodo, pues solicitó que el monto se determinara en una eventual etapa de ejecución de sentencia.
El reclamo tampoco se limitó al salario base. Rodríguez pidió reconocer el efecto de esas diferencias sobre aguinaldo, cesantía, salario escolar, vacaciones, pensiones, seguridad social y otros componentes salariales. También, incluyó aumentos semestrales, dedicación exclusiva, Fondo de Capitalización Laboral (FCL), Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), incentivo anual y aportes a la asociación solidarista.
Además, solicitó intereses, indexación, costas y ¢20 millones por daño moral subjetivo. El Banco Popular rechazó las pretensiones y planteó las excepciones de falta de derecho y pago.
Banco Popular pide confirmar fallo mientras exgerente evita referirse al proceso
La Nación se comunicó con Rodríguez Calderón para conocer su posición sobre el litigio. Sin embargo, el exgerente de la entidad bancaria indicó que, por recomendación de su abogado, no se referiría al caso debido a que el proceso continúa en trámite.
Por su parte, el Banco Popular mantiene la posición jurídica que sostuvo durante el proceso. La entidad afirmó que actuó conforme al ordenamiento jurídico y que no corresponde reconocer las diferencias salariales reclamadas por Rodríguez.
El banco recordó que obtuvo una sentencia favorable en primera instancia.
Sobre el salario de ¢9,5 millones, la entidad atribuyó su decisión a la directriz que el Poder Ejecutivo emitió en 2018.
La institución aseguró a La Nación que analizó jurídicamente la directriz y tomó las decisiones correspondientes. El Banco Popular indicó que el expediente se encuentra actualmente ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, encargada de resolver el recurso de casación presentado por Rodríguez.
Directriz del 2018 está en el centro de la defensa del Banco Popular
La entidad bancaria sostiene que la diferencia entre los dos montos salariales se explica por la Directriz N.° 11-H del 30 de mayo del 2018. La medida se publicó en el alcance 115 de La Gaceta del 6 de junio de ese año.
Según el documento presentado por la entidad, la directriz tomó como referencia el salario del gerente general del Banco Central de Costa Rica.
La norma instruyó a las juntas directivas del Banco Nacional y del Banco de Costa Rica a adecuar el salario de sus gerentes generales al del gerente general del Banco Central, como parámetro para establecer la remuneración.
En el caso específico del Banco Popular, el artículo 2 de la directriz instruyó a los representantes del Poder Ejecutivo ante su Junta Directiva a promover que el salario del gerente del Banco Popular se adecuara al del gerente general del Banco Central. La misma disposición instó a los restantes integrantes de la Junta Directiva a acompañar el acuerdo.
El banco argumentó que esa disposición modificó las condiciones aplicables a la política salarial desde el 6 de junio del 2018. Según su posición, la entidad no podía pagar diferencias contrarias a una directriz del Poder Ejecutivo.
La institución también alegó que la medida surgió en un contexto de contención del gasto público y déficit fiscal. Para el banco, Rodríguez no consolidó un derecho adquirido sobre el salario de ¢16.951.541 porque nunca recibió ese monto.
En su oposición al recurso de casación, el Banco Popular insistió en que forma parte de la Administración Pública para efectos de la aplicación del principio de legalidad y que sus actuaciones deben encontrar sustento en el ordenamiento jurídico.
La entidad sostuvo que mantener una remuneración contraria a la directriz habría significado, según su interpretación, actuar contra el principio de legalidad en el manejo de fondos públicos. También defendió el carácter vinculante de las directrices generales emitidas por el Poder Ejecutivo para la Administración.
Como parte de su argumentación, el banco también invocó el principio de igualdad salarial, contemplado en el artículo 57 de la Constitución Política y el artículo 167 del Código de Trabajo. Esas disposiciones establecen, en términos generales, que a trabajo igual y en iguales condiciones corresponde igual salario.
El Banco Popular sostiene en su contestación que la sentencia no debe anularse ni revocarse y rechaza que exista una valoración errónea de la prueba o falta de fundamentación.
En su petición final, los abogados de la entidad solicitaron rechazar el recurso de casación y ratificar la sentencia de primera instancia. También calificaron el reclamo como un litigio de mala fe y pidieron consecuencias en materia de costas.
Así fundamentó el juzgado el rechazo de la demanda
Al resolver el caso, el Juzgado de Trabajo señaló el artículo 11 de la Constitución Política. Esa norma establece, entre otros aspectos, que los funcionarios públicos están obligados a cumplir los deberes impuestos por ley y no pueden atribuirse facultades que el ordenamiento no les conceda.
El juzgado también tomó en consideración el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, según el cual la Administración actúa sometida al ordenamiento jurídico y únicamente puede ejecutar los actos o prestar los servicios que este autorice. Además, citó el artículo 1 de esa ley, que incluye dentro de la Administración Pública al Estado y a los demás entes públicos.
A partir de esas disposiciones, la sentencia consideró que una relación laboral de servicio público tiene características distintas de una relación privada. El fallo señaló que principios propios del empleo público, como legalidad, regularidad y continuidad del servicio, desplazan en determinadas circunstancias principios generales del derecho laboral privado.
Otro elemento considerado fue la forma en que se estructuró la demanda. Según la sentencia y la defensa posterior del banco, los hechos no quedaron relacionados con suficiente claridad con las pretensiones planteadas, circunstancia que incidió en el análisis del reclamo.
Finalmente, el juzgado acogió la excepción de falta de derecho, rechazó la excepción de pago y declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral en todos sus extremos. Resolvió el proceso sin condenatoria en costas.