Vuelta al cole conflictiva entre huelgas, reformas pendientes y un PISA que amenaza con volver a dejar mal a España
El curso escolar arranca el 7 de septiembre para más de ocho millones de alumnos de enseñanzas no universitarias con 80.000 alumnos menos que el año anterior por el invierno demográfico que amenaza con cambiar el mapa escolar. No es un curso cualquiera. Arranca entre huelgas y movilizaciones, malestar del profesorado por las reformas pendientes, las reivindicaciones de la concertada, exigencias de climatización de los centros y el temor de que los resultados educativos de PISA (que se conocerán el 8 de septiembre) vuelvan a dejar otra vez al sistema educativo español malparado. Muchos ya lo veían venir desde hace tiempo. Es el caso de Cataluña, cuyos datos se consideran inválidos por la OCDE esta edición, después de que haya excluido de la muestra a alumnos con dificultades de aprendizaje y necesidades especiales, un caso considerado “vergonzoso” en el ámbito educativo.
Se trata de un año en el que confluyen elecciones sindicales en educación, municipales y autonómicas (en mayo de 2027) y la recta final de la legislatura antes de las elecciones generales de 2027. Y en España, sin un pacto de Estado educativo, la educación no se desliga de la política y se tensiona el panorama.
La reforma de la profesión docente será uno de los grandes asuntos pendientes de este curso que está en el punto de mira. El Ministerio de Educación y FP presentó esta legislatura como la «legislatura del profesorado», pero llega a su último curso con solo algunas mejoras todavía en fase de negociación. Sobre la mesa están el acceso a la profesión, las condiciones laborales, la reducción de ratios, la burocracia, los horarios lectivos o la carrera profesional, con una propuesta que se ha presentado en julio, pero sigue sin existir un Estatuto Docente que reúna y ordene todo.
El Ministerio ha reactivado en los últimos meses los grupos de trabajo sobre la profesión docente y ha empezado a concretar algunos de los cambios. LA RAZÓN avanzó el primer borrador para reformar el sistema de ingreso a la función pública docente, una revisión integral de las oposiciones que afecta a los temarios, las pruebas, la fase de concurso y el periodo de prácticas. Pero eso es solo el comienzo de una negociación que requiere tiempo y que, además, los sindicatos educativos quieren que se haga con sosiego porque no es un asunto menor.
Menos alumnos por aula
La reducción del número de alumnos por aula es otra de las reformas que el Ministerio tiene sobre la mesa y que ya se tramita en el Congreso de los Diputados. Pero aún está sin aprobar y, en algunos sectores se augura un futuro negro a la norma con un panorama político cada vez más polarizado.
La propuesta fija un máximo de 20 alumnos en el segundo ciclo de Infantil, 22 en Primaria, 25 en Secundaria y 30 en Bachillerato, frente a los topes actuales de 25, 25, 30 y 35, respectivamente. Sin embargo, su aplicación será progresiva y no empezará hasta el curso 2027-2028 en Infantil y Primaria, un año después en Secundaria y hasta 2029-2030 en Bachillerato, un calendario que los sindicatos consideran demasiado lento. Eso, si finalmente llega a aprobarse, dado que aún hay dudas en el sector de que esto pase por la polarización política que hace más difícil conseguir un clima adecuado para lograr consensos. A lo que se une la falta de entendimiento entre el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas.
Parches educativos
El presidente del sindicato ANPE, Francisco Venzalá, lamenta que las distintas medidas se estén abordando de forma aislada. “Tenemos parches que forman parte de un Estatuto, pero nada más”, lamenta. Una crítica que es compartida por el presidente del sector nacional de Educación de CSIF, Mario Gutiérrez, quien recuerda que está pendiente Estatuto Docente y «estamos hablando del 2026 y no hay nada». Sindicatos como Anpe están dispuestos a poner el dedo en yaga económica. “La clase media, en la cual estamos no solamente los docentes sino la inmensa mayoría de los trabajadores de este país está absolutamente exprimida”.
Los sindicatos reprochan al Ministerio que cuestiones que llevan años sobre la mesa lleguen al final de la legislatura sin resolver. Y no solo eso, independientemente de que dé tiempo o no a negociarlo, será puesto en marcha, si se lleva a cabo, fuera de la legislatura». “¿Qué se ha hecho del Estatuto? ¿Por qué los médicos, aunque sea un tema conflictivo, están con su Estatuto Marco y nosotros no, en treinta años?”, se pregunta Venzalá. “Es frustrante. No ha habido ningún solo cambio de mejora en las condiciones laborales, retributivas o profesionales pedidas en los cuatro años de legislatura», se queja Gutiérrez. Su temor ahora es que las reformas no queden suficientemente encarriladas antes de que termine la legislatura vuelvan a depender del Gobierno y de las mayorías parlamentarias que salgan de las próximas elecciones.
De ahí que Venzalá prevea un “curso complejo por el escenario político y social que estamos viviendo” porque “se dan muchas variables” y Gutiérrez habla del último curso de la legislatura que puede ser «bastante conflictivo» por los “problemas enquistados”, la lucha política y la falta de acuerdos entre el Ministerio y las comunidades autónomas.
Protestas
El malestar del profesorado se va a ver en la calle. Y es que tendremos un otoño caliente después de que se hayan anunciado movilizaciones en varias comunidades autónomas y con Madrid como uno de los principales focos de tensión donde CC OO y UGT han anunciado una huelga indefinida si antes no hay un acuerdo con la Consejería de Educación. Los sindicatos exigen mejoras laborales, reducción de ratios, menos burocracia y avances reales en la reforma de la profesión docente después de que el final de curso anterior se cerrara con las protestas de la Educación Infantil de 0-3. Csif ha anunciado también que hará protestas frente al Ministerio, pero también frente a algunas consejerías.
Mientras, la escuela concertada ha salido a la calle para protestar por la “infrafinanciación histórica” que sufre el modelo con profesionales que soportan más horas de trabajo con menos salarios, según ha denunciado FSIE. “Mismo trabajo, mismos derechos”, dicen.
El calor se ha convertido también en un problema educativo. Las temperaturas superiores a 30 grados registradas en numerosas aulas durante los últimos finales de curso han multiplicado las protestas de profesores y familias en unos edificios que, en su mayoría, fueron construidos durante el siglo pasado sin estar preparados para episodios extremos de frío o calor. El Gobierno prepara ahora una nueva regulación de los requisitos mínimos de colegios e institutos que incorporará por primera vez de forma expresa la adaptación al cambio climático. Demasiados frentes abiertos para una recta final de legislatura convulsa.