Rabat esquiva la petición de la juez y se niega a dar datos de los narcotúnel
Más de un año después de que la jueza de la Audiencia Nacional (AN) María Tardón solicitara la colaboración de las autoridades del reino alauí para esclarecer qué ocurre al otro lado del primer narcotúnel descubierto en marzo de 2025 en la llamada «Operación Hades», que conectaba de manera subterránea Ceuta con Marruecos, Rabat esquiva la petición de la instructora y sigue sin facilitar la información reclamada.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional remitió una comisión rogatoria a las autoridades del país vecino después del hallazgo de la galería en el polígono industrial del Tarajal. El objetivo era poder continuar en territorio marroquí unas pesquisas que las autoridades nacionales solo podían desarrollar hasta la frontera española. «Los hechos indiciariamente podrían afectar a estructuras criminales en los dos países por los que será necesaria la más amplia colaboración entre las autoridades competentes», señaló entonces la resolución judicial.
La primera solicitud de auxilio judicial fue tramitada a través del Ministerio de Justicia el 21 de febrero de 2025. La magistrada quería que las autoridades marroquíes localizaran con precisión la boca del túnel en su territorio, investigaran las posibles conexiones de los detenidos con organizaciones criminales asentadas en Marruecos y comunicaran a la Audiencia qué diligencias habían practicado para depurar eventuales responsabilidades. Pero la respuesta todavía se hace esperar.
El silencio de Rabat obligó a reiterar los requerimientos. En julio de 2025, Tardón dictó una nueva providencia para conocer el resultado de la comisión rogatoria. Al día siguiente, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes volvió a reclamar la documentación a las autoridades marroquíes. Tampoco entonces se obtuvo ninguna contestación.
La jueza insistió de nuevo en enero de este año para reclamar la colaboración marroquí, cuando estaba a punto de cumplirse un año de la primera petición. La situación, sin embargo, y según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, permanece sin cambios.
El mutismo cobra ahora especial relevancia por la crisis migratoria de Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes en situación irregular el pasado mes de julio y por las relaciones en «stand by» de España con Marruecos, pero también por el lugar al que conduciría la infraestructura. Las pesquisas sitúan la boca marroquí en las inmediaciones de Castillejos y en una zona sometida a especiales medidas de seguridad. La investigación trata precisamente de esclarecer cómo pudo construirse y mantenerse durante, al menos, y tal y como adelantó este periódico, 10 años una galería destinada al tráfico de droga a escasos metros de una de las fronteras más vigiladas de Marruecos.
El narcotúnel desembocaba en una antigua marmolería del polígono del Tarajal y se encontraba a unos doce metros de profundidad. Los investigadores sostienen que llevaba años siendo utilizado para introducir hachís desde Marruecos evitando los controles fronterizos. Una vez en Ceuta, la droga era trasladada posteriormente a la Península.
La magistrada Tardón investiga a una organización que habría contado con una estructura de seguridad para facilitar el tráfico de estupefacientes y en la que aparecen además agentes de la Guardia Civil destinados en Ceuta presuntamente corrompidos. Hay, de hecho, cuatro agentes imputados en la causa por dar, presuntamente, cobertura al grupo criminal a cambio de dinero.
El procedimiento, en el que fueron arrestadas un total de una quincena de personas, trata ahora de reconstruir durante cuánto tiempo estuvo operativo el túnel, quiénes participaron en su utilización y qué estructura existía al otro lado de la frontera. Y todo ello en mitad de una crisis migratoria en la ciudad autónoma, que ha provocado el «colapso» en la región y se ha convertido en un auténtico «vía crucis» para el Gobierno de Pedro Sánchez.
Por otro lado, la magistrada María Tardón también es la instructora encargada de investigar lo ocurrido ante la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el pasado mes de julio. La juez decidió abrir diligencias previas al apreciar indicios de delitos contra la paz e independencia del Estado y ordenó a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía Nacional (Ucrif) la elaboración de un informe que determinase si se trató de una actuación «concertada» por una organización criminal. La magistrada quiere, además, saber los elementos de identificación de quienes hubieran podido participar en tales acciones.
Utilizado para la «entrada de migrantes»
Además, tal y como ya contó este diario, el narcotúnel no se habría utilizado únicamente para el tráfico de drogas. Fuentes consultadas tanto jurídicas como cercanas a casos de narcotráfico, aseguraron que en algún momento estos pasadizos habrían sido utilizados para facilitar la entrada de otro tipo de mercancías como las armas o, incluso, para la entrada irregular de personas migrantes. El hecho de que pudieran ser utilizados para la entrada de migrantes cobra ahora especial relevancia tras la crisis migratoria que rodea a la ciudad autónoma de Ceuta.