El ROP es del trabajador y la última palabra también debe ser suya
La discusión sobre la devolución del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) en Costa Rica suele entramparse en debates técnicos y proyecciones macroeconómicas que olvidan el principio fundamental con el que fue creado en la Ley de Protección al Trabajador (Ley N.° 7983): el ROP es un fondo de capitalización individual.
No hablamos de un subsidio estatal, no es un fondo común de asistencia social y, definitivamente, no debe representar ingresos adicionales para las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC).
Es un ahorro privado, construido mes a mes con el esfuerzo de cada cotizante para garantizarse una vejez digna. Bajo esta premisa, la lógica elemental de la propiedad privada dicta que debe ser el propio trabajador –y nadie más– quien decida si retira sus fondos acumulados al jubilarse o si prefiere mantenerlos invertidos. La tutela excesiva por parte de las autoridades y los administradores roza un paternalismo financiero innecesario que violenta la soberanía del verdadero dueño del dinero.
El cálculo financiero: deudas de usura vs. rendimiento
Desde una perspectiva estrictamente económica, obligar a un pensionado a recibir su ROP a cuentagotas mientras arrastra pasivos con tasas de interés elevadas es un contrasentido.
Existe una máxima financiera ineludible: si el costo de una deuda es mayor que el rendimiento neto que la OPC les genera a sus ahorros, mantener el dinero atrapado es un negocio ruinoso para el ciudadano.
Este escenario se ha vuelto crítico en el país. La nefasta “ley de usura”, lejos de proteger a los más vulnerables, terminó por excluir a cerca de 800.000 trabajadores del sistema financiero formal, empujándolos hacia el mercado informal. Hoy, muchos pensionados enfrentan el acoso de deudas con el interés asfixiante que puede cobrar una tarjeta de crédito o, peor aún, la presión de una deuda con un acreedor privado.
Para un jubilado en esta situación, la decisión más inteligente y con mayor impacto en su flujo de caja inmediato es retirar el ROP en un solo desembolso para saldar esas obligaciones.
Liquidar un pasivo de alta tasa genera un beneficio financiero inmediato que ninguna operadora de pensiones va a poder superar con sus inversiones de mercado.
El ROP, en este contexto, actúa como un salvavidas de triage financiero indispensable. Por el contrario, si la persona goza de estabilidad financiera, no tiene deudas y su presupuesto mensual está cubierto, la historia cambia.
En ese caso de éxito, mantener el ROP invertido se convierte en una excelente alternativa para generar un ingreso pasivo constante que complemente la pensión del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Lo vital aquí es que ambas opciones son válidas, siempre y cuando la decisión responda a la realidad del dueño del dinero.
Un nuevo rol indispensable: el asesor patrimonial independiente
Claramente, no todos los pensionados tienen que ser expertos en finanzas o dominar conceptos de tasas compuestas, inflación y perfiles de riesgo. Es en este punto de quiebre donde la figura tradicional del simple “asesor de pensiones” de ventanilla –que muchas veces responde a las metas de colocación de la propia entidad– debe evolucionar de forma obligatoria.
El mercado y los ciudadanos necesitan el apoyo de un asesor patrimonial independiente. Se requiere de un profesional libre de conflictos de interés, cuyo único norte sea el bienestar integral del cliente.
El futuro financiero de una persona que se retira no puede depender de un folleto estandarizado; se debe analizar, en un espacio de absoluta confianza y en conjunto (pensionado-asesor), cuál es la verdadera conveniencia financiera de cada caso particular. Un verdadero asesor patrimonial pone siempre al cliente en primer lugar, blindándolo de los sesgos y los intereses de las operadoras.
Las comisiones bajo la lupa: ‘No haga cosas buenas que parecen malas’
Un viejo refrán popular advierte: “No hagas cosas buenas que parecen malas, ni malas que parecen buenas”. La resistencia institucional a entregar el ROP en un solo desembolso, o la insistencia en diseñar modalidades de retiro que fragmentan el capital durante décadas, genera una legítima desconfianza en el cotizante.
Para el ciudadano de a pie, la no devolución del ROP o su entrega por partes se interpreta abiertamente como un intento por mantener activos bajo administración sobre los cuales las OPC generan millonarias comisiones.
Cuanto más dinero retengan y más tarden en devolverlo, más comisiones aseguran para sus propias estructuras corporativas. Aunque los reguladores argumenten que buscan proteger al pensionado de una mala gestión de sus fondos, el diseño actual del sistema hace que lo que defienden como “protección” se perciba como un conflicto de intereses para defender un negocio privado a costa del bienestar del jubilado.
El veredicto: la soberanía es del inversionista
El trabajador que cotiza durante 30 o 40 años no es un menor de edad financiero al que el Estado deba tutelar eternamente. Al momento del retiro, ese trabajador se convierte formalmente en un inversionista que debe evaluar su propio balance de vida: sus deudas, su salud, sus proyectos y sus necesidades familiares.
La decisión de retirar el ROP o mantenerlo invertido debe ser del inversionista, no de las autoridades y menos de los administradores.
Ejecutar los cambios bajo esta nueva premisa a nivel legislativo le ahorrará, además, al Estado costarricense los millones de colones que costaría un proceso de referendo para consultar lo que, por sentido común y derecho de propiedad privada, ya corresponde.
Las leyes deben estar para garantizar transparencia y seguridad; las operadoras deberían competir ofreciendo rendimientos atractivos.
Cuando el sistema recurre a la obligación y el candado para retener los fondos, pierde su legitimidad moral. El ROP es del trabajador y la última palabra también debe ser suya.
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Juan Carlos Araya Castillo es analista financiero y de valores.