Más impuestos, menos confianza en lo público

Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en 2018, uno de los mantras de su política económica ha sido la necesidad de «corregir» la brecha de recaudación entre España y Europa. En 2019, el Gobierno cifraba esa distancia en unos seis puntos de PIB: España recaudaba el 35,4 por ciento frente al 41,1 por ciento de la media europea. Sobre esa comparación se justificó parte de la política de subidas tributarias. Siete años después, el resultado merece una reflexión que va más allá de cuánto ingresa Hacienda: está deteriorándose la conciencia fiscal de los españoles. El último barómetro del Instituto de Estudios Fiscales, organismo dependiente de Hacienda, ofrece una señal inquietante. El 24 por ciento de los ciudadanos considera ya que viviríamos mejor sin impuestos, frente al 8 por ciento de 2019. Entre los españoles de 25 a 39 años alcanza el 38 por ciento. El apoyo a la Hacienda Pública sigue siendo mayoritario, un 79 por ciento, pero se erosiona. Un 20 por ciento considera que ningún servicio público se corresponde con el nivel de impuestos pagados y una cuarta parte duda de su eficacia redistributiva. Sería demasiado fácil atribuir este fenómeno a una insuficiente «cultura fiscal» o a las redes sociales. Hay razones económicas que ayudan a explicarlo. Los ingresos tributarios alcanzaron en 2025 el récord de 325.356 millones de euros, un 10,4 por ciento más que el año anterior, según la Agencia Tributaria. Especialmente significativa es la evolución del IRPF. En 2018 recaudó 82.859 millones de euros; en 2025 fueron 142.466 millones, cerca de un 72 por ciento más. Parte responde al aumento del empleo, los salarios y las bases imponibles. Pero en 2025 la recaudación por IRPF aumentó un 10,1 por ciento, mientras sus bases lo hicieron un 7,2 por ciento. Ahí aparece un elemento esencial del malestar: la progresividad en frío. La negativa del Gobierno a deflactar plenamente el IRPF durante el periodo inflacionista ha permitido que aumente la factura tributaria de trabajadores cuyos salarios nominales subían para compensar la pérdida de poder adquisitivo. La inflación se convierte así en un aliado recaudatorio del Estado: el contribuyente puede soportar un tipo efectivo mayor sin haber experimentado una mejora equivalente de su renta real. A ello se suma otro factor corrosivo para la conciencia fiscal : la corrupción política y, en un plano distinto, el uso partidista de la Administración. La disposición a contribuir se resiente cuando el ciudadano sospecha que una parte de sus impuestos no se destina a mejorar servicios o a garantizar la igualdad de oportunidades, sino a alimentar redes clientelares, colocar afines al partido o multiplicar puestos públicos cuya utilidad no resulta acreditada, como es el caso de la 'fontanera' Leire Díez . Conviene no confundir prácticas censurables con delitos, pero el daño institucional existe. Cuando se instala la impresión de que quienes administran el dinero común se reservan privilegios y remuneraciones difíciles de justificar, el contribuyente siente que el sacrificio que se le exige no se corresponde con la ejemplaridad de sus gobernantes. El problema no es solo cuánto se paga, sino qué se recibe y cómo se administra. El cumplimiento tributario forma parte del contrato básico de una sociedad democrática, pero ese contrato también obliga al Estado. Una fiscalidad exigente necesita servicios eficaces, cuentas transparentes, gasto evaluable y una Administración protegida del favoritismo político. Sin esas condiciones, la confianza termina resintiéndose. España necesita ingresos suficientes para sostener el Estado del bienestar, pero también una fiscalidad transparente y previsible. Antes de reclamar nuevos sacrificios, el Gobierno debería impedir que la inflación actúe como una subida fiscal encubierta, evaluar el gasto y extremar la ejemplaridad con los recursos públicos. La conciencia fiscal no se decreta desde Hacienda ni se recupera con campañas pedagógicas. Se merece con una gestión responsable del dinero de todos.