La izquierda freudiana
La izquierda española necesita, para reconocerla, que la realidad confirme sus convicciones morales. Cuando los hechos contradicen ese marco –y la realidad tiene esa costumbre incómoda–, el problema se traslada al lenguaje, a quien lo denuncia o a la legitimidad de plantearlo. Ceuta ha obligado al Gobierno a enfrentarse con realidades que su cultura política había cubierto de sospecha, porque fronteras, autoridad, pertenencia y protección han vuelto con la dureza de lo elemental. Todo ello ha ocurrido con Pedro Sánchez acodado en su Mareta de subordinaciones, acostumbrado a tratar cualquier resistencia como algo vencible mediante disciplina, relato o desgaste.
La incomodidad procede de una idea de libertad que identifica el progreso con emanciparse de los vínculos recibidos. La nación se rebaja a residuo sentimental, la soberanía pierde prestigio y el control fronterizo se carga de sospechas morales, mientras la pertenencia molesta porque obliga a reconocer deberes y límites. Una visión semejante acaba tratando el límite como anomalía –qué palabra más sospechosa, límite– aunque muchos límites sostengan los bienes que permiten la convivencia. Cuando se sospecha de aquello que contiene la voluntad, la autoridad empieza a parecer culpable por ejercerla.
Sobre el debate migratorio ha operado cierta represión freudiana, que durante años ha apartado preguntas incómodas para la conciencia moral progresista. Ha resultado más rentable censurar el vocabulario del adversario que discutir sobre integración, presión migratoria, obligaciones del recién llegado o uso político de los flujos por Marruecos. Quien ha planteado esas cuestiones ha quedado expuesto a la sospecha de dureza, xenofobia o insolidaridad, mientras los problemas han seguido creciendo detrás de palabras que los velaban –la compasión también puede tener su jerga– y hacerlos soportables.
Mientras la realidad ha cabido dentro de la quincalla retórica, ese mecanismo ha podido sostenerse, pero Ceuta ha terminado rompiendo el envoltorio. Juan Jesús Vivas ha acusado al Ejecutivo de pasividad, ha reclamado que cumpla sus obligaciones y ha sugerido que busca evitar un conflicto con Marruecos. Rabat controla parte de la presión fronteriza y conoce el valor político de esa dependencia, mientras el Gobierno administra una relación cuyos efectos recaen sobre una ciudad expuesta. La distancia entre quien decide y quien soporta empieza entonces a entrar en la forma misma de gobernar.
Sánchez ha respondido desde La Mareta mediante reuniones telemáticas y ministros encargados de absorber el desgaste de una crisis que exigía mando. Mientras Ceuta ha soportado una entrada masiva y su presidente ha reclamado protección, Sánchez ha permanecido lejos y ha evitado asumir su responsabilidad. Su ausencia encaja en un poder que concentra decisiones, personaliza éxitos y reparte responsabilidades –el mérito sube, la culpa se distribuye– cuando los acontecimientos comprometen. El Gobierno ha preferido, por eso, discutir la intención de quienes protestan antes que aceptar sus reproches. Protegerse del coste político ha llevado al sanchismo a mirar hacia quienes lo criticaban, en vez de mirar a los ceutíes. Una andana de insultos, descalificaciones y señalamientos ha caído desde los balcones y los sotanillos del Gobierno para endosarle a sus adversarios la dureza y la crispación que amenazan la imagen moral que conserva de sí mismo, dejando a salvo su propia conciencia –pulcra, intacta, satisfecha de sí– aunque la realidad siga desmintiendo el relato. Freud llamó proyección a ese desplazamiento de la culpa hacia fuera.
Y es que la autosatisfacción moral resulta más fácil cuando las consecuencias quedan lejos de quien gobierna, y en Ceuta esa distancia se ha vuelto demasiado concreta para pasar inadvertida. Mientras la ciudad soporta la presión fronteriza y reclama presencia política, Sánchez permanece apartado y deja que otros administren un problema cuya responsabilidad le corresponde. La lejanía acaba contaminando el ejercicio del poder –gobernar exige hacerse cargo de aquello que depende de uno– y devuelve la discusión al vínculo entre autoridad y comunidad, allí donde la izquierda ha ido debilitando la pertenencia al cubrir de sospecha los lazos recibidos y las obligaciones que nacen de ellos.
Una comunidad vive de bienes, deberes y lealtades que nadie ha creado solo, y por eso la libertad política necesita un orden capaz de protegerlos. La frontera forma parte de ese orden porque fija el espacio en el que una sociedad responde por los suyos y puede acoger al extranjero sin volver abstracta la hospitalidad. Quien gobierna recibe esa tarea de custodia, que pertenece a las personas concretas sobre las que ejerce autoridad y a los bienes que deberá entregar sin degradación.
Sánchez ha llegado a esta crisis tras años ejerciendo el poder como si casi todo cediera ante su voluntad y esa tarea, más que tarea, fuera –porque lo son, en el fondo– un contrapoder a su capricho. Ha sometido el partido, ha condicionado instituciones y ha convertido a sus ministros en piezas de una estrategia personal, hasta acostumbrarse a que la resistencia ceda. Esa costumbre ha alimentado una deriva autocrática nacida de su desconexión con la realidad, porque quien trata los límites institucionales como obstáculos acaba creyendo que los hechos pueden esperar. Mientras Ceuta ha reclamado mando, Sánchez ha seguido lejos, más pendiente del relato que de la realidad que debería gobernar.