Renfe llevará a los tribunales la decisión de la CNMC que permite a sus competidores "parasitar" sus talleres
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha criticado la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de obligar a Renfe a abrir sus talleres a Iryo y Ouigo y permitir que estas dos empresas extranjeras "parasiten" la infraestructura industrial que ha construido la firma española.
En una entrevista con Europa Press, el ministro ha calificado de "inaceptable" que el organismo regulador obligue a Renfe a prestar su infraestructura a sus competidores: "Cuando los liberales se ponen en plan liberal, deberían serlo con todas las consecuencias", ha dicho respecto a la defensa que la CNMC hace de la entrada de la competencia en la alta velocidad. "¿Usted tiene infraestructura para mantener sus trenes en España? Si no la tiene, hay dos opciones: invierte y genera su infraestructura o se lleva usted los trenes a su país como hace Renfe con sus trenes de Francia, que los trae a España para mantenerlos. Lo que no se puede pretender es que su competidor sea el que le mantenga sus trenes", ha argumentado.
Puente también ha avanzado que Renfe ya se está armando jurídicamente para llevar esta decisión a los tribunales. "Renfe hace unas inversiones muy potentes en materia industrial pensando en su infraestructura, en sus trenes, no para mantener también los de la competencia", ha trasladado.
Además, el ministro ha tildado de "tramposo e irreal" el proceso de liberalización ferroviaria, ya que la competencia se da entre tres empresas públicas -Ouigo es de la estatal francesa SNCF e Iryo de la italiana Trenitalia- que operan a pérdidas gracias al músculo financiero de los tres estados. "La liberalización tiene dos ventajas claras: la reducción de precios y el incremento de la oferta, pero a partir de ahí todo son problemas. Hemos pasado de una empresa que ganaba 150 millones al año a tres que pierden 230 millones porque el mercado no permite estos precios tan bajos. Antes nos daba un colchón económico para financiar servicios públicos deficitarios y ahora ese dinero sale directamente de los impuestos", ha explicado.
Mercado de autobuses
Algo similar ocurre en los autobuses, mercado en el que la CNMC recomienda abrir a la competencia las rutas de más de 100 kilómetros, que son las más rentables, y dejar el resto, generalmente las deficitarias, a cargo del Estado. El ministro ha señalado que la realidad de España es distinta a la de otros países, con 8.000 municipios y sin un servicio ferroviario de proximidad que conecte todos ellos, lo que hace que el autobús de servicio público sea vital para conectarlos. "Cohesionar un país a través del transporte en autobús exige, en muchas ocasiones, prestar servicios que son deficitarios. Eso una liberalización no lo va a garantizar y podríamos provocar que muchos municipios del entorno rural se vean privados del servicio de autobús, además de que en periodos vacacionales se disparen los precios, algo que con el sistema concesional que tiene España actualmente no ocurre", ha añadido.
En este sentido, la empresa alemana Flixbus lleva años pidiendo la entrada de la competencia en las rutas de autobús o, en caso de no liberalizarse, poder hacer cabotaje, es decir, transportar viajeros de una ciudad española a otra en sus rutas internacionales, algo que ahora no se permite. Para Óscar Puente, esto se trata de una "trampa", puesto que el servicio entre localidades españolas ya lo presta una empresa en solitario bajo un contrato acordado con el Estado. Si Flixbus aprovecha su ruta internacional para llevar viajeros entre dos ciudades españolas, estaría rompiendo esas reglas con las que la otra empresa concesionaria opera. "Vender la idea de que tú haces una ruta desde Lisboa a una localidad alemana perdida no se sabe muy bien dónde y que aprovechando eso hagas la Madrid-Zaragoza es hacer trampas y distorsionar el modelo de nuestro país, que busca garantizar la cohesión territorial", ha justificado.
En cuanto a los puertos, el ministro ha avanzado que el Gobierno está trabajando con la Organización Marítima Internacional (OMI) para que establezca un marco único de requisitos medioambientales en todos los puertos del mundo, un acuerdo que casi se firma pero que la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo hizo "saltar por los aires". Siendo una gran potencial mundial en transporte marítimo, España está interesada en que ese acuerdo salga adelante, ya que una parte de sus tráficos se los están quitando países externos a la Unión Europea donde es más barato realizar el transporte, al no existir en esos puertos una tasa adicional que grava la contaminación. "Si en todos los lugares del mundo hay las mismas reglas, si los derechos de emisión de gases contaminantes se cobran en todos los puertos del mundo, este ya no será un problema europeo, sino que será un marco de funcionamiento a nivel mundial", ha concluido.