El calor se trata ya como una nueva desigualdad
Ursula Nicoley tiene 88 años, vive sola en una vivienda de Coblenza (Alemania) y todavía puede hacer la compra, ocuparse de su casa y acudir a sus clases de yoga, pero esa autonomía desaparece cuando el termómetro supera los 25 grados. Durante la última ola de calor, con temperaturas cercanas a los 40, pasó el día tumbada en la cama. “No hice nada, salvo sobrevivir”, cuenta esta jubilada a la televisión pública regional SWR, una frase que resume lo que el verano empieza a significar para miles de personas mayores en el país germano. El calor ha dejado de ser una incomodidad excepcional para convertirse en un problema sanitario y social que no afecta a todos por igual, porque mientras algunos viven en casas bien aisladas, pueden refrigerarlas o marcharse durante los días más duros, otros quedan atrapados en pisos que no consiguen enfriarse, pasan la jornada en una obra o dependen de que un vecino recuerde llamar a su puerta. La temperatura puede ser la misma. La posibilidad de escapar de ella, no.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, el socialdemócrata Jochen Flasbarth, ha reclamado por este motivo que Alemania tenga en 2027 un plan nacional de protección frente al calor que reúna lo que ya hacen algunos estados federados y municipios, pero también cubra los enormes vacíos que siguen existiendo. “El próximo verano necesitamos un plan nacional”, aseguró después de que las últimas olas de calor volvieran a mostrar que el país sabe advertir del peligro, aunque todavía discute quién debe proteger a la población y quién debe pagar esa adaptación. La respuesta alemana sigue condicionada por el federalismo. La protección frente al calor corresponde en gran medida a los Länder, los municipios gestionan las medidas concretas y Berlín solo puede fijar un marco o financiar programas determinados, de modo que una ciudad puede contar con protocolos para hospitales y residencias mientras otra considera suficiente publicar consejos en su página web. No existe una definición común ni unos mínimos obligatorios, y convertir la adaptación climática en una responsabilidad compartida exigiría que los estados cedieran competencias y aceptaran una intervención estable del Gobierno federal.
Las diferencias se hacen visibles en las ciudades. En Berlín, las zonas de asfalto y hormigón sin árboles pueden registrar hasta siete grados más que los barrios periféricos y en la Karl Marx Strasse, una de las principales avenidas de la capital, se midieron en junio 50 grados junto al suelo. Quienes viven en viviendas baratas, construidas hace décadas y sin aire acondicionado, suelen soportar además más tráfico, peor calidad del aire y menos espacios verdes. Para las personas sin hogar, algunos expertos reclaman incluso autobuses de asistencia durante el verano, similares a los que recorren las calles en las noches de invierno. El calor tampoco se queda fuera de colegios, hospitales o residencias, edificios donde la refrigeración sigue siendo escasa. Además, quienes trabajan en la construcción, los cuidados o la policía necesitan pausas, sombra y horarios adaptados, porque con temperaturas extremas cae la concentración y aumenta el riesgo de accidente. La factura también llega a la economía: un solo día de calor cuesta al menos 430 millones de euros por la pérdida de productividad. Flasbarth ha puesto como ejemplo la céntrica plaza Gendarmenmarkt de Berlín, renovada por millones de euros pero sin plantar un solo árbol. Ya no es solo una cuestión de cuánto calor deberá soportar Alemania, sino por qué tantas calles, viviendas y centros de trabajo siguen sin estar preparados para convivir con él. Ursula Nicoley tiene la suerte de que sus vecinos llaman a su puerta cuando no la ven. La política alemana discute ahora cómo conseguir que esa protección no dependa de la suerte.