Sánchez subcontrata la frontera con Mohamed VI

Cada hecho que sucede en Ceuta evidencia más claramente la debilidad de Pedro Sánchez y su gobierno. Quince días después del asalto fronterizo, no se sabe con exactitud el número de personas que permanecen en la ciudad, ni cuantos de ellos son menores. Mientras que el ministerio del Interior maneja la cifra de unos 5.000, de los cuales 1.898 son menores no acompañados, Save The Children confirma una cifra muy superior.

Los ministros comparecen, unos tras otros, con el mensaje aprendido de que en la ciudad autónoma reina la normalidad. Pedro Sánchez ha evitado sistemáticamente pronunciarse sobre la crisis escudándose en los miembros del gobierno, pero ninguno ha comparecido en el Parlamento para dar explicaciones de una situación que va más allá de lo nacional porque ha tenido serias repercusiones en la Unión Europea.

Grande-Marlaska ha tardado dos semanas en comprometerse públicamente a garantizar que se practicará la devolución a Marruecos de los inmigrantes irregulares y lo ha hecho presionado por la amenaza de una nueva oleada de inmigrantes. Sólo así ha reforzado la presencia de efectivos de seguridad, algo que venía reclamando el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas y la población residente.

Frente a la normalidad proclamada desde la Moncloa a través de las declaraciones en cascada de los ministros, la realidad que viven los 83.000 ceutíes es muy distinta. Hay problemas de seguridad, vulneraciones de la integridad de menores y problemas sanitarios porque los servicios médicos están desbordados.

La ministra Mónica García tampoco ha visitado Ceuta, a pesar de que es la responsable directa de su funcionamiento. Hay que recordar que las dos ciudades autónomas son las únicas cuyos servicios sanitarios siguen gestionados por el ministerio, el resto está gestionado por las comunidades autónomas.

Sus intereses personales están fuera de España en este momento, parece que la vicepresidencia de la OMS es su objetivo y cuenta con el aval de Sánchez, pero esta dejación de funciones evidencia que mantener la legislatura solo tiene como finalidad solucionar el futuro personal de Sánchez y de sus aliados.

Se sabía desde hace días, por las convocatorias a través de las redes sociales, que se estaba organizando otra entrada masiva e irregular en territorio español y había preocupación en Europa por la manera en que lo encararía el ejecutivo.

Sin embargo, no se han reproducido los incidentes del 31 de julio, pero no ha sido gracias a la acción gubernamental, sino a que Marruecos ha decidido, en esta ocasión, impedir que cientos de personas lleguen al paso del Tarajal.

El Reino alauí ha establecido controles en carreteras, desplegado miles de efectivos, utilizado vigilancia marítima y drones y bloqueado a los grupos antes de alcanzar la frontera, algo que no hizo el 31 de julio.

Hace dos semanas decenas de miles de personas atravesaron la frontera de Ceuta. Hoy cientos lo han intentado de nuevo. Esta vez no han llegado. Marruecos los ha parado varios kilómetros antes. Si tenía capacidad para controlar el flujo hoy, el gobierno debería dar su propia versión de por qué esa capacidad no funcionó el 30 y 31 de julio.

La lectura de los hechos es obvia, si Marruecos coopera, la presión disminuye; si esa cooperación falla, España descubre una vulnerabilidad extraordinaria. En esas condiciones, ¿puede la sociedad española considerar segura una frontera cuya estabilidad depende de la voluntad política de otro Estado? La relación con el país vecino ha cambiado y Marruecos ha ganado varios pulsos a España por la debilidad y los errores de la Moncloa.

Un Estado fuerte no es el que trata peor al inmigrante, es el que controla eficazmente su frontera, identifica antes al que entra, protege inmediatamente al menor y devuelve con garantías a quien no tiene derecho a permanecer.

Si la seguridad fronteriza del país depende de la voluntad de Marruecos, en términos políticos equivale a subcontratar la soberanía. La cooperación con Rabat es necesaria, pero delegar en ellos es una irresponsabilidad más de este gobierno.

La colaboración de Rabat ha evitado hoy una nueva crisis en Ceuta. Hay que reconocerlo. Pero, precisamente esa eficacia, obliga a España a hacerse la pregunta incómoda de por qué nuestra frontera exterior depende hasta tal punto de las decisiones que se toman al otro lado. Un país serio coopera con sus vecinos; no delega en ellos su soberanía.