El pescozón de los jueces a Sánchez por la corrupción política: amenaza la «estabilidad» del sistema
La corrupción deja rastro en los sumarios judiciales, pero también en el lenguaje de quienes los escriben. Los magistrados han puesto el grito en el cielo contra la corrupción política y lo han hecho de una forma especialmente sensible y contundente para el Gobierno socialista de Pedro Sánchez.
No es baladí que tanto en el auto judicial de la Audiencia Provincial de Madrid, que avala el procesamiento contra Begoña Gómez, como en las dos últimas sentencias que condenan al círculo más próximo al presidente del Gobierno –en referencia al «caso Koldo» y «caso David Sánchez»–las citas jurisprudenciales repitan un mismo diagnóstico: el verdadero coste de la corrupción.
Pero no se trata de un reproche dirigido a un solo acusado y ni siquiera a un solo procedimiento judicial. Los magistrados han dejado un mensaje inequívoco a aquellos que ostentan los poderes públicos en defensa de la democracia y de los propios ciudadanos frente a una amenaza capaz de erosionar la legitimidad de las instituciones y la «estabilidad del propio sistema».
Las tres resoluciones judiciales coinciden en que la corrupción no solo vacía las arcas públicas, sino que erosiona el poder democrático. La Audiencia Provincial de Madrid formula un alegato con especial contundencia en el auto dictado en la causa que ha mandado a la esposa de Pedro Sánchez ante un jurado popular por delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Los jueces sostienen que los delitos contra la Administración Pública tienen una «vis expansiva», que trasciende del «daño económico o de la violación de los deberes por parte de los servidores públicos».
Según explican, lo verdaderamente grave de las prácticas corruptas está en el «deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político», al quebrar la expectativa de que el poder democrático se ejerce en beneficio del conjunto de la ciudadanía. Pero también detallan que nuestra sociedad de hoy está viendo con sus propios ojos cómo quienes ocupan posiciones de poder actúan guiados por «intereses privados o ajenos al servicio público para obtener un beneficio» y que esto, inevitablemente, provoca una «pérdida de legitimidad institucional, que compromete la estabilidad del propio sistema».
El mismo razonamiento, aunque con otros matices, aparece en la sentencia condenatoria contra el hermano del presidente del Gobierno por un «delito de despacho» (como así lo definen los propios jueces) o propiamente definido como una prevaricación administrativa. Los magistrados incidieron en el especial reproche que merece, a su juicio, el uso de la posición pública para obtener ventajas indebidas.
La Audiencia Provincial de Badajoz dejó en sus más de 370 páginas una reflexión en contra de la corrupción, el tráfico de influencias y el «enchufismo» en empresas públicas al detallar que el nepotismo es una «práctica consistente en el trato de favor hacia familiares o amigos en orden a la obtención de puestos, ascensos o beneficios, ignorando los principios de igualdad, mérito y capacidad que rigen el acceso a los cargos públicos, la promoción en los mismos o la obtención de ventajas derivadas del ejercicio de funciones administrativas».
Por si fuera poco, los jueces denunciaron que esta práctica, poco ética, «daña la salud democrática, fomenta la corrupción y la desigualdad de oportunidades», pero también «merma» la eficiencia en el desempeño del empleo en las administraciones públicas porque acceden personas «carentes» de la preparación necesaria.
Todos estos magistrados han seguido, probablemente, la estela que ya dejó el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, en la sentencia condenatoria contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Luzón ya explicó que el efecto más grave de la corrupción y el nepotismo sobre el sistema democrático está en el «deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político» y en la «erosión» de los fundamentos del Estado democrático al «distorsionar la finalidad del poder público y convertirlo en un instrumento al servicio de intereses particulares».
El paralelismo en el alegato de los jueces en contra de la corrupción política y las prácticas clientelares resulta especialmente llamativo por dos cosas: porque recurren a un lenguaje poco habitual en las resoluciones judiciales para subrayar el impacto institucional de las corruptelas y porque lo hacen en el momento en que otros tribunales están investigando una presunta «cloaca» de Ferraz que trataba de «desestabilizar» los casos judiciales que, precisamente, indagaban en las prácticas anómalas y contrarias a la ley del Ejecutivo sanchista.