El déficit de la Universidad de Sevilla abre la puerta a un plan de ajuste supervisado por la Junta: el último precedente está en Málaga

La situación económica de la Universidad de Sevilla no es buena. La propia Hispalense ya está tomando medidas para contener el gasto e intentar encontrar un equilibro financiero que no es fácil por las cantidades presentadas en las últimas cuentas auditadas. Uno de los conceptos más preocupantes está en los nueve millones de remanentes no afectados negativos que tiene la institución, algo que prácticamente la deriva en una intervención del Consejo Social. La LOSU establece en su artículo 57.8 que, cuando una universidad pública presenta un remanente negativo al liquidar su presupuesto, su Consejo Social debe aprobar en el ejercicio siguiente una reducción de gastos por una cuantía equivalente al déficit registrado. La norma también prevé que las transferencias que realiza la comunidad autónoma queden condicionadas a la adopción de estas medidas correctoras. Es decir, la Junta de Andalucía puede exigir que la Universidad acredite la puesta en marcha del plan de ajuste antes de autorizar determinadas aportaciones económicas. Además, si la situación no se corrige, faculta a la administración autonómica para adoptar las medidas necesarias que garanticen la estabilidad presupuestaria de la institución, con una mayor supervisión de cuentas. La situación financiera que reflejan las cuentas de la Hispalense presenta algunos paralelismos con la que atravesó la Universidad de Málaga , aunque con diferencias claras en magnitud. En el caso de Málaga, su remanente negativo era superior a los 30 millones de euros, obligó a la concesión por parte de la Junta de Andalucía de un préstamo extraordinario para sanear sus cuentas y la aprobación de un plan de reequilibrio financiero. En la Universidad de Sevilla, sus remanentes negativos son de nueve millones y de los 36,5 millones de euros de acreedores no presupuestarios, más de 26 millones corresponden a obligaciones vinculadas al personal (complementos, homologaciones, pagas extraordinarias...), mientras que otros 6,6 millones responden a gastos corrientes. Este reparto refuerza la tesis que viene sosteniendo el equipo que lidera Carmen Vargas de que una parte importante del desequilibrio económico tiene su origen en la insuficiencia de financiación para hacer frente a los costes estructurales de la plantilla, un argumento que previsiblemente centrará el debate con el nuevo consejero de Universidades de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela , cuando se analice el caso.