El Gobierno "pasa" del demoledor informe sobre vivienda del Banco de España

El último informe del Banco de España sobre el mercado inmobiliario debería haber reordenado por completo el debate público sobre la vivienda en España. No lo ha hecho. Y no por falta de claridad, sino por un evidente interés político en ignorar lo que realmente dice.

El diagnóstico es incómodo porque es estructural. España no tiene un problema puntual ni un culpable concreto. Tiene un problema persistente de oferta: allí donde crecen la población, el empleo y la actividad económica, la vivienda no llega. Llega en menor cantidad de la necesaria, tarde y no donde se necesita.

Las consecuencias son conocidas. Cuando la oferta no responde, los precios suben, el acceso se deteriora y los hogares más vulnerables quedan expulsados del mercado. No es ideología. Es economía básica.

El informe del Banco de España no deja margen a lecturas interesadas. Señala escasez de suelo finalista, lentitud en el planeamiento urbanístico, cuellos de botella administrativos, inseguridad jurídica, falta de capacidad en el sector constructor y un desajuste creciente entre la creación de hogares y la producción de vivienda nueva. En definitiva, fallos acumulados durante años que no se corrigen con medidas aisladas ni con titulares efímeros.

Sin embargo, la reacción política ha sido simplificar el problema hasta hacerlo irreconocible.

Mientras el Banco de España describe un problema de oferta, el Ministerio de Vivienda ha optado por centrar el foco en los usos turísticos y en una cifra repetida hasta la saciedad. Las supuestas 900.000 viviendas destinadas a turismo o inversión se han convertido en argumento político más que en diagnóstico económico.

Conviene recordar, además, que esa cifra no equivale a 900.000 pisos turísticos ni a 900.000 alquileres residenciales disponibles. En realidad, es una agregación de realidades distintas, muchas de ellas vinculadas a usos turísticos, inversión, segunda residencia o propiedad de no residentes, y especialmente concentradas en zonas de costa, islas y mercados estacionales.

La divergencia es evidente. El Banco de España señala causas estructurales. El Gobierno señala culpables. El Banco de España exige reformas profundas. El Gobierno propone restricciones inmediatas.

No es un error de lectura. Es una estrategia.

Buscar culpables

Resulta mucho más rentable políticamente construir un relato de buenos y malos que explicar por qué España lleva años sin liberar suelo de forma eficiente, por qué los procesos urbanísticos pueden superar una década o por qué la inseguridad regulatoria desincentiva la inversión en vivienda.

Hablar de licencias, planeamiento o coordinación administrativa no genera titulares. Señalar a los pisos turísticos, sí.

Sin embargo, convertir la vivienda turística en el eje del problema no la convierte en su causa principal.

España no es un mercado homogéneo. No es lo mismo el centro de Barcelona que un municipio del interior, ni una vivienda gestionada profesionalmente que una segunda residencia familiar o un inmueble vacío en una zona sin demanda estructural. Tampoco es lo mismo una gran capital tensionada que una zona de costa, una isla o un municipio turístico donde la vivienda responde a dinámicas de estacionalidad, segunda residencia o actividad económica ligada al visitante. Mezclar realidades distintas puede servir para construir un discurso, pero no para diseñar política pública eficaz.

Además, el argumento central del relato oficial -que limitar el uso turístico liberará vivienda y reducirá precios- es débil. La mayoría de estas viviendas no se transformará en alquiler residencial. Y los datos agregados refuerzan esta conclusión: en un país que crea en torno a 250.000 hogares al año, pero apenas construye unas 130.000 viviendas, y donde el parque de vivienda turística ronda las 350.000 unidades, atribuir el problema a este segmento no resiste un análisis serio.

Tampoco conviene olvidar que una parte de esa oferta procede de pequeños propietarios que no operan como grandes tenedores ni como profesionales del alojamiento, sino que obtienen ingresos complementarios de activos familiares, segundas residencias o viviendas de uso ocasional. Tratar todas esas realidades como si fueran una misma bolsa disponible para el alquiler permanente es una simplificación interesada.

El comportamiento reciente del mercado lo confirma. Aunque el número de viviendas turísticas ha descendido desde aproximadamente 400.000 en 2024 a unas 355.000 en 2025, el acceso a la vivienda no ha mejorado. Al contrario, ha empeorado. La razón es sencilla: restringir un uso no crea nueva oferta residencial.

Y sin nueva oferta, el problema permanece.

El peligro de esta insistencia no es solo su ineficacia, sino sus efectos colaterales: más inseguridad jurídica, menos inversión, desconfianza en el mercado, penalización de los propietarios modestos y desplazamiento de la actividad hacia fórmulas menos transparentes.

A ello se suma un posible impacto sobre la competitividad turística, un sector clave para la economía española, que podría verse afectado si se reduce la oferta alojativa sin alternativas suficientes. Nada de esto aparece en el relato simplificado, porque no encaja en él.

La cuestión no es si la vivienda turística debe regularse -debe hacerse con criterios claros y proporcionados-, sino si puede seguir utilizándose como comodín político para evitar una discusión más exigente.

Porque el diagnóstico real está sobre la mesa. Y no es nuevo.

Aumentar la oferta de vivienda en España exige medidas concretas: liberar suelo, agilizar el planeamiento, reducir plazos administrativos, garantizar seguridad jurídica, incentivar la construcción y la rehabilitación y adaptar las políticas a la realidad de cada territorio. Exige, en definitiva, hacer política pública en lugar de política de relato.

El Banco de España ha cumplido su función: describir el problema. Ahora corresponde al Gobierno decidir si quiere abordarlo o seguir buscando culpables.

La vivienda es demasiado importante como para convertirla en un juego de chivos expiatorios. Pero también demasiado compleja como para resolverse sin asumir responsabilidades.