La paradoja de un país privilegiado e inconsciente de su privilegio
Este mes de junio, la ONU conmemora el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura, una de las formas de violencia más destructivas que puede haber porque supone infligir sufrimiento físico o moral extremos por parte de agentes estatales.
En los últimos cinco años, he participado de varias misiones, sobre todo en América Latina, en las que hacemos inspecciones a espacios en los que haya personas bajo custodia del Estado –hospitales psiquiátricos, hogares infantiles, centros de desintoxicación, cárceles, comisarías, etc.–. A partir de esas visitas, se rinden informes a las autoridades, en los que se alerta de potenciales riesgos de tortura u otros tratos incompatibles con la dignidad humana.
Tengo la sensación de que hay lugares, por ejemplo, en el Cono Sur, donde existe una mayor conciencia pública e institucional respecto de la gravedad de la tortura y la necesidad de prevenirla y erradicarla. Tiene sentido. Las dictaduras militares del siglo XX dejaron tras de sí miles de desapariciones forzadas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales (solo 30.000 en Argentina y cerca de 9.000 en Chile).
Al hilo de uno de los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo –que bien pudieron haberse promovido en el Perú de Alberto Fujimori o en el Paraguay de Alfredo Stroessner–, el gobierno busca crear una suerte de presunción de legítima defensa frente a cualquier acto de la policía o, incluso, de vigilantes de empresas de seguridad privada –¡demencial!–. Si un oficial agrede a alguien, los tribunales tendrían que asumir que el ciudadano –usted, yo o cualquiera– es el culpable de su propia agresión. Y hay gente apoyando en redes sociales semejante disparate.
Hemos sido un país privilegiado, pero, paradójicamente, esto también parece, al menos en ciertos sectores, nublar la comprensión de que relajar los controles sobre las fuerzas del orden no traerá más seguridad, sino que nos hará a todos más vulnerables.
Las democracias liberales únicamente tienen sentido en la medida en que el Estado garantice los derechos fundamentales de sus ciudadanos y eso pasa por limitar a quienes, dado el poder que detentan, pueden verse tentados a abusar de él. Y en los tiempos que corren, vale la pena recordar algo: eso no implica defender a la delincuencia, ni a los malos; con eso solo reconocemos que las fórmulas autoritarias en nuestra región nunca terminaron bien.
mfeoliv@gmail.com
Marco Feoli es abogado, profesor en la Universidad Nacional (UNA) y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU.