Artista plástica absuelta por protesta durante traspaso de poderes: ‘Me querían encarcelar para dar el ejemplo’

La artista plástica Cosima Barnabó Monti fue absuelta la noche del sábado del delito de resistencia agravada, tras ser detenida el 8 de mayo en las afueras del Estadio Nacional, durante el traspaso de poderes de la presidenta Laura Fernández, cuando protestaba con una manta contra la situación de violencia en Gaza y por la presencia de un alto dignatario del gobierno israelí como invitado de honor al evento.

En entrevista con La Nación, la mujer aseveró que su caso quiso ser usado como una lección para futuras manifestaciones.

“Creo que la presidenta me usó como para dar el ejemplo de opresión. Me querían encarcelar porque me habían imputado cargos por cinco años de cárcel, que me parece exagerado”, afirmó.

Barnabó recibió la absolutoria con tranquilidad. “De un lado bien, porque fui absuelta, aunque siempre estuve muy tranquila porque nunca hice nada con mala intención ni para dañar a nadie. Y contenta porque la absolutoria fue por atipicidad”, recalcó.

Sobre la actuación policial, la calificó de “pésima, como dijo el juez, los policías no sabían qué es orden público, crearon un desastre porque yo no estaba gritando”.

Según relató, la situación escaló después de que los oficiales la golpearon. “En ese momento no era importante. ¿Cuándo fui importante? Cuando ya me habían golpeado, entonces me subí a la reja y empecé a gritar para llamar a la prensa porque yo estaba sola. A mí me podían llevar y desaparecer”, explicó.

Amanda Segura Salazar, abogada de Barnabó dijo que su clienta simplemente estaba afuera del reciento deportivo como parte de su ejercicio como ciudadana con derecho a expresarse.

“Doña Cosima se manifestó con una manta en las afueras del estadio para expresar su oposición al genocidio en Gaza”, recalcó la defensora.

La litigante detalló que al menos 10 policías abordaron a la manifestante. “Las autoridades justificaron la detención alegando que ella se ponía en peligro, que gritaba improperios y que su perrita sufría por el calor; sin embargo, consideramos que estas fueron excusas falsas para reprimir su protesta pacífica", contó Segura.

Segura describió que “la fiscalía presentó una acusación deficiente, contradiciéndose al tratar de proteger la actuación policial mientras solicitaba la absolutoria por no poder probar los hechos”.

Según la abogada, el ente acusador intentó defender a los oficiales alegando que no se lograron probar ciertas circunstancias de las agresiones, mientras sostenía que el actuar policial había sido legítimo.

La defensa sostuvo que Barnabó ejercía un derecho constitucional pacífico, que no hubo amenazas ni improperios de su parte y que la versión policial sobre el supuesto peligro, incluida a una Chihuahua, mascota de la mujer, lo cual carecía de sustento.

Supuesta mordida

Uno de los argumentos centrales del litigio desarrollado Juzgado de Flagrancia de Goiocechea, fue la acusación de que la manifestante habría mordido a un policía durante el forcejeo, situación que Segura desmintió: “La versión del oficial fue inconsistente, cambiando de una a tres veces y los dictámenes médicos no eran compatibles con el mecanismo de lesión descrito por los oficiales”, subrayó.

Según la defensora, la supuesta mordida ocurrió cuando los policías intentaron arrebatarle por la fuerza una manta que portaba la mujer, acción que Barnabó trató de impedir como parte de su derecho a proteger su propiedad y su protesta.

La jueza coincidió con ese argumento. Determinó que, independientemente de si la mordida ocurrió o no, la manifestante tenía derecho a repeler una agresión policial que calificó de ilegítima. Al intentar los oficiales quitarle la manta, razonó el juez, Barnabó ejercía un acto legítimo de defensa de su propiedad y de su derecho a manifestarse.

Orden público como herramienta de represión

Segura cuestionó el argumento de la Fiscalía sobre una supuesta alteración del orden público. Denunció que ese concepto fue utilizado de forma “indeterminada” y como una herramienta de represión ante lo que al gobierno no le gusta.

La defensora señaló además, una contradicción en el contexto del evento: dentro del estadio se permitieron símbolos considerados racistas, como la bandera confederada de Estados Unidos, mientras se reprimió una manifestación pro-Palestina que consistía en una persona con una manta y dos jóvenes con una bandera. “La fiscalía nunca pudo definir ni demostrar cuál fue el orden público que supuestamente se alteró”, aseguró la abogada.

El juez determinó, añadió la defensora, que la acusación estaba mal formulada porque no describió de forma lógica ni concreta cuál era el supuesto orden público alterado, ni por qué la actuación policial, que resultó arbitraria, podía considerarse legítima.

En su razonamiento, el juzgador apeló a principios democráticos y sostuvo que el actuar policial contravino la Constitución Política y el derecho internacional, además enfatizó que el principio democrático y republicano implica el deber estatal de tolerar voces contrarias, incluso si el gobierno no está de acuerdo con ellas.

La defensa de la artista plástica indicó que el juez citó sentencias de la Sala Constitucional y opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordando que existe un deber positivo del Estado de capacitar a la policía para atender manifestaciones, priorizando el diálogo y entendiendo que el uso de la fuerza debe ser siempre la “última opción”.

La conducta de la manifestante, concluyó el juez, nunca encajó en el tipo penal de resistencia agravada que le imputaba la Fiscalía.