Armengol y los límites que nunca se habían cruzado en democracia
Septiembre de 2023. Francina Armengol, recién elegida como presidenta del Congreso de los Diputados, protagoniza una polémica a causa del reparto de escaños en la Cámara. Era el momento de decidir dónde se sienta cada diputado, todos presionaban por ocupar los escaños de mayor visibilidad, los que mejor salen en el tiro de las cámaras, y el reparto acabó decepcionando a unos cuantos. Sobre todo, a la oposición.
Aprovechando la mayoría del PSOE y Sumar en la Mesa, el órgano de gobierno del Congreso, los escaños quedaron repartidos de tal forma que los puestos más visibles acabaron para los partidos del Gobierno y sus socios. Una parte importante de los diputados del PP se tuvieron que sentar en el gallinero y los de Vox, la tercera fuerza más votada, ni siquiera se pudieron sentar juntos. Eso sí, una parte de Vox quedó incrustada en la bancada de los populares. Si uno no los conoce bien, es difícil saber si algunos diputados son del PP o de Vox, todo un mensaje político.
Esa fue una de las primeras veces en las que se acusó a Armengol de utilizar su poder al frente del Congreso, una institución que representa a toda la ciudadanía, para favorecer los intereses del Gobierno. Casi tres años después de aquello, las quejas no sólo han crecido en cantidad, sino que se han transformado de asuntos técnicos a cuestiones de verdadero calado.
La que quizás sea una de las polémicas más graves de la legislatura se ha vivido esta misma semana, con la Mesa tumbando varias iniciativas del PP y de Junts en las que se instaba a Pedro Sánchez a que disolviera las Cortes y convocara elecciones generales. El impacto de la votación habría sido enorme para el Ejecutivo, ya que habría evidenciado que una mayoría parlamentaria da por concluida la legislatura. Es algo que se sabe, por las declaraciones de sus propios socios, pero se habría puesto negro sobre blanco.
Armengol ha ayudado a evitar esa imagen para Sánchez y, aunque finalmente el PP ha logrado colocar un debate sobre una cuestión de confianza, los populares denuncian "atropellos" y un "largo historial de cacicadas" por parte de la presidenta del Congreso. "Vuelve a actuar al servicio de Pedro Sánchez, plegándose a sus órdenes en lugar de velar por los intereses de todos los representantes de los españoles en la Cámara", denuncian fuentes del PP.
Y es que lo que ha sucedido esta semana es sólo el último paso de un largo recorrido empezado hace tres años y que tiene a la oposición, y de vez en cuando también a algunos socios, clamando al cielo por la utilización partidista que el Gobierno hace del Congreso, con Armengol como facilitadora.
Otro ejemplo de estas prácticas, que además se sostiene en el tiempo, es lo que en la Cámara Baja han pasado a llamar "el congelador de Armengol". PSOE y Sumar aprovechan su mayoría en la Mesa para prorrogar, semana tras semana, el periodo de enmiendas de numerosas iniciativas. Algunas de esas ampliaciones de plazo se deben a que, efectivamente, no hay acuerdos entre los partidos y las iniciativas no están listas para debatirse. Otras, un gran número de ellas, porque el Gobierno está en minoría parlamentaria y alarga la tramitación para evitar que se voten y decaigan.
Sin embargo, hay proposiciones de ley que vienen de otros grupos parlamentarios o del Senado, que sí tienen apoyos suficientes para convertirse en una realidad y acabar en el BOE, pero que la Mesa "congela" porque son contrarias a la hoja de ruta del Ejecutivo. Hay medidas económicas o sobre la okupación, por ejemplo, que podrían contar con el voto de PP, Vox, Junts y PNV pero quedan atascadas "sine die". Es decir, el Gobierno no tiene mayorías para sacar adelante sus leyes, pero tampoco deja que el resto de partidos avancen con las suyas. El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en contra de estas prácticas en otras legislaturas, pero Armengol lo sigue permitiendo ahora.
Que esto es algo deliberado se vio gracias a Junts. En febrero del año pasado, los independentistas registraron una ley contra la multirreincidencia. Era una norma que el Gobierno no compartía y que quedó bloqueada hasta que Carles Puigdemont anunció que rompía con Pedro Sánchez por sus incumplimientos. Uno de esos incumplimientos era esta ley de multirreincidencia que, en cuanto Sánchez intentó atraer de nuevo a Junts, se desbloqueó como por arte de magia. Pasó meses inmóvil y bastó un toque de atención desde Waterloo para que la tramitación se acelerara, se votara y acabara plasmada en el BOE.
Esta práctica del "congelador" también está afectando a la capacidad legislativa del Senado, ya que muchas de las normas que encallan en la Cámara Baja vienen de la Alta. De hecho, el PP denunció a finales del año pasado esta práctica en un recurso ante el Tribunal Constitucional. El Senado forma parte del poder Legislativo y este bloqueo sistemático implica que "el Congreso está hurtándole al Senado su facultad de legislar, por orden del Gobierno", en palabras de Alberto Núñez Feijóo. Pero no es la única forma en la que se está utilizando el Congreso para desactivar una institución en la que el PP tiene mayoría absoluta.
El Senado tiene derecho a enmendar leyes que vienen del Congreso y, si lo hace, estas normas tienen que volver al Congreso para que el Pleno vote si mantiene o no dicha enmienda. Bajo el mando de Armengol, y por primera vez en la democracia, el Congreso está vetando en su Mesa enmiendas que provienen del Senado, evitando así que se voten. Esta es una práctica que ha sido desaconsejada incluso por el letrado mayor del Congreso, que accedió al puesto tras ser designado por la propia Armengol.
Para vetarlas, además, está recurriendo a una justificación relativamente novedosa, algo que podría denominarse como una especie de veto presupuestario a futuro. El Gobierno tiene derecho a vetar en la Mesa del Congreso o del Senado las iniciativas que supongan un incremento del gasto público o una caída de la recaudación, teniendo en cuenta los Presupuestos en vigor. Como ahora no hay Presupuestos y para que el Gobierno no le tumbe las iniciativas, el PP está registrando algunas normas teniendo en cuenta los siguientes Presupuestos.
Los populares creían que con esta fórmula no se les iba a poder vetar porque no se puede aumentar el gasto o disminuir el ingreso de unos Presupuestos que no existen, sino que más bien habría que adecuar las cuentas públicas a las leyes aprobadas, pero con Armengol volvieron a topar.
Así, el Gobierno está vetando estas iniciativas del PP en el Congreso y en el Senado. En el Congreso, la Mesa acepta inmediatamente el veto del Gobierno. En el Senado, en cambio, no se acepta dicho veto porque además hay jurisprudencia que especifica que sólo se puede vetar teniendo en cuenta los Presupuestos en vigor. Pero poco importa, en cuanto la enmienda parte de la Cámara Alta a la Baja, entra Armengol y lo veta. Esto, así, nunca había pasado antes.
Con todas estas prácticas a la orden del día, la oposición denuncia semana tras semana que el Congreso se ha convertido en algo que, lejos de responder al interés general, trabaja para remar a favor del Gobierno. Y no son los únicos casos. También se denuncia que gestionan las comparecencias de Sánchez como mejor le cuadran al presidente, se volvió a llevar la Ley de Amnistía a comisión cuando Junts la tumbó, algo que nunca sucede con otras normas, se aplica el Reglamento de forma irregular... y un largo etcétera que termina por denigrar su reputación.