19 países comunitarios exigen acelerar la creación de centros de devolución de migrantes en el extranjero
La política migratoria de la Unión Europea continúa el giro hacia la externalización de sus fronteras. Un bloque de 19 Estados miembros, más de la mitad, ha enviado una carta conjunta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, con el objetivo de exigir la inmediata puesta en marcha y aceleración de centros de detención para migrantes fuera del territorio de la Unión.
Fueron la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y su homóloga italiana, Giorgia Meloni, quienes presentaron esta propuesta este viernes en los márgenes de la cumbre del Consejo Europeo. "Lideraremos personalmente el proceso para asegurarnos de que nuestras visiones se hagan realidad", reza el documento. El documento toma como referencia directa el modelo de gestión que Roma ya aplica en Albania. El propósito fundamental de esta estrategia es, según sus firmantes, reducir la inmigración irregular, agilizar el retorno de las personas sin derecho a asilo y combatir el negocio de las redes de tráfico de personas.
Este frente común rompe las divisiones ideológicas tradicionales dentro de la Unión. Además de Meloni y Frederiksen, la misiva cuenta con el apoyo de mandatarios de corte conservador y nacionalista como el húngaro Peter Magyar o el belga Baart De Wever, pero también suma a miembros del espectro progresista y liberal, entre las como el maltés Robert Abela y el neerlandés Rob Jetten.
España y Francia rechazan sumarse
Por el contrario, la iniciativa ha dejado en evidencia la brecha existente con otros socios comunitarios. Países como Francia y, de manera más destacada, España, han rechazado sumarse a la propuesta.
Este movimiento político se produce inmediatamente después de que el Parlamento Europeo otorgara su respaldo al llamado reglamento de retornos con 418 votos a favor. La nueva normativa, complementaria al Pacto de Migración y Asilo, avala la creación de estas instalaciones exteriores siempre que se respete el derecho internacional. Además, los Veintisiete ya contemplan la posibilidad de financiar la construcción de estos centros de reclusión con fondos públicos de la UE a partir del marco presupuestario de 2028.
La postura del Gobierno sitúa a España en una posición de minoría en el debate europeo. Madrid justifica su rechazo afirmando que el modelo de externalización puede vulnerar los derechos humanos y carece de eficacia práctica, apostando en su lugar por la cooperación con los países de origen y la regularización migratoria.
En el texto remitido a las autoridades de Bruselas, los 19 líderes firmantes aseguran que controlar la entrada a Europa es clave para garantizar la cohesión social del continente. Con el objetivo de aportar legitimidad y viabilidad al proyecto, el bloque solicitó formalmente apoyo financiero a la Comisión Europea y extendió una invitación a organismos globales como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para que se involucren en la gestión y supervisión de los futuros centros.