Registradora cobraba US$5 mil por despojar de sus casas a fallecidos
Carmen Martínez Galván trabajó 17 años, 9 meses y 7 días en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), creyendo que nunca sería descubierta, hasta que la Policía llegó a su domicilio para detenerla. Los mensajes por WhatsApp que intercambiaba con el cabecilla de una mafia que usurpaba propiedades de personas recién fallecidas la delataron.
Como parte de las pesquisas sobre los autores del asesinato de Daniel Castillo Díaz en la avenida Camino Real, en San Isidro, el 27 de septiembre de 2024, el fiscal del caso, Juan Orihuela, ordenó el deslacrado del celular de la víctima. En el dispositivo, la autoridad encontró conversaciones sospechosas. Carmen Martínez, quien se hacía llamar “Prima”, reclamaba el pago de dinero a Daniel Castillo.
“Carmen Martínez: Buenas noches, primo (Daniel Castillo Díaz). No me dices nada. Yo necesito (el dinero), por favor.
“Daniel Castillo: Prima, van a venir a mi casa a las 8pm. Estoy esperando”.
En otro diálogo, se comprobó que se trataba del cobro por servicios prestados por Martínez a Castillo. Ella había cumplido con su parte, pero no así su cómplice.
“Carmen Martínez: Primo, ¿cómo vas? Necesito que me deposites, por favor. (Envía los números de cuentas en dólares y soles)”.
“Daniel Castillo: Sí, prima, estoy llamando.
“Carmen Martínez: ¿Qué pasó, primo, ¿nada?”.
¿Qué servicios le prestaba la registradora de la Sunarp a Daniel Castillo, asesinado por un sicario en plena calle?
Siguieron los mensajes por WhatsApp.
Ella estaba molesta por la falta de los pagos comprometidos.
“Carmen Martínez: Hola, primo malo”.
“Daniel Castillo: Prima, nada. Nadie paga”.
“Carmen Martínez: Primo, ¿hasta cuándo? Yo necesito, mínimo (US$)3 mil, este mes.
“Daniel Castillo: No te preocupes, prima. Esperando que firmen un documento para que nos paguen.
“Carmen Martínez: Ya, primo. No me huevees”.
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Siguiendo la pista de los mensajes por WhatsApp, el fiscal Juan Orihuela descubrió que Daniel Castillo Díaz era el segundo miembro en importancia de una banda de ladrones de inmuebles liderada por Luis Pérez Delgado, “Tío Luigi”. El hijo de Daniel Castillo Díaz, César Castillo Villanueva, quien trabajaba en Sedapal, filtraba la ubicación de viviendas que se encontraban abandonadas debido a la muerte del propietario.
Daniel Castillo fraguaba documentos y se los entregaba a Carmen Martínez, quien, al tener acceso a los archivos de Registros Públicos, consignaba información falsa sobre traspasos, herencias, donaciones y otras figuras en beneficio de Daniel Castillo, testaferros u otras personas. Luego, la organización vendía las propiedades.
Hasta el último centavo
Sin la participación de Carmen Martínez, el mecanismo de apropiación ilícita que montó la mafia de “Tío Luigi” y Daniel Castillo no podría haber funcionado por más de una década.
Empero, una disputa entre “Tío Luigi” y Daniel Castillo terminó con todo el millonario negocio, cuando el líder ordenó a un sicario ejecutar a su socio principal. Así fueron identificados otros miembros de la red en el Poder Judicial, en el Archivo General de la Nación y en otras entidades, como la Sunarp, donde laboraba Carmen Martínez Galván.
Durante el interrogatorio fiscal, Carmen Martínez reconoció que conoció a Daniel Castillo Díaz en 2016, cuando este se presentó en su oficina de la Sunarp, en Jesús María, como un próspero empresario. Le dijo que estaba confundido y necesitaba ayuda para completar unos trámites de inscripción de inmuebles. Le ofreció un trabajo como asesora personal, pagándole mensualmente entre US$4 mil y US$5 mil. Era mucho más que su sueldo.
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Todo por el dinero
Fuentes de la Sunarp informaron a La República que Carmen Martínez Galván, limeña de 53 años y abogada de profesión, ingresó como registradora pública temporal el 2 de septiembre de 2008, en la Oficina Registral de Cañete.
Cuatro años después, el 11 de octubre de 2012, asumió funciones como registradora pública de la Gerencia de Propiedad Inmueble de la Zona Registral de Lima. El cargo lo desempeñó hasta el martes 12 de mayo de 2026. Ese día fue detenida en su domicilio en Magdalena, acusada de formar parte de la organización criminal de “Tío Luigi”.
Entre sus funciones como registradora pública, Carmen Martínez tenía la misión de controlar y supervisar la legalidad de documentos como títulos, contratos, escrituras y minutas, así como autorizar la inscripción de la titularidad de las propiedades en los Registros Públicos. Su función en la mafia era clave.
Una de las últimas operaciones de usurpación de “Tío Luigi” en la que participó Carmen Martínez fue precisamente el despojo de un viejo inmueble en el jirón Paruro, valorizado en S/7 millones. Cuando un grupo de hermanos descubrió que sus nombres y apellidos fueron usados como falsos propietarios, Daniel Castillo Díaz negoció con ellos un soborno a cambio de su silencio. “Tío Luigi” ofreció US$10 mil, pero la familia reclamaba S/5 millones. “Tío Luigi” creyó que su socio Daniel Castillo lo estaba engañando y ordenó que un sicario lo matara. Castillo era quien estaba en contacto con Carmen Martínez, quien facilitó la usurpación del inmueble del jirón Paruro.
Aprovechando la posición clave que ostentaba en la Sunarp, Carmen Martínez facilitó la inscripción de títulos viciados y omitió la verificación de alertas y antecedentes que evidenciaban la falsedad documental. Así proporcionaba apariencia de legalidad a las fraudulentas transferencias de propiedad que armaba la mafia de “Tío Luigi”.
En el caso del robo de la propiedad del inmueble del jirón Paruro 1075, ubicado en Mesa Redonda, en el centro de Lima, Martínez intervino en la calificación e inscripción de la compraventa y sucesión intestada fraudulentas.
“No sé quién es el ‘Tío Luigi’”, le dijo Carmen Martínez al fiscal del caso. Pero, cuando le mostró los chats con el fallecido Daniel Castilo, terminó por aceptar que actuaba como “topo” de la mafia en la Sunarp.
“Ya tengo tu encargo en la mano”
El especialista del Juzgado Civil Comercial de Lima, José Polo Romero, influenciaba las decisiones de los magistrados a favor de la mafia de “Tío Luigi”. Lograba el archivamiento de las demandas de la Beneficencia Pública contra la usurpación de sus bienes.
José Polo estaba conectado con Daniel Castillo, el socio de “Tío Luigi”. Este, en un chat, le escribió: “José, chequea ese escrito de la Beneficencia de Lima, la Sala tiene que archivarlo, después arreglamos”.
Polo le respondió: “No te preocupes, ya se habló con la Sala (Tercera Sala Civil), lo van a resolver. Lo estamos viendo”.
Para convencerlo, Castillo le dijo que ya contaba con su dinero: “Hermano, que salga todo positivo. Ya tengo tu encargo a la mano. Dime dónde te veo”.