Cárcel inconmutable para jerarcas que metan la mano en lo público

La corrupción crónica existe en muchos países y se ha tratado de combatir con leyes draconianas y megacárceles, con resultados poco estimulantes, ya que, si bien se llenan los centros penitenciarios con rateros y segundones en las disputas por el control territorial, la corrupción sigue floreciendo porque la hidra que la nutre viene de las altas esferas. Mientras permanezca impune, cobijará con su manto a los escalones intermedios.

Por eso, para muchos, la corrupción es vista como algo cultural, endémico e irreversible; una especie de maldición gitana que pesa sobre la sociedad.

No obstante, hay países que han logrado con éxito revertir y disminuir la corrupción mediante una serie de medidas complementarias que actúan como sistema.

Singapur es un país más pequeño que Costa Rica, sin recursos naturales especiales y con tal grado de corrupción que, en 1965, fue expulsado de la federación con Malasia. A partir de esa situación extrema, sus dirigentes, liderados por Lee Kuan Yew, generaron una visión que le daba al país un rol importante en la región. Invirtieron, ante todo, en educación de alta calidad y promovieron la integración de las distintas nacionalidades mediante un programa de vivienda que estimulaba su convivencia.

Por otra parte, impusieron el respeto a la institucionalidad mediante controles que empezaron en las altas esferas, donde se estableció impunidad cero, con el equivalente, en nuestro medio, de cárcel inconmutable para los altos jerarcas. Simultáneamente, se aplicó con firmeza una política de limpieza en las ciudades, con el fin de crear un clima de disciplina y respeto social.

Paralelamente, Singapur negociaba con todos sus vecinos para aprovechar los intereses que genera la posición geopolítica de ese país en el golfo de Malaca, por donde pasa gran parte del comercio asiático. Lo hizo colocando los intereses nacionales en primer lugar; considerando los intereses de los demás, pero sin someterse a los de ninguna potencia. De esta forma, en pocos años Singapur pasó de ser un país pobre y corrupto del tercer mundo a ubicarse hoy entre las naciones del primer mundo.

El ejemplo de Singapur al imponer severidad ante la corrupción de los altos jerarcas, incluso con pena de muerte, ha sido seguido por otros países de la región, como China y Vietnam, cuyo progreso es evidente y, por ello, gozan de prestigio ante sus pueblos.

Es evidente que una sola medida no resuelve el problema, pero sí puede crear un clima que haga visible la necesidad de construir un sistema basado en los intereses nacionales. Dicho en otras palabras: “El hábito no hace al monje, pero ayuda a hacerlo”.

En la gestión pública de Costa Rica ha existido la práctica patrimonialista de manejar discrecionalmente los recursos públicos, transfiriendo fondos asignados por la Constitución y las leyes hacia otros fines. Incluso se malversaron los fondos aportados por los docentes para configurar su fondo de pensiones, el llamado Régimen Transitorio de Reparto (RTR), que hoy debe ser cubierto por Hacienda como si fuera un fondo de gracia.

Los docentes que contribuimos a que este país tenga hoy el tercer puesto de América Latina en ingreso per cápita y el tercer lugar en exportación de bienes de alta tecnología, solo después de México y Brasil, somos víctimas de la malversación de nuestro fondo de pensiones RTR.

Para que se respeten los derechos y esto no se repita en el futuro, hemos propuesto un proyecto de ley, acogido por el exdiputado Óscar Izquierdo, para sancionar con cárcel inconmutable, de 2 a 10 años, a los altos jerarcas que desvíen fondos de pensiones y de inversión pública.

Pensamos que la aprobación de esta ley establecería un parteaguas en la vida institucional del país. Su debate y discusión marcarán un punto de inflexión entre las fuerzas que quieren impulsar un cambio para combatir la corrupción de raíz y aquellas que ven esa transformación como un obstáculo y una amenaza para seguir haciendo “mesa gallega” con los recursos públicos.

Será un momento para tensar la cuerda, no solo de los intereses de gobernantes y políticos, sino también para reorientar y reorganizar las acciones de la ciudadanía en general.

miguel.sobrado@gmail.com

Miguel Sobrado es presidente de la Asociación de Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA).