Una organización internacional había alertado de las actividades pedófilas del presunto violador y homicidao de la niña francesa
Una organización estadounidense había alertado a Francia sobre el comportamiento en línea de Jérôme Barella varios meses antes de la muerte de la niña. Estos informes nunca fueron remitidos a las autoridades.
Muerte de Lyhanna: Jérôme Barella había sido denunciado a la policía por una organización estadounidense contra la pedofilia.
El caso Lyhanna, la niña de 11 años francesa violada y asesinada por un presunto pederasta lleva camino de convertirse en uno de los mayores escándalos del país vecino. Varios informes sobre Jérôme Barella, el principal sospechoso de la muerte de Lyhanna , habían sido enviados a las autoridades francesas mucho antes de la tragedia, pero nunca se abrió una investigación judicial. Según información obtenida por "Le Monde" , el Centro Nacional Estadounidense para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), especializado en la lucha contra el abuso sexual infantil, había emitido varias alertas sobre este trabajador temporal de 41 años a la Oficina para Menores (OFMIN), el servicio de policía judicial especializado en delitos sexuales contra menores, antes de la muerte de la niña de 11 años. El sospechoso, ahora encarcelado y procesado por el "secuestro y confinamiento" de la colegiala, cuyo cuerpo fue encontrado el 4 de junio en la región de Gers, había dejado rastros en internet que solo se descubrieron tras el estallido del caso.
Estos informes, que databan de varios meses atrás, no habían sido puestos en conocimiento de las autoridades. En consecuencia, no se había abierto ninguna investigación judicial. Solo se descubrieron tras la muerte de la niña, cuando se ordenó a todos los servicios de policía y gendarmería que revisaran minuciosamente sus archivos en busca de cualquier información relacionada con él. Sin embargo, la presencia de un individuo en las bases de datos del NCMEC es uno de los indicadores de un posible acto pedófilo.
Fundada en 1984, esta agencia, afiliada al Congreso de los Estados Unidos, es considerada líder mundial en la lucha contra el abuso sexual infantil. Su función es centralizar las alertas recibidas de plataformas y redes sociales como Google, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube, y luego reenviarlas a las fuerzas policiales de los países afectados. El problema es que estas alertas rara vez proporcionan una identidad completa. A menudo se limitan a los datos introducidos al crear la cuenta (nombre de usuario, dirección de correo electrónico, número de teléfono, dirección IP), lo que obliga a los investigadores a cotejar la información para identificar a la persona detrás de la pantalla.
OFMIN solo puede procesar una pequeña fracción de los informes provenientes de Estados Unidos, que suman cientos de miles cada año. En una entrevista de 2024 con 20 Minutes , su exdirectora, Gabrielle Hazan, señaló: "Francia es el cuarto país del mundo con mayor cantidad de pornografía infantil, después de Estados Unidos, Rusia y los Países Bajos". En 2023, la oficina recibió 318.000 informes, un promedio de 870 por día, pero solo pudo procesar "menos del 1%" de ellos . "De los 318.000 contenidos que recibimos, cada vez vemos a un niño siendo violado o a un niño enviando fotos de sí mismo desnudo bajo coacción, pero no tenemos los recursos para abrir una investigación cada vez", agregó.
Debido a la falta de personal, los investigadores están priorizando los casos. Se da prioridad a las denuncias contra los organizadores de transmisiones en vivo —vídeos de abusos emitidos en directo— y los autores de violencia grave contra menores. Por otro lado, las agresiones sexuales simples suelen quedar relegadas a un segundo plano, señala Actu17.
La oficina también sufre una grave escasez de personal. Su plantilla se limita a unos cuarenta investigadores, muy lejos de los 85 puestos anunciados cuando Gérald Darmanin, entonces ministro del Interior, la inauguró en 2023. Al otro lado del Canal de la Mancha, la policía ha movilizado a 800 investigadores dedicados exclusivamente a esta lucha.
La policía local y la gendarmería también pueden consultar estos informes, siempre que soliciten la verificación de antecedentes de alguno de sus sospechosos. Sin embargo, este procedimiento no siempre tiene éxito: a veces es necesario incautar el equipo informático del sospechoso durante un registro para obtener sus direcciones de correo electrónico y nombres de usuario, sin los cuales su estado civil no aparece en las bases de datos estadounidenses. Esta es una solicitud que, al parecer, no realizaron los gendarmes que tramitaron las denuncias iniciales contra el hombre de unos cuarenta años.