El abogado de Manos Limpias plasma "su memoria personal" del caso del fiscal general: "García Ortiz tiene una incipiente vocación política"

Víctor Soriano i Piqueras (Valencia, 1990) se ha convertido en los últimos tiempos en el abogado de referencia del sindicato Manos Limpias a la hora de ejercer la acusación popular en los principales casos de corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez.

Pero si hay uno en que se puede destacar su implicación es el procedimiento por el que fue condenado Álvaro García Ortiz, siendo fiscal general del Estado, por la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Por ello, y para no olvidar este trozo de historia de España que vivió en primera persona lo ha dejado todo escrito en «La única explicación», una «memoria personal del juicio» editado por la Asociación para la Defensa del Estado de derecho (ADED).

¿Esperabas que García Ortiz acabase siendo hallado culpable por la Justicia?

En un primer momento, no, cuando se produjo el gesto de la denuncia interpuesta por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) tras la filtración que afectó a Alberto González Amador. Pero todo cambia con la carta que García Ortiz manda al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), en un ejercicio de bravuconería, para decirles a los magistrados atrévanse a investigarme a mí. Como si los jueces necesitasen que alguien les empujase a hacer lo que tienen que hacer. Ahí, se sintió por encima del bien y del mal, reconoció los hechos y abrió la espita de lo que vino después, que acabase en condena.

¿Fue una causa politizada?

Toda esta historia es política. No quiero decir en la dimensión judicial, sino en cuanto a que este asunto empieza por dar un relato político del fiscal general, ante unos hechos que en realidad son trascendente porque Alberto González Amador es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Cada vez que salíamos de una declaración o se presentaba un escrito, teníamos a ministros, partidos de la oposición a opinión pública comentando.

¿Faltó indagar más en cómo acabó el «mail» del abogado del novio de Ayuso en manos de terceros como Juan Lobato?

Me hubiera gustado haber ido más allá, lo defendí y pedí la imputación de Pilar Sánchez Acera (exasesora de Moncloa) que me fue desestimada. Su testifical fue muy útil para conducir a la condena. Nunca pensé que hubiese un nexo directo entre Acera y García Ortiz, creo que había una o dos personas intermedias. De más alta responsabilidad y que despachaban con el fiscal general. Con las comunicaciones eliminadas, como ocurrió con García Ortiz, es materialmente imposible llegar a ello sin un testigo que lo reconozca.

Este procedimiento fue contra un aforado. ¿Esta figura sigue teniendo sentido?

Este caso demuestra que los aforamientos hacen falta. Es una garantía para el proceso en un momento en que tenemos al Gobierno en pleno generando presión diaria contra jueces y al PSOE investigado por intentar eludir investigaciones buscando trapos sucios de jueces. Creo que es mucho más fácil de soportar estando una fase tan evolucionada de su carrera como un magistrado del Tribunal Supremo. El peso político y mediático a soportar es más razonable que recaiga sobre los que han llegado un punto profesional que no pueden pensar que sus decisiones les van a afectar en su carrera.

Hablemos del futuro, ¿esperas un indulto para García Ortiz?

Sí que creo que van a indultar a García Ortiz y el Gobierno de Sánchez no le va a doler esta desvergüenza. Estamos viendo en las entrevistas recientes que García Ortiz tiene una vocación política incipiente y que esta solo puede iniciarse mediante un indulto aplaudido. Ya hubo un acto de desagravio en el Ateneo de Madrid muy multitudinario. La Unión Progresista de Fiscales (UPF) está entregada en cuerpo y alma. Me parece evidente que estará esperando alguna propuesta política a nivel nacional.

Su sucesora, Teresa Peramato, descartó su expulsión como miembro del Ministerio Fiscal

Me parece clamorosamente ilegal, rayando la prevaricación, la decisión de la fiscal general Teresa Peramato. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) establece que la consecuencia disciplinaria de la inhabilitación es la expulsión de la Carrera fiscal, tras cometer un delito doloso en el ejercicio del cargo. No se ha materializado, en este caso, por una interpretación irracional de su sucesora. Existe también la posibilidad de rehabilitarse después de ser expulsado.

Cómo valoras, de momento, la gestión de Peramato al frente de Ministerio Público

Hay un empeoramiento objetivo del comportamiento de la actual fiscal del Estado frente al anterior. Como ya tenemos un fiscal general condenado y una Fiscalía entregada al poder político, hemos iniciado una ola de nombramientos puramente arbitrarios por amistades y cercanía en la asociación de fiscales, de la UPF. Ya nos lo permitimos todo, esto no puede ya empeorar más. Lo estamos viendo: la persecución a Adriana Lastra, la ya ex fiscal superior de la Comunidad de Madrid, por decir la verdad como testigo.

¿Viviste algún momento desagradable por este papel que desarrollaste?

No tengo la más mínima duda de que la campaña mediática que orquestó el Gobierno contra mí solo respondía a una forma de desacreditar la acusación popular. Y, además, de desviar la atención de los procesos judiciales que estaban asediando al entorno de Sánchez. Se produjo cuando ya hacía más de un año que había salido en prensa mi nombramiento como asesor del PP en el Senado. Lo compatibilizo con mi despacho profesional, que es de lo que vivo, y, antes, con mi puesto como profesor universitario. Se insinuó que el PP pagaba a Manos Limpias a través de mi puesto en la Cámara baja. Es absurdo, empecé ahí mucho antes de haber contactado por primera vez con el sindicato.