Dos años de guerra sin cuartel en el seno de la Guardia Civil: "Es desolador"
El 20 de febrero de 2024, cuando la Guardia Civil llevó a cabo las primeras detenciones de la «operación Delorme», ninguno de los agentes que durante meses dedicaron su trabajo a perseguir a la trama de las mascarillas podía imaginar lo que se les venía encima. El pistoletazo de salida lo dio el arresto del exasesor áulico del Ministerio de Transportes, Koldo García, y al presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama. La opinión pública desconocía que esa «pequeña ola» iba a terminar convirtiéndose en un auténtico tsunami de corrupción para el Gobierno, el presidente del Ejecutivo, su entorno más cercano y el PSOE. Ni siquiera los investigadores tenían una idea concreta de hasta dónde podían llegar los casos.
Lo que de ninguna manera se podían imaginar en el complejo de Barajas, en Madrid, que alberga las oficinas de la UCO, es que la cúpula de la Guardia Civil pudiese inmiscuirse en sus trabajos para intentar frenarlos. Y mucho menos, por cuestiones «políticas» y no profesionales. El sumario de las «cloacas del PSOE» revelan cómo las más altas esferas de la Guardia Civil maniobraron para que los asuntos que afectaban a Moncloa saliesen edulcorados. Los primeros movimientos de la cúpula del Instituto Armado se dieron en julio de 2024, pocos meses después de las detenciones del ya por aquel entonces conocido como «caso Koldo». Las nuevas investigaciones muestran una «guerra» de dos años en el seno del Cuerpo policial iniciada por los mandos y que tuvo objetivo los funcionarios de la UCO. Muy lejos de su lema: «Mi honor es mi divisa». «Todo esto es desolador», se lamenta un alto mando.
Hace dos veranos, además de las comisiones de las mascarillas, estaban en marcha las investigaciones de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y la de su hermano, David Sánchez. Esta última es la que más preocupó al entonces director general, Leonardo Marcos, y al actual director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas. El primero es el máximo mando político, y el segundo el uniformado.
La semana pasada, agentes de la propia UCO se presentaron en la dirección general de la Guardia Civil en busca de expedientes disciplinarios que, según la tesis del juez, se habrían abierto contra agentes de la unidad policial por presuntamente filtrar datos de sus investigaciones a medios de comunicación. Entrevistaron al antiguo jefe de esa misma unidad, el ahora general Rafael Yuste, y al jefe de la Policía Judicial, el general Alfonso López Malo. Ambos informaron que a mediados de julio de 2024, Leonardo Marcos y Manuel Llamas hicieron una visita a las dependencias donde se investigan los principales casos de corrupción con un mensaje claro: tenían que «ponerse de perfil» en las causas de corrupción política y dejar de ser «proactivos». En el caso del hermano del presidente, además, tenían que realizar un informe que dejase claro que «no había nada». Las presiones se transmitieron a los jefes, pero tenían como destinatario al teniente coronel Antonio Balas.
Ese fue el comienzo de unas presiones «insólitas» en un cuerpo regido por la jerarquización de sus integrantes, especialmente por su carácter militar. La sensación ahora que han salido a la luz esos movimientos es de «desolación total» por unos hechos «nunca antes vistos, al menos no a este nivel», apunta una fuente interna.
En septiembre de 2024, dos meses después de las injerencias directas, el entonces director general dejó su puesto y fue premiado con un puesto en la embajada de España en Washington. En su lugar llegó Mercedes González, militante socialista. Las investigaciones continuaron su curso, hasta que en mayo de 2025 se conoció la primera prueba de la existencia de las cloacas: la «fontanera» Leire Díez, acompañada del empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo pidieron información comprometedora del responsable de las investigaciones, el teniente coronel Balas, a un empresario imputado en un caso de hidrocarburos. El vídeo de la reunión se publicó, y tanto desde el Ministerio del Interior como la propia directora general se reunieron con los hombres del jefe de la UCO para transmitirles su apoyo. A esa reunión acudió el DAO Manuel Llamas, lo que internamente se consideró una «falta de respeto» por sus maniobras anteriores.
La negativa de los tres altos mandos a plegarse a levantar el pie del acelerador investigador provocó que la herida entre la dirección y la UCO se transformase en una hemorragia que, desde la dirección, se consideró que había que amputar. En diciembre de 2025, un año y medio después de pedir que la policía judicial se pusiese de perfil, la Guardia Civil ascendió al coronel Rafael Yuste, máximo jefe de la unidad. Una «patada hacia arriba», según las fuentes consultadas, para quitarse de en medio a un guardia civil que se negó a informar a sus superiores sobre los trabajos de sus subordinados. Interior lo hizo así para que no le saltase otro escándalo como el de Diego Pérez de los Cobos o Manuel Sánchez Corbí, defenestrados por el ministro Fernando Grande-Marlaska por negarse a darle información sobre temas que afectaban al Gobierno.
Interior eligió para sustituir a Yuste en la UCO al coronel Pedro Merino Castro, un mando con pasado en la unidad de élite y en los equipos de seguridad del Palacio de la Zarzuela y de Moncloa. Las fuentes consultadas celebraron su nombramiento, señalando que es un agente «íntegro» y que no se dejaría «manipular ni amedrentar». El problema ahora, con las «cloacas» rezumando por las vías de fuga, sobrevuela la duda de si la Guardia Civil lo colocó para lograr su objetivo último: controlar las causas que afectan personalmente a Pedro Sánchez. Por el momento, nada de eso parece haberse conseguido, a la vista de los últimos avances en corrupción. Lo que sí está claro es que en la guerra entre la calle Guzmán el Bueno, sede de la dirección general, y la UCO, va ganando esta última.