Moncloa tira de encuestas para avalar su ataque a la Justicia
El Gobierno ha decidido llevar hasta el final su estrategia de señalamiento a una parte de la judicatura, a la que atribuye una evidente intencionalidad política que sería del todo contraria a los intereses del presidente, Pedro Sánchez. Por eso, fuentes gubernamentales se esmeraron ayer en trasladar, como han venido haciendo en los últimos días destacados dirigentes socialistas y ministros, que no creen en las casualidades, en referencia a la concatenación de autos judiciales e imputaciones que han vuelto a acorralar al Ejecutivo un año después de su última gran crisis por corrupción; la que se llevó por delante al ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán.
Lo cierto es que al Gobierno no le inquieta atribuir a algunos jueces dicho rol político, puesto que desde hace meses en Moncloa se maneja la opinión de los españoles al respecto. El núcleo duro de Sánchez no busca otra cosa que alinearse con el sentir mayoritario de la sociedad, como hizo con la guerra de Irán. Según ha sabido este diario, la estrategia de señalamiento, que el propio Sánchez redobló el lunes ante la cúpula socialista –a la que trasladó que hay un doble baremo de los jueces con el PSOE–, está basada en la evidencia de que más de la mitad de los españoles, en concreto el 52% considera «mala» o «muy mala» la independencia judicial en España, según los datos de uno de los últimos estudios que han calibrado la confianza ciudadana en uno de los principales poderes del Estado –conforme al Cuadro de Indicadores de la Justicia de 2025 elaborado la Comisión Europea–.
De esta manera, el Ejecutivo se aprovecha de que el coste electoral de advertir una operación «antidemocrática», como dijo el ministro Óscar Puente, contra el PSOE es prácticamente nulo. Sobre todo, porque convence a sus propios votantes.
Y porque la línea argumental sobre la que se asienta la autodefensa política del entorno personal y político del presidente implicado en tramas bajo investigación se basa en una creencia asentada entre los ciudadanos. Según los datos del citado sondeo, la principal razón por la que la sociedad considera insuficiente el grado de independencia judicial en España es, para más del 40% de los encuestados, «la interferencia o presión [ejercidas] por el Gobierno y los políticos [en general]».
Cuatro de cada diez también aprecian «interferencia o presión de otros intereses como los económicos». De los 27 países analizados, España se sitúa como el séptimo con peor percepción de independencia judicial, solo por delante de Polonia, Croacia, Bulgaria, Eslovaquia, Grecia y Hungría. Moncloa añade leña al fuego y expone día sí y día también un argumentario que, aunque no ataca frontalmente a la Justicia en general, a la que dicen «respetar», sí erosiona la credibilidad de los togados.
Como ya contó este diario, la cúpula socialista recibió la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por la comisión de tres presuntos delitos (organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental) como un acto de guerra de la derecha judicial, política y mediática. También se tomó así que el PP y un medio de comunicación adelantaran el registro de la sede socialista en Ferraz justo cuando el presidente se encontraba en Roma. «No somos ingenuos, no creemos en las casualidades», insisten en Moncloa. Pero no todos en el PSOE compran ese argumento, por mucho que en el Gobierno crean que les da capacidad de conexión con sus votantes.
El creciente sector crítico del partido, capitaneado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, está haciendo una encendida defensa tanto de los togados como de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que hacen su trabajo. Cabe recordar que Moncloa también puso el foco sobre la UDEF de la Policía Nacional. El Gobierno comenzó la semana pasada a desplegar una estrategia destinada a erosionar la credibilidad de la unidad policial después de que sus investigaciones hayan desembocado en la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de investigar formalmente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
El Ejecutivo ha estado revisando al detalle todo cuanto se conoce del sumario de la causa, y examinando una por una las diligencias practicadas por los investigadores. Y lo mismo está haciendo con la segunda bomba judicial: la del «caso Leire Díez», donde el cortafuegos está situado en Santos Cerdán. Todo lo que hubiera podido hacer el PSOE bordeando o saltándose la ley obedeció a la voluntad del exsecretario de organización. El Gobierno intenta ir «partido a partido», aunque la realidad es que los frentes se le acumulan. Y el Poder Judicial empieza a perder la paciencia. Ayer mostró una vez más su preocupación por las declaraciones de algunos «responsables de instituciones del Estado que cuestionan la independencia de algunas decisiones judiciales». Esos responsables, dicen, pululan por Moncloa.