El Gobierno vasco ha decidido convertir la universidad, por ley, en una pieza más de la construcción de la identidad vasca y del nacionalismo. Lo quiere hacer, además, sin el choque frontal contra los campus privados que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha convertido en bandera política con el conocido decreto «antichiringuitos» . El anteproyecto de Ley de Universidades del País Vasco, al que ha tenido acceso ABC, marca un modelo identitario con el euskera como eje vertebrador del sistema, una apuesta explícita por un «espacio universitario vasco» compartido con Navarra y el sur de Francia y una reivindicación política de un sistema educativo propio. También es una norma que promueve que todas las universidades (sea cual sea su titularidad) puedan lograr una financiación adicional mediante donaciones y, por último, delimita las condiciones para el personal docente. Según ha podido saber este diario, «había cierta prisa» para sacar adelante el proyecto legislativo que, en principio, se esperaba aprobar en noviembre. Sin embargo, con la tormenta política ocasionada por el caso Zapatero , el Gobierno vasco (que se basa en la coalición PNV-PSE) también vive momentos de incertidumbre. Más aún después de conocer las declaraciones públicas de estos últimos días de Aitor Esteban, quien considera «irresponsable» que Pedro Sánchez siga gobernando más allá de 2026 . Sea como fuere, y a expensas de que la ley vea la luz más tarde o más temprano, es toda una declaración de intenciones por parte del Gobierno de Imanol Pradales. El término más revelador aparece en el artículo primero, cuando se afirma que la ley se desarrolla «considerando el derecho del País Vasco a tener un sistema nacional de educación». La expresión no es menor pues supone trasladar al ámbito universitario una idea política clásica del nacionalismo vasco: la existencia de una estructura educativa nacional (no autonómica) diferenciada del resto de España. El Gobierno vasco se reserva amplias capacidades para ordenar titulaciones, racionalizar la oferta académica y dirigir financieramente el conjunto del modelo. Pero la referencia identitaria más explícita es la que atañe al euskera, pieza fundamental que quiere vertebrar el sistema universitario vasco. El texto al que ha tenido acceso ABC define al Sistema Universitario Vasco como «plurilingüe», pero deja claro el orden de prioridades: «Con el euskera como lengua propia y oficial junto con el castellano». La ley no se limita a proteger el derecho a estudiar en euskera, sino que va mucho más allá. Obliga a los poderes públicos a «dictar normas y adoptar medidas» para garantizar ese derecho y establece que las titulaciones financiadas con fondos públicos deberán asegurar el «uso normalizado del euskera» . Además, el anteproyecto habla de «territorios del euskera» y plantea la creación de un espacio universitario compartido con Navarra y la región francesa de Nueva Aquitania. De hecho, es curioso que se aluda en varios momentos a la internacionalización, al mismo tiempo que se apuesta por promocionar una lengua que hablan menos de un millón de personas en todo el mundo. El texto, asimismo, ordena que las universidades mantengan relaciones prioritarias con instituciones de territorios que compartan lengua y cultura vasca. En concreto, esto es lo que se dice textualmente: «Las universidades impulsarán, en especial, aquellas actividades cuyo desarrollo implique un compromiso activo para con el euskera o el patrimonio cultural vasco». Por otra parte, se reconoce que el País Vasco podrá crear centros universitarios en el extranjero. Como ya adelantábamos al inicio, también incentiva a todas las universidades, tanto públicas como privadas, a que puedan lograr una financiación adicional estable (más allá de la que proporciona el Ejecutivo autonómico). De forma literal, esto es lo que dice el anteproyecto: «Además de las fuentes de ingresos mencionadas en los artículos anteriores y de la prevista en el artículo 45.5 de esta Ley, la universidad deberá explorar otras vías de financiación adicional, tales como las que proporcionan la venta de patentes, el mecenazgo, patrocinio, donaciones, legados y otras». El anteproyecto, por otra parte, habilita a la Universidad Pública Vasca, que este año ha cambiado su nombre oficial a Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), a fichar a docentes o investigadores cumpliendo unas 'normas propias'. La Universidad Pública Vasca podrá contratar directamente académicos de nivel internacional a través de la figura de profesor distinguido. Por otra parte, está la figura del profesor de investigación para personas con una trayectoria reconocida que se dedicarán a realizar investigación en áreas estratégicas definidas por la universidad o por el Gobierno vasco. Pero, quizá, un punto curioso del anteproyecto aparece cuando se compara con la ofensiva del Gobierno de Pedro Sánchez contra las universidades privadas. El texto integra a las universidades privadas como actores plenamente reconocidos dentro del modelo universitario vasco. Hay que recordar que el PNV se había opuesto frontalmente a la norma gubernamental, alegando una «arbitraria» invasión de competencias. Pero el Ministerio de Universidades, con Diana Morant al frente, sorteó aquel escollo plegándose a las exigencias de los vascos y adaptándose a una casuística de las comunidades autónomas en las que existe una lengua cooficial . Mientras el Ejecutivo central endurece requisitos y utiliza un discurso abiertamente beligerante contra los campus privados el Gobierno vasco adopta una posición mucho más pragmática. El texto integra plenamente a las universidades privadas dentro del llamado Sistema Universitario Vasco. De hecho, las menciona expresamente como parte estructural del modelo: la Universidad de Deusto, Mondragón y Euneiz aparecen reconocidas junto a la universidad pública vasca. Pero esa integración no se traduce en ningún caso en ausencia de controles. El Gobierno vasco sí habla sobre la supervisión de futuras universidades privadas. El borrador establece que cualquier nuevo proyecto universitario deberá someterse a análisis de necesidad social y viabilidad académica, además de informes de calidad emitidos por Unibasq, la agencia vasca de evaluación universitaria. Pero el espíritu del texto es radicalmente distinto al del decreto estatal. El objetivo no parece ser limitar el peso de las privadas, sino incorporarlas dentro de una estrategia nacional universitaria vasca. De hecho, el documento reconoce explícitamente la heterogeneidad del sistema universitario como una fortaleza.
