Violencia obstétrica: el abuso silencioso que sigue dándose en las salas de parto del país

En Costa Rica, el parto sigue siendo, para muchas mujeres, un escenario de vulneración donde la violencia, la humillación y la negligencia se entrelazan con la falta de escucha, incluso cuando existen leyes y protocolos que deberían garantizar dignidad, seguridad y respeto.

Desde mi labor en derechos humanos, acompaño a numerosas víctimas de violencia obstétrica y la recurrencia de sus testimonios demuestra que no estamos ante hechos aislados, sino frente a un patrón que se repite con dolorosa regularidad.

El Observatorio de Violencia Obstétrica Costa Rica recibe reportes constantes que evidencian que esta problemática no es excepcional, sino estructural y persistente. A ello se suma el Movimiento de Parálisis de Erb Costa Rica, integrado por madres violentadas durante sus partos y cuyos bebés sufrieron discapacidades permanentes debido a la falta de atención oportuna y a maniobras como la “Kristeller”. Son prácticas que no solo lesionaron a las mujeres, sino que dejaron daños irreparables en sus hijos e hijas, daños que pudieron evitarse.

En los últimos meses, también he acompañado a dos mujeres que lidian con el duelo por la muerte de sus bebés, fallecidos por omisiones que jamás debieron ocurrir. Eso nos recuerda que la violencia obstétrica no es un concepto abstracto, sino una realidad que marca vidas para siempre.

La Semana Mundial del Parto Respetado no es una simple conmemoración ni una fecha más en el calendario. Es un recordatorio incómodo de que, en pleno siglo XXI, seguimos permitiendo prácticas que la Organización Mundial de la Salud clasifica como violencia de género: intervenciones sin consentimiento, negación de acompañamiento, tratos degradantes, humillaciones verbales, procedimientos dolorosos sin explicación, separación injustificada del bebé, amenazas y negligencias que ponen vidas en riesgo.

Y mientras esta violencia ocurre, existe una ley (la Ley de Parto Respetado de 2021) que reconoce el derecho de toda mujer a un parto digno, informado y acompañado. Sin embargo, una ley sin cumplimiento es apenas papel y, en Costa Rica, ese papel se está rompiendo sobre los cuerpos de miles de mujeres.

Cuando el sistema falla: la historia de Lu

Para comprender la gravedad de lo que ocurre, basta con conocer la historia de una mujer a quien llamaré Lu, una joven de 18 años que dio a luz en un hospital público. Su embarazo había transcurrido con normalidad y el control prenatal fue adecuado, pero las primeras manifestaciones de violencia comenzaron apenas fue internada.

Ingresó a las siete de la mañana. Le realizaron un ultrasonido y le dijeron que todo estaba bien, que le pondrían un gel para inducir el parto. Las horas pasaron sin explicaciones y, cuando preguntó, un enfermero apenas respondió que “más tarde verían”.

Las contracciones comenzaron de noche: primero, leves y luego, intensas. Una enfermera le ofreció un suero “para acelerar”, sin explicarle qué era. A las cinco de la mañana, con apenas tres centímetros de dilatación, otra funcionaria le pidió permiso para “ver si llegaba a cuatro”, pero en realidad le practicó una separación de membranas sin informarle qué le estaba haciendo ni pedir consentimiento.

En la sala de partos, la situación se volvió abiertamente violenta. Cuando una contracción hizo que se le cayera el suero, una enfermera le dijo que no estaba colaborando y amenazó con sacar al padre del bebé para dejarla sola. No le permitieron moverse, elegir posición ni la escucharon cuando advirtió de que estaba sangrando demasiado. Le administraron oxitocina sin explicaciones y, al ver que no dilataba con la rapidez esperada y que el ritmo cardíaco del bebé descendía, decidieron practicar una cesárea de emergencia.

Antes de entrar al quirófano, una enfermera le jaló el pelo para ponerle un gorro. Luego le colocaron una sonda sin explicarle nada y la dejaron expuesta en un pasillo, con las piernas abiertas y el cuerpo completamente visible, mientras trabajadores del ICE y estudiantes observaban y comentaban: “Vean, va para cesárea, vean bien”.

Su bebé nació bien, pero no se lo entregaron para contacto piel a piel y nadie le explicó por qué. En recuperación, un enfermero le dijo que la trasladarían al salón “cuando él quisiera”, no cuando ella preguntara. Lu lloró sin saber dónde estaba su hija.

Cuando finalmente la llevaron al salón, tuvo que cambiarse sola de camilla, adolorida y mareada, porque “necesitaban la camilla”. Descubrió, además, que a su bebé le habían dado fórmula sin consultarle. Cuando pidió ayuda para alimentarla, una enfermera pellizcó a la recién nacida para “despertarla”. Lu le pidió que no lo hiciera; la funcionaria se molestó y se fue.

Esa misma noche, otra trabajadora le advirtió que, si no podía levantarse sola a bañarse, se llevarían a su bebé. Mareada y débil, se obligó a ponerse de pie.

Pasó de lunes a jueves en el hospital y, aunque salió con su hija en brazos, también salió con una herida más profunda: la de haber sido tratada como un objeto y no como una persona.

Violencia obstétrica, más que un concepto

La Organización Mundial de la Salud define la violencia obstétrica como maltrato, abuso o falta de respeto antes, durante o después del parto. La Organización Panamericana de la Salud advierte de que esta violencia debilita la confianza en los sistemas de salud y deja secuelas físicas y emocionales irreparables.

El Observatorio de Violencia Obstétrica Costa Rica confirma que estas prácticas siguen ocurriendo en hospitales públicos y privados, mientras que el Movimiento de Parálisis de Erb Costa Rica demuestra que la negligencia no solo hiere: también discapacita y mata.

Estas realidades no pueden seguir minimizándose ni justificándose bajo la narrativa de que “así se ha hecho siempre”.

Una ley que existe, pero no se cumple

La Ley de Parto Respetado reconoce derechos fundamentales como el trato digno, la información clara, el consentimiento informado, el acompañamiento continuo, la libertad de movimiento y el contacto piel a piel. Sin embargo, en la práctica, estos derechos se violan todos los días.

Una ley sin formación, auditorías, sanciones ni voluntad institucional no protege. La violencia obstétrica no se erradica con afiches ni discursos, sino con responsabilidad, vigilancia, formación en derechos humanos y un compromiso real con la vida y la dignidad.

El cuerpo de la mujer no es territorio de abuso

La violencia obstétrica no es una experiencia aislada: es un problema de derechos humanos. Nos obliga a confrontar quiénes somos y quiénes aspiramos a ser como país.

He acompañado a mujeres que llegan rotas, confundidas, culpabilizadas y silenciadas; mujeres que no solo parieron, sino que sobrevivieron. Y ninguna mujer debería sobrevivir a su parto.

Si queremos un país donde nacer no implique violencia y parir no implique miedo, debemos actuar como sociedad. La dignidad no es opcional; la autonomía no es negociable y el respeto no puede depender de la suerte o del turno. Cuando una mujer ejerce sus derechos, cambia su parto; cuando un Estado los protege, cambia la historia de su pueblo.

Lorena De La Garza es especialista en Derechos Humanos.