Juzgado impone medidas cautelares a seis implicados por caso de hogar de ancianos allanado en Cartago
El Juzgado Penal de Cartago impuso medidas cautelares a las seis personas implicadas en supuestos maltratos a residentes del Hogar de Ancianos Manos de Jesús, localizado en el distrito de Guadalupe, en Cartago.
En relación con el caso, la Policía Judicial realizó allanamientos el 20 de mayo.
A los implicados se les prohibió salir del país, acercarse a los testigos, así como ingresar al hogar de ancianos allanado. Además, deberán firmar ante las autoridades judiciales.
Los investigados son un hombre identificado con los apellidos Rodríguez Calderón, miembro de la Junta Directiva; una mujer de apellidos Fonseca Víquez, encargada del hogar; una doctora de apellidos Granados Brenes; un trabajador social identificado como Navarro Masís y dos cuidadores de apellidos Brenes Masís y Quirós Masís.
La denuncia la interpuso ante las autoridades judiciales un adulto mayor que permaneció internado en este centro de cuido.
El adulto mayor narró en su denuncia que, supuestamente, no se les alimentaba de la manera idónea, y que si los adultos mayores realizaban reclamos cuando se violentaban sus derechos, los dejaban sin comer.
Según el relato, presuntamente los encerraban en un cuarto de castigo por una semana o más tiempo.
Una vez encerrados, agrega la denuncia, los ancianos tenían que hacer “sus necesidades fisiológicas en donde les servían la alimentación, en condiciones antihigiénicas”.
Además, el denunciante afirmó que si un anciano se quejaba de algún dolor “no eran trasladados al hospital” y que, presuntamente, la persona responsable solo recetaba acetaminofén e insistía en que no era nada, pese a que el residente indicaba que el dolor era fuerte, precisa la denuncia.
En entrevista con La Nación, el fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que los investigados son los cuidadores directos de los residentes. Además, también recibió el reporte de que los adultos mayores, en apariencia, eran sedados.
Díaz acudió a los allanamientos dada la gravedad de los hechos denunciados.
La Fiscalía investiga también las muertes que ocurrieron en ese centro de cuido. Además, se indaga la posibilidad del acaparamiento de pensiones de los residentes, “siendo que le corresponde (al centro) el 90% y el otro 10% a los adultos mayores. Todas estas acciones fueron de conocimiento de la trabajadora social", señala la investigación.