Las violencias que el Estado deja sin nombre, por Ricardo Cuenca
Entre 2019 y 2023, los Centros de Emergencia Mujer reportaron 48.609 víctimas de violación sexual en el Perú. Solo el 23,4% recibió el kit de atención de emergencia al que tenía derecho. En algunos años, ese porcentaje cayó al 7,2%. Son datos del propio Estado, publicados por Ojo Público. Y esta semana, el Minedu derogó los lineamientos de Educación Sexual Integral y los reemplazó por una nueva norma. El cambio parece técnico. No lo es.
Es una decisión sobre qué violencias reconoce el Estado y cuáles deja sin nombre. Los números que el propio sistema produce son conocidos —y no admiten lectura cómoda. En 2024 se alcanzó la cifra más alta de violencia sexual escolar desde que existe el SíseVe: casi 4.000 reportes anuales, más de la mitad cometidos por personal docente y administrativo. Los adolescentes de 12 a 17 años concentran entre el 42% y el 50% de todos los casos de violencia sexual registrados en los CEM, y sus denuncias se duplicaron entre 2018 y 2022. En 2022, el 9,2% de las adolescentes entre 15 y 19 años ya era madre o estaba embarazada, según la ENDES del INEI. En ese contexto, la norma construida en 2021 —con equipos técnicos, evidencia internacional y un marco de derechos que tuve el privilegio de acompañar como ministro— no era ideología. Era respuesta a un diagnóstico.
La nueva norma no surge de una evaluación de esa respuesta. Surge de un mandato político: la Ley 32535, aprobada en el Congreso con amplia mayoría, ordena eliminar toda referencia a la educación sexual integral. El resultado es una denominación sin antecedente internacional: "Educación Sexual con base científica, biológica y ética". Cambiar el nombre no es actualizar el concepto. Es reemplazarlo. Como advirtió Nani Pease al momento de aprobarse la ley, en este diario: "el enfrentamiento con la ESI ha venido por presiones políticas asociadas a sectores evangélicos ultraconservadores que ha puesto al Estado peruano en jaque", anteponiendo intereses políticos por encima de la evidencia pedagógica y de salud pública.
La nueva norma cita datos recientes y reconoce 59 casos diarios de violencia sexual contra niñas y adolescentes. Pero al mismo tiempo elimina el enfoque de igualdad de género como eje transversal, la violencia escolar por orientación sexual e identidad de género —que afecta al 70% de estudiantes LGBTI, quienes se sienten inseguros en el colegio debido a su orientación sexual, según el Estudio sobre Clima Escolar en el Perú de Promsex—, y las dimensiones política, legal, histórica y cultural de la sexualidad. No es una simplificación técnica. Es una decisión sobre qué proteger y a quiénes.
Promsex ha documentado que más de la mitad de las violaciones en el Perú son actos repetitivos, que venían ocurriendo desde dos o tres años antes de que se evidenciaran. Lo que no tiene nombre en la política educativa no puede ser identificado ni detenido. El silencio no es neutralidad. Es una forma de protección —pero no de las víctimas.
Justin Parkhurst, investigador de la London School of Economics, ha descrito con precisión el mecanismo que opera aquí: en política pública, el uso estratégico de la evidencia consiste en seleccionar los datos que legitiman una decisión ya tomada —lo que él llama cherry-picking (seleccionar lo que más conviene)— mientras se omiten los marcos interpretativos que esa misma evidencia recomienda. La nueva norma es un ejemplo preciso de ese mecanismo: toma los 59 casos diarios de violencia sexual para justificar que actúa, pero descarta el enfoque de género que la evidencia internacional señala como condición para abordarlos. Usa el diagnóstico para legitimar la cirugía, y en la cirugía extirpa el instrumental. No es casual: las propias organizaciones de derechos humanos han documentado ante instancias internacionales que la falta de acceso a la educación sexual integral es una de las principales barreras para la prevención e identificación de la violación sexual, especialmente en zonas rurales y periféricas donde se concentran los casos más graves.
La política educativa no cambió porque aprendimos algo nuevo sobre educación sexual. Cambió porque cambiaron las correlaciones de fuerza. Esa es la diferencia entre una reforma técnica y una operación política presentada con lenguaje técnico. Una política que cita evidencia para justificarse, pero elimina el marco que esa misma evidencia recomienda, no es política basada en evidencia. Es legitimidad prestada para un recorte de derechos. Y las que pagan el costo son las mismas que el Estado ya no logra atender: las 76 de cada 100 víctimas de violación a quienes nunca les llegó el kit de emergencia.