Junín recuerda por qué la memoria sigue siendo necesaria
Las familias de Dos de Mayo y Villa Progreso lo sabían. Lo habían sabido siempre. Durante más de tres décadas señalaron el lugar, lo describieron, lo nombraron. Nadie que haya perdido a un ser querido en las fosas de Satipo olvidó dónde quedaba la tierra que lo cubría. La memoria estaba intacta. Lo que faltaba era un Estado dispuesto a escucharla.
El hallazgo de los restos de nueve personas en el departamento de Junín, todas ellas asesinadas por Sendero Luminoso entre 1990 y 1993 es un logro del Estado, pero debe observarse el panorama completo. Estos restos fueron encontrados por la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, una institución que desde el 2022 a la actualidad el pacto corrupto del Congreso busca desaparecer. La razón es que esta coalición parlamentaria antidemocrática trabaja, a la mala, para sustituir el relato histórico por una versión más conveniente para la impunidad de quienes en buena parte representan.
Conviene, entonces, ser precisos sobre lo que se halló en Mazamari: peruanos asesinados por Sendero Luminoso. El terror senderista fue real, fue brutal, y recayó sobre los más pobres del país. Reconocerlo es honestidad histórica elemental. Y esa misma exige reconocer también los crímenes cometidos por agentes del Estado contra esas mismas poblaciones. Una memoria completa incluye a todos los muertos. De lo contrario, tiene otro nombre: propaganda.
Ese logro ocurre, paradójicamente, mientras esa misma institución es asfixiada por tres frentes simultáneos. El Ministerio de Economía sometido al pacto corrupto ha propuesto recortes. El resultado es que el presupuesto del Ministerio Público cayó 9% entre 2024 y 2026, afectando peritajes, operativos y las funciones básicas que hacen posible encontrar a los muertos. El Congreso los ratifica todos apelando a su inoperancia. Ese mismo parlamento que durante ese mismo período elevó su propio presupuesto institucional en 39%.
Por lo tanto, Junín nos recuerda, treinta y tres años más tarde, lo que ya debería estar fuera de discusión: la memoria es el nombre que le damos a la dignidad mínima que les debemos a todos nuestros muertos. Mientras haya familias que llevan tres décadas señalando una parcela de tierra y esperando que alguien vaya a buscar a los suyos, el Estado peruano tiene una deuda. Y esto también es una defensa ciudadana que el próximo Congreso debe retomar.