Rechazada la semilibertad de un exmiembro de ETA condenado por el asesinato de Ordoñez
La jueza de la Audiencia Nacional Ana Mercedes del Molino ha rechazado la concesión de la semilibertad a Juan Ramón Carasatorre, exetarra condenado por haber participado en el asesinato del concejal del PP, Gregorio Ordoñez. El miembro de la banda armada que pidió perdón a las familias había recibido beneficios penitenciarios a través del artículo 100.2, que contempla la salida de prisión.
A diferencia de los diversos miembros de la banda armada que han comulgado con las decisiones del Gobierno vasco, el documento presentado alerta a la Ejecutiva de su 'deriva' en la política penitenciaria que fue cedida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace varios años."Resulta relevante que la Junta de Tratamiento no propuso la aplicación del art. 100.2 sino el mantenimiento en segundo grado ordinario", señala la magistrada que apunta a la falta del comité de expertos para tomar la decisión. La mayoría son argumentos y advertencias que ya constató el juez José Luis Castro en su primer auto. La decisión judicial es un nuevo toque de atención al área de María Jesús San José que ha aumentado los beneficios a los antiguos miembros de la banda.
Covite celebra la decisión que refrenda su trabajo
La resolución no ha pasado desapercibida para COVITE. En primera instancia, cuando el juez Castro rechazó conceder la semilibertad tanto a Anboto como a Carasatorre, se celebraron las resoluciones judiciales. Estas resoluciones judiciales avalan exactamente que se está forzando la legalidad penitenciaria para facilitar la semilibertad a los presos de ETA sin cumplir de verdad con los requisitos legales para ello. Y eso supone una vulneración intolerable del derecho de las víctimas ", apuntó la presidenta de la organización, Consuelo Ordóñez.
Tal y como ha podido confirmar este diario, los beneficios penitenciarios se dividen en tres: libertades condicionales, terceros grados y las semilibertades por el 100.2, Anboto y Txeroki se han beneficiado de esta vertiente. Estas modificaciones se iniciaron con la llegada a Moncloa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Con una pequeña división entre los tres campos, se han producido un total de 147 terceros grados, ya sea acordados por el Gobierno vasco o antes de la cesión de competencias; 61 libertades condicionales, que en algunos casos han sido revocadas por la Fiscalía ante las demandas de las asociaciones de víctimas y un poco menos de 20 semilibertades gracias a la flexibilización del artículo 100.2.