Las acusaciones populares mueven fichan: pedirán la retirada de pasaporte y prisión provisional para Zapatero

Las acusaciones populares mueven ficha tras la imputación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por los presuntos delitos de liderazgo de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, y solicitarán al magistrado José Luis Calama la adopción "urgente" de medidas cautelares conta el líder socialista.

Pedirán al instructor tanto la retirada de pasaporte como el ingreso en prisión provisional de Zapatero ante "la gravedad de los indicios y el elevado riesgo de fuga". Según ha asegurado a este periódico el presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, las relaciones internacionales del expresidente han quedado "acreditadas" en el auto de imputación y que las penas de cárcel asociadas a los delitos que, presuntamente, se le atribuyen "hacen necesario que la Justicia tenga al investigado en su recaudo".

Hazte Oír ha adelantado, asimismo, que ya están trabajando en diligencias que también consideran "urgentes" en el marco de la investigación que cerca al Gobierno de Pedro Sánchez.

Vox, por su parte, comparte las pretensiones del resto de acusaciones y ha presentado ya un escrito ante el Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional para solicitar que se le imponga a Zapatero también la prohibición de salir de territorio nacional, la retirada de su pasaporte –que apunta a que sería "diplomático" por su condición de expresidente del Gobierno- y que se le obligue a comparecer periódicamente ante el tribunal.

La formación de Santiago Abascal defiende que el hecho de que tenga este tipo de documento personal diplomático le ofrece "facilidades para desplazarse internacionalmente" y es una "circunstancia" que, entiende esta parte, debe ser valorada dentro del "riesgo de fuga".

También advierte, al igual que el resto de acusaciones, de las "relaciones nacionales e internacionales al más alto nivel" que mantiene el que dirigente socialista y que "han sido sustrato de los actos delictivos analizados en esta investigación". Vox apela, asimismo, a un posible riesgo de destrucción de pruebas por parte del que fuera líder del PSOE.

En este sentido, la abogada de Bambú, Marta Castro, argumenta que el levantamiento del secreto de sumario dictado este pasado martes "hace necesario que, de forma inmediata y previa a su declaración (prevista para el próximo martes 2 de junio), se adopten medidas cautelares, a fin de garantizar la disponibilidad del investigado (Zapatero) ante el órgano judicial y la preservación de las fuentes de prueba".

El artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que la prisión provisional puede dictarse cuando haya un "racional" y "evidente" riesgo de fuga y que valorar esto se atenderá "conjuntamente a la naturaleza de los hechos" imputados, que además deberán de superar la pena de prisión de dos años.

En cualquier caso, la decisión última la tendrá el magistrado que, por ejemplo, sí se ha negado a registrar el domicilio particular del expresidente, pese a la petición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Según explicó en el auto, en el actual estado de la investigación, no concurren los requisitos legales exigidos por la doctrina constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo para acordar una medida de tal intensidad. El auto recuerda que cualquier registro domiciliario debe superar un "triple juicio de proporcionalidad e idoneidad" y estar respaldado por una motivación reforzada que justifique su carácter excepcional.

Calama considera que no existen indicios suficientes para pensar que en la vivienda privada de Rodríguez Zapatero puedan encontrarse pruebas relevantes para la investigación. Por ello, advierte de que la diligencia no puede convertirse en una actuación "exploratoria o prospectiva".

El juez subraya además que la investigación sobre el rescate de Plus Ultra y las supuestas conductas de tráfico de influencias vinculadas al caso son de "notoriedad pública", circunstancia que, a su juicio, reduce notablemente la probabilidad de hallar material incriminatorio en el domicilio del ex jefe del Ejecutivo. Según recoge el auto, la amplia difusión mediática del procedimiento hace "razonablemente presumible" que cualquier elemento relevante "habría sido ya retirado, destruido o trasladado".

Por último, el magistrado entiende que la afectación al derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio sería especialmente intensa debido al carácter privado del inmueble y a la relevancia institucional de su titular, mientras que el beneficio potencial para la investigación resulta "incierto y meramente hipotético", por lo que concluye que la medida solicitada carece de proporcionalidad.