Comisarías se caen a pedazos por antigüedad de las infraestructuras

Mientras Perú enfrenta una de sus peores crisis de seguridad, la Policía Nacional vive una problemática interna: a fines del año pasado, la Contraloría General de la República realizó un operativo en 485 comisarías del país y evidenció un total de 2.582 situaciones adversas.

El mayor número de ellas se concentró en Lima Metropolitana (382), Áncash (180), Puno (164), Ayacucho (161) y Cajamarca (155).

Pero, si los 1.730 vehículos inoperativos, las 1.823 computadoras malogradas y la infraestructura deficiente generaban preocupación por los efectos de la violencia criminal, existe otra problemática interna que merma silenciosamente a la Policía Nacional: las comisarías se caen a pedazos.

Quedó demostrado en la Jefatura Provincial de Cañete, donde parte del tarrajeo del techo del segundo piso se vino abajo y dejó heridos a los suboficiales PNP Jhoset Yeremi Cruz Torres y Alexander Carvajal Champi, quienes sufrieron golpes y cortes, por lo que tuvieron que ser trasladados al Hospital Regional.

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Ocurrió al promediar las 11.30 de la mañana, cuando el personal atendía en las áreas de Seguridad del Estado y de la División de Investigación Criminal.

Funcionarios de Defensa Civil que llegaron a la dependencia evaluaron el estado de los ambientes y confirmaron que no era la primera vez que ocurría una situación similar. En enero, los pasillos de la unidad policial tuvieron el mismo problema de desprendimiento de bloques de concreto.

Los informes de Defensa Civil fueron contundentes y recomendaron que esos espacios no deberían ser utilizados. “Los declararon inhabitables, pero altos mandos no acatan disposición”, dijo un gerente.

El caso de la Jefatura Policial de Cañete es incierto, ya que el Gobierno Regional de Lima ha ofrecido elaborar el expediente y construir un complejo policial más grande, pero el terreno donde funciona actualmente no alcanza. Por ello, han pedido que la Beneficencia Pública transfiera el predio donde antes funcionaba el hospital Rezola, pero tampoco acceden. El proyecto incluye laboratorios de criminalística y diversas unidades especializadas.

Sin embargo, no es la única dependencia declarada inhabitable en Cañete.

Comisaría en desuso

La comisaría de Mala, un distrito con una población de 36 mil a 40 mil habitantes, viene funcionando en locales alquilados destinados a hoteles. La sede oficial de la dependencia policial se encuentra en la Plaza de Armas, con las estructuras muy debilitadas tras el terremoto del 2007. Ha sido declarada inhabitable.

La exalcaldesa distrital de Mala, Sonia Ramos, recuerda que, cuando asumió el cargo en el 2019, la comisaría ya presentaba serios problemas estructurales. Han pasado 19 años y este miércoles sigue en desuso.

Desde el 2020, la comisaría de Mala no opera en su local. Primero, sus agentes se trasladaron a un anexo lejos del casco urbano, aunque ahora ya están en otro local más céntrico.

Diversas autoridades han solicitado en distintas oportunidades la presencia del Ministerio del Interior para concretar la construcción y el uso de nuevas instalaciones, pero hasta ahora no hay nada, mientras el incremento de la delincuencia es preocupante.

Al desagregar los datos de la Contraloría General, se puede observar lo siguiente: durante el operativo de control simultáneo Comisarías Básicas PNP 2025, realizado del 29 de octubre al 4 de noviembre de ese año, se encontraron 1.730 vehículos inoperativos, 1.823 computadoras malogradas, chalecos antibalas insuficientes, así como deficiencias en la infraestructura y el mobiliario de las delegaciones policiales.

Estos hechos afectaron la calidad del servicio de prevención y disuasión de los hechos delictivos a nivel nacional.

Dotación policial

Para la Contraloría, uno de los hechos más relevantes es la cantidad de vehículos inoperativos y sin mantenimiento que se encontró, lo que limitó los servicios de patrullaje policial. Del total de 4.121 vehículos, 1.730 están inoperativos (entre ellos, motocicletas, camionetas y automóviles).

Además, los chalecos antibalas eran insuficientes y gran parte de ellos se encontraba vencida, rota o en mal estado, lo que expone a los efectivos policiales a riesgos graves durante las intervenciones que se realizan para garantizar la seguridad ciudadana.

Los equipos informáticos que utilizan los efectivos policiales también eran insuficientes y, en algunos casos, se encontraban desfasados, lo cual no solo limitaba el desarrollo de la labor policial, sino que también ponía en riesgo la seguridad de la información y la calidad del servicio.

De las 6.835 computadoras encontradas en las comisarías supervisadas, 1.823 estaban inoperativas. Una situación similar se observó en el caso de las impresoras (2.132 malogradas de 4.049 disponibles) y los escáneres (141 inoperativos de un total de 532).

Infraestructura de las comisarías

A su vez, se evidenció que las comisarías no cuentan con infraestructura adecuada ni segura y, en algunos casos, el deterioro pone en riesgo la integridad del personal policial y de los ciudadanos, así como la operatividad y la continuidad del servicio policial. Por ejemplo, presentan deficiencias las delegaciones Palacio Viejo (Arequipa), Comisaría Sitajara (Tacna) y Punta Moreno–Gran Chimú (La Libertad).

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De las 485 comisarías evaluadas, más de la mitad supera los 30 años de antigüedad, por lo cual requiere trabajos de mantenimiento o renovación. Asimismo, destaca la presencia de 72 delegaciones policiales construidas básicamente con adobe, las cuales son más vulnerables a riesgos como los sismos y la humedad.

A ello se suma la precariedad del mobiliario en las comisarías, lo cual también pone en riesgo la integridad y la seguridad del personal policial, así como el desarrollo de las labores operativas y administrativas al no contar con equipamiento adecuado, seguro ni funcional. En este caso, ha sido frecuente encontrar escritorios, sillas, estanterías, colchones y otros enseres deteriorados, inestables o inoperativos.

Servicios policiales

Durante ese operativo nacional, la Contraloría constató que 39 comisarías no cuentan con el número mínimo de efectivos policiales, lo cual afecta la ejecución de los servicios de patrullaje y los operativos; además, limita la capacidad para prevenir la delincuencia, las faltas y los delitos.

A ello se suma que 208 de las 485 comisarías supervisadas no formularon ni aprobaron el Plan de patrullaje por sector para el año 2025, situación que afectó la determinación de sectores de patrullaje, la seguridad del personal policial y la asignación de recursos operativos. Esta problemática fue más recurrente en las comisarías visitadas de Lima Metropolitana (34), Cajamarca (17) y La Libertad (16).

Asimismo, un importante número de comisarías visitadas (107) no difunde el Mapa del delito que permitiría a los ciudadanos contar con información actualizada sobre los recorridos, horarios y lugares identificados como peligrosos o críticos para su seguridad personal. Además, 12 delegaciones policiales no han elaborado dicho documento.

La Contraloría General comunicó al titular del Ministerio del Interior de entonces las 2.582 situaciones adversas identificadas en 485 comisarías supervisadas a nivel nacional, a fin de que adopte las medidas preventivas y correctivas que permitan mejorar la calidad del servicio policial y garantizar la seguridad ciudadana.