La denuncia contra Marlaska por la muerte de los agentes en Barbate y Huelva se extiende a la directora de la Guardia Civil

Tras ampliar su denuncia por homicidio imprudente contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la muerte de cuatro guardias civiles en incidentes con narcolanchas en Barbate (Cádiz) y Huelva -atribuyéndole también un delito contra la seguridad de los trabajadores- Manos Limpias ha dirigido un nuevo escrito al Tribunal Supremo en el que señala a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, como cooperadora necesaria. A ambos les atribuye un "comportamiento omisivo" que según refiere desencadenó "una situación de peligro real" para los agentes con resultado de muerte.

Entre la documentación aportada por el sindicato figura una comunicación de un agente del Servicio Marítimo al Comité de Riesgos Laborales de la Guardia Civil, al que le traslada el «riesgo operativo grave» al que está expuesto por su trabajo «de forma reiterada», lo que según resalta puede llegar a poner en peligro su propia vida, por lo que reclama la adopción de medidas preventivas.

Durante múltiples intervenciones frente a narcolanchas, explica, tienen que enfrentarse a los traficantes de droga con embarcaciones «que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad necesarias». Se trata de embarcaciones «“semirrígidas de aluminio, sin cabina, sin visores nocturnos, sin medios no letales como lanzadores acústicos o proyectiles disuasorios», se queja, y con dotaciones de solo dos agentes. Y en esas condiciones, se queja, deben hacer frente a narcolanchas «de hasta 16 metros, con cuatro motores de gran potencia (300 CV cada uno), tripuladas por entre cuatro y cinco individuos, en ocasiones armados o con actitud hostil». Y en caso de abordaje, refiere el agente, uno de los dos tripulantes quedaría «completamente solo» ante varios individuos, lo que considera «un riesgo personal inaceptable e incompatible con la normativa de prevención aplicable».

Hasta tres horas de espera

En cuanto al modus operandi, refiere que la patrullera rápida, Aister, está sujeta a una previa autorización verbal expresa, «lo que ha generado demoras de hasta tres horas tras el aviso inicial, haciendo ineficaz su posible intervención y exponiendo innecesariamente a las unidades desplegadas».

Manos Limpias también aporta al Supremo una denuncia recogida por el sindicato AUGC alertando de la falta de medios en la lucha contra los narcotraficantes. Según este documento, las quejas de los agentes ponen de relieve que «multitud de patrullas continúan operando» sin protecciones avanzadas (chalecos que «no están preparados para detener munición de fusil de guerra»). De ahí que alertasen de que muchos agentes patrullan «en vehículos no blindados y con equipamiento insuficiente para responder a amenazas reales», lo que consideran «especialmente grave en servicios marítimos y operaciones contra el narcotráfico, donde las mafias actúan con enorme agresividad y con absoluto desprecio por la vida de los agentes». "Si las organizaciones criminales son capaces de asesinar a quienes protegen a la población, queda desprotegida toda la sociedad", llaman la atención.

Cuando muere un agente, subrayan, "no cae solamente un servidor público", sino que "se debilita la capacidad de defensa del Estado, se genera miedo social y se transmite a mafias y terroristas una sensación de superioridad frente a las instituciones".

Por todo ello, el documento incide en que "no resulta aceptable que quienes combaten el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado trabajen en inferioridad material frente a delincuentes con fusiles de guerra".

"Desprotección operativa"

La evolución del crimen organizado, pone de manifiesto ese documento, demuestra que los delincuentes "han aumentado enormemente su capacidad ofensiva, mientras que muchas patrullas continúan trabajando con medios diseñados para amenazas de hace décadas".

Esta situación "genera entre numerosos agentes una profunda sensación de abandono institucional y desprotección operativa", continúa. Porque la percepción es que "el Estado está permitiendo que mafias y terroristas dispongan, en determinados escenarios, de medios superiores a los de quienes tienen la obligación de proteger a la población".

En el escrito dirigido a un sindicato de la Guardia Civil, se tacha de "incomprensible que, con pleno conocimiento de la amenaza existente", no se adopten "medidas urgentes y contundentes para garantizar la seguridad real de los agentes desplegados en primera línea". Por todo ello, se insta a investigar "posibles responsabilidades administrativas y políticas derivadas de la insuficiente dotación material y operativa".